Representantes de oenegés intentan escudarse en las comisiones vecinales para generar desinformación sobre el proyecto de ley que obliga a las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) a rendir cuentas. Intentan compararse con pequeñas agrupaciones vecinales que buscan fines específicos y no cobran millonarios honorarios como los miembros de las grandes corporaciones de ONG que fungen de representantes de la sociedad, muchas de ellas con una línea de acción impuesta por sus financistas.

Unidad de Investigación

Nación Media

“El proyecto impactará a 10.000 comisiones vecinales”. Es el discurso que empezaron a repetir voceros de diferentes OSFL que reciben millonarios fondos públicos y del extranjero.

El intento desesperado de generar desinformación se ha visto en la manera en la que el discurso comenzó a repetirse.

Sin embargo, existen sendas diferencias entre las oenegés y las comisiones vecinales. Como primer punto, la misma conformación y es que las últimas -como su nombre lo indican- son agrupaciones compuestas por personas que habitan un mismo territorio y que se nuclean a fin de atender cuestiones puntuales de ese lugar. Sus miembros no cobran millonarios honorarios o sueldos de los fondos que reciben, gracias a las organizaciones que integran y administran.

Vimos ejemplos claros del Centro de Información y Recursos pare el Desarrollo (CIRD) cuyos líderes cobran millonarios honorarios de los proyectos que promocionan como sociales. Además, se pudo constatar que detrás de la red de ONGs que hacen llamar como de la coalición por la legalidad, hay toda una rosca que factura por consultoría que deja entrever el fructífero negocio de las “luchas anticorrupción”.

La realidad de las comisiones vecinales es muy diferente. Estas organizaciones se autogestionan y en caso de querer incidir en sus municipios o ante instituciones públicas como el Indert, necesitan el reconocimiento de la comuna local.

Sin embargo, las organizaciones no gubernamentales son personas jurídicas con autonomía y estatutos propios, reconocidos por los poderes del estado.

La mayor diferencia entre las oenegés y las comisiones vecinales se encuentra en el financiamiento millonario que reciben las primeras con fondos estatales paraguayos y también dinero del extranjero.

Por ejemplo, una de las que repitió hasta el cansancio que la ley afectaría a las comisiones vecinales es María Victoria Rivas, directora del Centro de Estudios Judiciales (CEJ).

Sin embargo, la mismísima página web del CEJ revela que la organización trabaja con fondos de Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (USAID, sigla en inglés) y de la Unión Europea en planes de trabajo que atañen directamente a colaboraciones con el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia.

Eso sí, en la web no existe ningún registro de cuánto dinero del extranjero reciben ni quiénes son las personas contratadas a nivel local para estos proyectos que atañen a vínculos con el Estado. Esto sí debería ser público en caso de que el proyecto que molesta a la directora del CEJ se apruebe.

Las comisiones vecinales no deberían verse afectadas por el proyecto de ley atendiendo a que las mismas se desempeñan solo a nivel muy local y no reciben fondos como estos que recibe el CEJ para realizar colaboraciones, por ejemplo, “para el fortalecimiento de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público”.

Otra oenegé que se ha manifestado en contra del proyecto de ley es Tedic, agrupación que declara dedicarse a “la defensa y promoción de derechos humanos en entornos digitales con foco en desigualdades de género y sus intersecciones”.

A diferencia del CEJ, Tedic si publica sus informes de auditoría que dejan muy en claro el millonario financiamiento que reciben del extranjero.

Por ejemplo, la organización recibió más de G. 1.343 millones del Fondo Meta Platforms Inc, la compañía fundada por Mark Zuckerberg y que es propietaria de Facebook, Instagram, Threads, WhatsApp y otras plataformas y servicios más.

La empresa tiene cuestionamientos de organismos internacionales como Human Rights Watch por censura sistémica.

Tedic también declaró haber recibido G. 71 millones de Alphabet, la empresa propietaria de Google, Duolingo y otros servicios más. Esta firma también tiene numerosas críticas por manejos de datos personales y también por censura.

El mayor financista de Tedic, al menos según lo que la misma oenegé publica, es Open Society Fundation, fundada por el polémico multimillonario húngaro-estadounidense George Soros, de la que recibió más de G. 5.580 millones.

Tedic también recibió fondos del CIRD, de Semillas para la Democracia y otras entidades más de este tipo.

Claramente, las comisiones vecinales no reciben estos millonarios fondos del extranjero.

El proyecto generó ya molestias en algunos sectores incluso antes de su presentación. Varios de esos sectores están directa o indirectamente vinculados con personas ligadas a verdaderas redes de oenegés que manejan millonarios fondos, como los excandidatos de la Concertación, Bruno Defelippe y Soledad Núñez.

Como primer punto, el proyecto de ley alcanzará a las asociaciones inscriptas con capacidad restringida, las asociaciones que tengan por objeto el bien común, las asociaciones de utilidad pública, las fundaciones, los organismos no gubernamentales, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil, las agencias especializadas, los organismos internacionales reconocidos por la república y demás personas jurídicas extranjeras, así como cualquier persona física o jurídica o estructura jurídica, que reciban o administren fondos públicos o privados, de origen nacional o internacional, a ser destinados o de alguna manera guarden relación con sectores de competencia del Estado, las gobernaciones, las municipalidades, de los entes autárquicos, autónomos.

Es decir, el proyecto alcanzará a aquellas manejen fondos en relación directa con las actividades públicas.

Todas estas organizaciones, de acuerdo con el proyecto de ley, deberán inscribirse en el Registro Nacional de Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), que dependerá del Ministerio de Economía y Finanzas.

Un punto resaltante del proyecto de ley es que las OSFL deberán registrar en sus estatutos sociales las identidades de sus constituyentes, además de su objeto, sus fuentes de financiamiento como también con un libro de registro del financiamiento nacional o extranjero, público o privado.

También deberán registrar detalladamente el uso y destino de los fondos que reciban con sus correspondientes facturas y documentos respaldatorios. Además, deberán llevar una lista pormenorizada de todos los profesionales, técnicos, especialistas, personal de cualquier índole, otras OSFL o de cualquier otra persona jurídica, nacionales o extranjeros, que sean contratados o de cualquier manera cumplan tareas o presten servicios vinculados al uso y destino de los fondos que reciban las OSFL.

Otra obligación será la de la presentación de informes semestrales ante el Ministerio de Economía. Y los organismos y entidades del Estado, las municipalidades o entidades binacionales no podrán firmar convenios con OSFL que no estén registradas y al día con sus obligaciones.