Con el aval del banco del Grupo Zuccolillo, en la administración de Vicente Battaglia se pagaron obras que no se realizaron por un valor de G. 1.760 millones. De la verificación en 24 hospitales regionales y unidades sanitarias verificadas en forma aleatoria hallaron irregularidades en 16.

• LA CAJA NEGRA

Una auditoría interna hecha por las actua­les autoridades del IPS revela la desvergonzada rapiña de los fondos concre­tada durante la administra­ción anterior con el aval del banco Atlas, mediante el pago de G. 1.760 millones por obras fantasmas en varias unidades de la previsional ubicadas en el interior del país. La tragada no debe quedar impune ya que la misma se traduce en una defi­citaria atención a los asegura­dos de la institución.

El Consejo de Administra­ción del Instituto de Previ­sión Social (IPS) encomendó a la Auditoría Interna de la ins­titución la realización de una fiscalización in situ de varias unidades de salud del interior del país donde se debían haber realizado mejoras, pero que en la práctica no existen.

Esta evaluación se realizó luego de una primera audi­toría para detectar cuál fue el uso de los fondos adminis­trados por el banco Atlas en el fideicomiso firmado con IPS. Dicha auditoría general reco­mendó hacer una específica sobre el cronograma actual y las obras que reconstruyeron en el marco de ese fideicomiso, el cual establecía claramente a cuáles hospitales se debían destinar los fondos: la termi­nación del Hospital Ingavi, la construcción de la Policlínica, el Hospital Día y el Hospital Hemato-oncológico. De las 4 obras que figuran en el con­trato, las primeras 2 están y las otras no.

Las anteriores autoridades del IPS, con aval del banco Atlas, agregaron al contrato la posi­bilidad de destinar el dinero a “otros centros de salud”. Esta categoría fue admitida recién en un anexo del contrato y no forma parte del objetivo prin­cipal del acuerdo, que fueron los cuatro grandes hospitales.

Fue así que se adjudicaron y pagaron varios contratos para mejoras en distintas unidades sanitarias del interior del país, sin embargo, en muchos de los casos fueron en realidad obras fantasmas, de acuerdo con la segunda auditoría hecha por la propia institución.

El resultado de este trabajo de fiscalización se plasmó en el Informe Preliminar de Comunicación de Observa­ciones, en el que se expone que hubo diferencias entre las cantidades certificadas y las realmente ejecutadas, por un monto de alrededor de G. 1.760 millones.

De la verificación en 24 hos­pitales regionales y unidades sanitarias verificadas en forma aleatoria, se constataron irre­gularidades en 16.

En el hospital de Pedro Juan Caballero, por ejemplo, se constataron diferencias entre las cantidades certificadas y las realmente ejecutadas, por un monto que asciende a G. 280.819.500. La empresa adjudicada fue En Obras Cons­trucciones, y esta no ejecutó las mejoras previstas, como por ejemplo la instalación de cie­lorrasos y canaletas.

También en el Hospital Regio­nal de Concepción, la adjudi­cada MM SA Constructora no proveyó puertas, equipamientos e insumos sanitarios, por valor de G. 93.385.094.

En tanto, en el hospital de Encarnación la misma empresa (MM SA Constructora) no cumplió con todos los requi­sitos del contrato, ya que se constataron diferencias por G. 50.850.422, específicamente en el área de pabellón poliva­lente-cirugía y traumatología.

Otra de las irregularidades halladas en esta auditoría da cuenta que en la oficina de Aporte Obrero Patronal de Caaguazú se detectó la falta de mejoras en el piso, ilumina­ción, puertas, cámara séptica y muro perimetral, por la suma de G. 33.191.988. La empresa responsable es la Constructora ECO SA.

