Las irregularidades detectadas en los estados financieros de las empresas del expresidente Mario Abdo podrían ocultar varios ilícitos, según el contralor general de la República, Camilo Benítez Aldana. Desde evasión de impuestos hasta lavado de dinero se podría haber cometido, de acuerdo con el alto funcionario. Cuestionó la moralidad de que un presidente aumente su facturación usando empresas que son proveedoras de contratistas públicas.

• Unidad de Investigación Nación Media

Una serie de ilícitos podrían escon­derse detrás de las irregularidades detecta­das en los estados finan­cieros de dos empresas del expresidente de la Repú­blica Mario Abdo Bení­tez. Esto fue revelado por Camilo Benítez Aldana, contralor general de la República.

Benítez Aldana refirió en entrevista con Telefuturo que la Contraloría no puede determinar la existencia o no de los ilícitos, pero que sí cree que instituciones como la Dirección Nacio­nal de Ingresos Tributa­rios (DNIT), Seprelad o el Ministerio Público deben tomar cartas en el asunto.

El contralor se refirió así al informe preliminar reali­zado por la institución a su cargo sobre las declaracio­nes juradas de bienes y renta del expresidente Abdo.

El informe preliminar de la CGR habla de millona­rias y llamativas irregu­laridades en los estados financieros de Almace­namiento y Distribución de Asfalto SA (Aldia SA) y Creando Tecnología SA (Createc SA), distribuido­ras de asfalto del exman­datario. Abdo Benítez es accionista mayoritario en ambas firmas.

“Vimos que las empresas donde él tiene aproxima­damente el 90 % de las acciones tuvieron un cre­cimiento muy por encima de lo normal en su factura­ción en los cinco años que fue presidente”, explicó Benítez Aldana.

El alto funcionario señaló que se solicitó el cruza­miento de datos entre lo importado en asfalto por las empresas de Abdo y lo que se vendió. En ese sentido, refirió que DNIT encontró un crecimiento “razonable” de la importa­ción frente a la venta de las firmas, aunque sin detalles en cuanto al flujo de lo que se trajo al país.

“Lo que no es razonable es la diferencia entre los que ellos (las empresas de Abdo) dicen que se les debe y lo que las personas que le deben dicen deber”, acotó.

Indicó que para poder pro­seguir con el análisis desde la DNIT le informaron que se necesitaba el acompa­ñamiento de Seprelad y el Ministerio Público. “Es ahí donde yo no puedo ser irresponsable y decir que sí fue razonable cuando veo que hay utilidades por USD 50 millones que no están declaradas. Más cuando en casos de gravedad menor, enviamos siempre a Fisca­lía”, puntualizó.

Saliendo al paso al intento de algunos sectores de hablar de persecución con­tra un sector, el contralor explicó que la legislación paraguaya actual castiga el dolo como también la culpa o error. “Nosotros enviamos todos los casos de rectificación al Minis­terio Público, son más de 2.000, porque no tenemos la potestad para definir el hecho punible”, aseveró.

Uno de los puntos que salta a la vista de forma casi inmediata al leer el informe de casi 300 páginas que suma junto con los ane­xos es que las firmas ligadas a Abdo experimentaron un millonario crecimiento en sus ganancias entre los años 2018 y 2023, precisamente el período en el que su accio­nista mayoritario se desem­peñaba como presidente de la República.

Solo durante los cinco años del mandato de Abdo (2018-2023), su empresa Aldia SA generó utilidades por más de G. 261.771 millones. Lla­mativamente, más de G. 239.000 millones, corres­pondientes al 91 % de esas utilidades, fueron enviados a supuestas reservas ope­rativas.

Una situación similar se dio con Createc SA. Entre 2018 y 2023, la firma declaró utilidades por más de G. 67.798 millones. De ese total, G. 52.472 millones fueron transferidos a reservas.

“Esto es usual porque ayuda a no pagar impuesto. Muchí­sima gente hace eso. Esto no es reprochable ni tampoco es inusual en el sector pri­vado”, acotó.

“El aumento es tan signifi­cativo, porque no estamos hablando de que vendió el doble, sino que vendió 70 veces más. Eso puede escon­der un hecho punible o no. Los hechos punibles que podría evaluar el Ministerio Público son administración en provecho propio, lavado de dinero si tenía dinero en efectivo que quiso bancari­zar e hizo esta operativa; y lo otro es evasión impositiva”, puntualizó.

“Esa facturación extrema que tuvo, con más de USD 80 millones en cinco años, coincide justamente con su mandato, sumado al hecho de que es una empresa que produce un producto que solamente pueden com­prar las empresas que a su vez proveen al Estado, que es el asfalto”, continuó.