Representantes de oenegés intentan escudarse en las comisiones vecinales para generar desinformación sobre el proyecto de ley que obliga a las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) a rendir cuentas. Intentan compararse con pequeñas agrupaciones vecinales que buscan fines específicos y no cobran millonarios honorarios como los miembros de las grandes corporaciones de oenegés que fungen de representantes de la sociedad, muchas de ellas con una línea de acción impuesta por sus financistas.

• Unidad de Investigación Nación Media

“El proyecto impac­tará a 10.000 comisiones vecinales”. Es el discurso que empezaron a repetir voceros de diferentes OSFL que reci­ben millonarios fondos públi­cos y del extranjero.

El intento desesperado de generar desinformación se ha visto en la manera en la que el discurso comenzó a repetirse.

Sin embargo, existen sendas diferencias entre las oene­gés y las comisiones vecina­les. Como primer punto, la misma conformación es que las últimas –como su nombre lo indican– son agrupaciones compuestas por personas que habitan un mismo territorio y que se nuclean con el fin de atender cuestiones puntua­les de ese lugar. Sus miem­bros no cobran millonarios honorarios o sueldos de los fondos que reciben gracias a las organizaciones que inte­gran y administran.

Vimos ejemplos claros del Centro de Información y Recursos pare el Desarrollo (CIRD) cuyos líderes cobran millonarios honorarios de los proyectos que promocionan como sociales. Además, se pudo constatar que detrás de la red de oenegés que hacen llamar como de la coalición por la legalidad, hay toda una rosca que factura por consultoría que deja entre­ver el fructífero negocio de las “luchas anticorrupción”.

La realidad de las comisio­nes vecinales es muy dife­rente. Estas organizaciones se autogestionan y en caso de querer incidir en sus muni­cipios o ante instituciones públicas como el Indert, necesitan el reconocimiento de la comuna local.

Sin embargo, las organizacio­nes no gubernamentales son personas jurídicas con auto­nomía y estatutos propios, reconocidos por los poderes del estado.

La mayor diferencia entre las oenegés y las comisiones vecinales se encuentra en el financiamiento millona­rio que reciben las primeras con fondos estatales para­guayos y también dinero del extranjero.

Por ejemplo, una de las que repitió hasta el cansancio que la ley afectaría a las comisiones vecinales es María Victoria Rivas, direc­tora del Centro de Estudios Judiciales (CEJ).

Sin embargo, la mismísima página web del CEJ revela que la organización trabaja con fondos de Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Inter­nacional (Usaid, por su sigla en inglés) y de la Unión Euro­pea en planes de trabajo que atañen directamente a cola­boraciones con el Ministe­rio Público y el Ministerio de Justicia.

Eso sí, en la web no existe ningún registro de cuánto dinero del extranjero reci­ben ni quiénes son las perso­nas contratadas a nivel local para estos proyectos que ata­ñen a vínculos con el Estado.

Esto sí debería ser público en caso de que el proyecto que molesta a la directora del CEJ se apruebe.

Las comisiones vecinales no deberían verse afectadas por el proyecto de ley atendiendo a que las mismas se desempe­ñan solo a nivel muy local y no reciben fondos como estos que recibe el CEJ para reali­zar colaboraciones, por ejem­plo, “para el fortalecimiento de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público”.

Otra oenegé que se ha mani­festado en contra del pro­yecto de ley es Tedic, agru­pación que declara dedicarse a “la defensa y promoción de derechos humanos en entor­nos digitales con foco en des­igualdades de género y sus intersecciones”.

A diferencia del CEJ, Tedic si publica sus informes de audi­toría que dejan muy en claro el millonario financiamiento que reciben del extranjero.

Por ejemplo, la organiza­ción recibió más de G. 1.343 millones del Fondo Meta Pla­tforms Inc, la compañía fun­dada por Mark Zuckerberg, y que es propietaria de Face­book, Instagram, Threads, WhatsApp y otras platafor­mas y servicios más.

La empresa tiene cues­tionamientos de organis­mos internacionales como Human Rights Watch por censura sistémica.

Tedic también declaró haber recibido G. 71 millones de Alphabet, la empresa propie­taria de Google, Duolingo y otros servicios más. Esta firma también tiene numerosas crí­ticas por manejos de datos per­sonales y también por censura.

El mayor financista de Tedic, al menos según lo que la misma oenegé publica, es Open Society Fundation, fundada por el polémico mul­timillonario húngaro-esta­dounidense George Soros, de la que recibió más de G. 5.580 millones.

Tedic también recibió fondos del CIRD, de Semillas para la Democracia y otras entidades más de este tipo.

Claramente, las comisio­nes vecinales no reciben estos millonarios fondos del extranjero.

El proyecto generó ya molestias en algunos secto­res incluso antes de su pre­sentación. Varios de esos sectores están directa o indirectamente vinculados con personas ligadas a ver­daderas redes de oenegés que manejan millonarios fondos, como los excandi­datos de la Concertación Bruno Defelippe y Sole­dad Núñez.

Como primer punto, el pro­yecto de ley alcanzará a las asociaciones inscriptas con capacidad restringida, las asociaciones que tengan por objeto el bien común, las aso­ciaciones de utilidad pública, las fundaciones, los organis­mos no gubernamentales, las organizaciones no guberna­mentales, las organizacio­nes de la sociedad civil, las agencias especializadas, los organismos internacionales reconocidos por la República y demás personas jurídicas extranjeras, así como cual­quier persona física o jurí­dica o estructura jurídica, que reciban o administren fondos públicos o privados, de origen nacional o inter­nacional, a ser destinados o de alguna manera guar­den relación con sectores de competencia del Estado, las gobernaciones, las municipa­lidades, de los entes autárqui­cos, autónomos.

Es decir, el proyecto alcan­zará a aquellas que manejen fondos en relación directa con las actividades públicas.

Todas estas organizaciones, de acuerdo con el proyecto de ley, deberán inscribirse en el Registro Nacional de Organi­zaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), que dependerá del Ministerio de Economía y Finanzas.