- Por Rossana Escobar M.
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El 10 de setiembre de 2020, en plena pandemia, el gobierno de Mario Abdo Benítez firmaba un convenio de asistencia con Usaid de USD 50 millones, de los cuales USD 5 millones son de contrapartida local, que sugiere su blindaje ante tantas irregularidades que sacudieron su administración, así como las multimillonarias facturaciones de sus empresas de asfalto de manera extraordinaria durante su mandato. Este acuerdo tiene 4 ejes fundamentales; uno de ellos es clave y ruidoso, que es el de Control Ciudadano ejecutado con el aglutinamiento de varios políticos de la oposición, algunos encubiertos hasta hace poco como organizaciones civiles no gubernamentales (oenegés) y que puede responder la curiosidad de siempre del porqué todas sus acciones, denuncias de corrupción resultan selectivas.
Si se lee el convenio que el gobierno de Mario Abdo Benítez firmó a través de la Cancillería con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y considerando específicamente uno de los objetivos y las acciones que se direccionaron en ese marco, fácilmente se puede deducir que el exmandatario colorado ayudó a financiar políticos de la oposición. A su estilo, se alió a grupos de la oposición, pero cubierto con un acuerdo de carácter internacional de asistencia articuló grupos hostiles con el Partido Colorado que usurparon y siguen usurpando derechos de la sociedad civil para perseguir adversarios políticos.
El referido convenio es de Asistencia para el Desarrollo, compromete una contribución total estimada de Usaid de USD 44,4 millones, más USD 5 millones de contrapartida local, es decir, del Estado paraguayo, fue firmado el 10 de setiembre de 2020 y contiene 4 indicadores fundamentales como el Fortalecimiento del Estado de Derecho, Avance de Oportunidades Económicas Formales, Mejora del Control Ciudadano y Actividades Actuales ya Existentes (ver tabla en documento adjunto). Solicitamos mayor información al Ministerio de Relaciones Exteriores como representante del país beneficiario, en este caso Paraguay, para conocer sobre los gastos, la ejecución y adendas que se hayan incluido, pero todavía estamos a la espera de respuestas.
Bien claro, en los anexos del documento con vigencia entre el 2020 al 2025 refiere como meta principal “potenciar la gobernabilidad democrática y promover un crecimiento económico sostenible de base amplia. El principal Objetivo de Desarrollo que resulta de esta meta es consolidar la cultura de la legalidad para reducir la corrupción en Paraguay”. Es en este punto precisamente en el que, las acciones en el marco de esta iniciativa se tornaron contra un sector bien dirigido: la Asociación Nacional Republicana (ANR). (Ver inforgrafía).
La cultura de la legalidad que remarca el acuerdo forma parte del indicador Mejora del Control Ciudadano y aquí aparece el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), ONG amiga de Abdo y que tiene como coordinador a Francisco Darío Alcaraz, quien fue coordinador en su gabinete.
Alcaraz, como coordinador del programa Más Ciudadanía, Menos Corrupción, articuló la mediática Coalición por la Legalidad en la que se encuentran aglutinadas varias organizaciones que, en su mayoría, están capitaneadas por políticos, aspirantes a cargos y que se alían contra el partido colorado. Básicamente estos programas mueven el negocio de consultorías, capacitaciones impartidas por un grupo reducido de amigos que facturan haciendo ruido con manifestaciones, escraches e instalando campañas contra los “corruptos” que no son de su agrado. Recientemente, en medio de una investigación del IPS a Alcaraz por posible seguro de favor, se conoció que el mismo tiene un contrato con el CIRD hasta el 2025 por un total de G. 792 millones.
Denuncian aprietes políticos a jueces y fiscales, sin embargo, los cabecillas viven presionando contra sus corruptos favoritos, hacen visitas a altos funcionarios de la Justicia para forzar imputaciones y sentencias.