En tanto, en el Hospital Regio­nal de Coronel Oviedo también la Constructora ECO SA no proveyó artefactos sanitarios (cisterna, inodoro, dispensa­dor de jabón, entre otros insu­mos), además incumplió con la instalación eléctrica y los revestimientos de la estruc­tura. Sin embargo, en los pape­les las autoridades del gobierno anterior hicieron figurar la cer­tificación de estas mejoras por un valor de G. 17.001.163.

En la Unidad Sanitaria de San Juan Bautista, se observaron pagos por obras no realizadas, por un monto que asciende a G. 341.201.022, según puede verse en las facturas entrega­das por la firma Constructora ECO SA, la cual fue adjudi­cada por el IPS para los traba­jos correspondientes.

En la Unidad Sanitaria de San Ignacio (Misiones) se observó una diferencia total de G. 431.367.525 entre las canti­dades certificadas y las real­mente ejecutadas por la misma empresa (Constructora ECO SA), atendiendo a que se cons­tató el faltante en pisos, reja perimetral y muebles.

En la sede del Aporte Obrero Patronal de San Juan Bau­tista los auditores pillaron que la Constructora ECO SA no hizo las mejoras en pisos, panel LED, techos y puer­tas, siendo que la previsional desembolsó G. 54.111.823 por estos trabajos.

En la Unidad de Salud de Iturbe la firma Canatta Constructora no instaló tres acondicionado­res de aire, los cuales se hicie­ron figurar en las certificacio­nes ejecutadas, pero que en la práctica no existen. El perjui­cio es de G. 11.793.603.

En la Unidad de Salud de Colo­nia Independencia la firma adjudicada (Canatta Cons­tructora) no mejoró las insta­laciones eléctricas tal como se previó en el contrato y se hizo figurar como culminadas en las cantidades certificadas. La diferencia total es de G. 19.972.080.

En el puesto de salud de Cara­guatay la empresa Canatta Álvarez Juan Agustín no cum­plió con el contrato, que consis­tía en la instalación del portón de hierro, dos acondicionado­res de aire y puertas, por valor total de G. 11.044.730.

Más irregularidades apare­cen en otras “obras” como por ejemplo en la Unidad de Salud de Capitán Bado la Empresa Puntal Construcciones no rea­lizó la instalación eléctrica, por G. 2.453.133, sin embargo, el trabajo sí se hizo figurar en las certificaciones para el pago correspondiente.

En la Unidad de Salud de Hohe­nau la empresa En Obras Cons­trucciones - Servicios de Nel­son Segovia no cumplió con la provisión y colocación de arte­factos sanitarios y pisos, por valor de G. 17.113.500.

En la sede del Aporte Obrero Patronal en Pilar la empresa Consorcio CE no realizó la mejora en la instalación eléc­trica ni tampoco retiró los equipos y muebles en desuso, tal como figura en los docu­mentos, y lo cual da una dife­rencia de G. 11.953.490.

En el Hospital Regional de Pilar, este mismo adjudi­cado (Consorcio CE) no cum­plió con todo lo requerido en la parte de instalación eléc­trica; esto generó un faltante por valor de G. 23.562.736.

Finalmente, en el hospital de Ayolas se observó una dife­rencia de G. 377.581.731 entre las cantidades certificadas y las realmente ejecutadas por la misma empresa (Consor­cio CE), ya que no se hicieron mejoras en pisos, techos, pare­des ni sistema eléctrico. En las actas se incluyó la desinstala­ción de 221 unidades de luces, sin embargo, en el recorrido los fiscalizadores constataron que solo fueron retiradas 78 unida­des. También figuró el retiro de 10 extractores, siendo que esa unidad de salud nunca tuvo un solo extractor.

En todos estos casos, el IPS desembolsó el dinero y las empresas adjudicadas entregaron sus facturas por los supuestos trabajos eje­cutados pero que en reali­dad fueron obras fantasmas, mediante las cuales se habría desviado el dinero de la pre­visional, esto con la complici­dad directa del propio banco de la familia Zuccolillo, el cual administraba los fon­dos que debían destinarse a las mejoras de los hospitales.