Soledad Núñez, excandidata de la Concertación, reveló el verdadero motivo por el que se encuentra en contra del proyecto de ley que busca transparentar fondos recibidos por organizaciones sin fines de lucro (OSFL). La política demostró que quienes están detrás de algunas de las OSFL son en realidad supuestos opositores.

“Es grave lo que pasó ayer. No solo por la ley sino por el hecho de que senadores amparados en sus fueros acusaron falsamente a ciudadanos, periodistas, políticos de oposición, entre otras personas. Y lo hicieron con total impunidad. Es un atentado a la libertad y a la democracia”, declaró Núñez. Con estas palabras, la excandidata subrayó la seriedad de las acusaciones lanzada.

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Núñez trató de instalar que el proyecto de ley, bajo el pretexto de la transparencia y la rendición de cuentas, supuestamente tiene un objetivo más siniestro. “Bajo el pretexto de la transparencia y la rendición de cuentas, lo que realmente buscan es silenciar voces críticas al poder de turno e interferir en asuntos totalmente privados, a través del agrandamiento de un Estado partidizado”, afirmó.

Con esto, Núñez terminó revelando que varias de las oenegés que levantan la voz contra el proyecto de transparencia y que están ligadas a su entorno en realidad son formas de encubrir actuaciones políticas. Esto ya había quedado en claro en la previa a las elecciones generales de 2023, pero ahora se volvió a evidenciar.

Núñez y su entorno se han dedicado a generar oenegés supuestamente para realizar incidencia, sin embargo, utilizan las mismas como partidos políticos camuflados y para recaudar millonarios fondos.

El caso de Soledad Núñez y Bruno Defelippe ilustra cómo algunas OSFL han logrado manejar fondos millonarios. La pareja, que comenzó como voluntarios, ha tejido una extensa red de negocios operando bajo el disfraz de organizaciones sin fines de lucro, todas articuladas a través de la empresa de Defelippe, utilizando la apariencia de “alianzas” y contando con la participación de un selecto grupo de amigos. Esta red moviliza miles de dólares provenientes de organismos multilaterales, con la correspondiente contrapartida estatal, financiando proyectos que generan lucrativos contratos de consultoría y emprendimientos dirigidos a su círculo cercano.

Lo que empezó como voluntariado evolucionó rápidamente hacia un próspero esquema de negocios, aprovechando proyectos públicos en áreas como el emprendimiento, la tecnología, la innovación y la contratación de personal docente. Bajo la fachada de promover la “gobernanza” y la “democracia”, la pareja consolidó su base política, siempre respaldada por ONG.

El centro de esta expansión de las oenegés que operan alrededor de proyectos públicos es Koga Impact Lab, fundada por Defelippe en 2015 con una financiación inicial de USD 900 mil del Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y otros USD 700 mil de contrapartida local. Desde Koga se han desprendido múltiples entidades, como la Asociación de Emprendedores del Paraguay (Asepy), que presionan por préstamos y promueven iniciativas polémicas como las bicisendas en Asunción, entre otras.

La red de organizaciones derivadas de Koga, como la Red de Inversiones Ángel y Sistema B, se entrelaza con diversas instituciones públicas como el Mitic, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Industria y Comercio, principalmente Conacyt, obteniendo fondos para proyectos que, en muchos casos, benefician directamente a su círculo cercano.

El último proyecto de Bruno Defelippe, esposo de Soledad Núñez, se centra en el muy publicitado Museo de Ciencias, una iniciativa de la ONG MUCI, de la cual él es parte.

En noviembre de 2023, la Municipalidad de Asunción, con la aprobación de la Junta Municipal, adjudicó la venta directa de un terreno de 5 hectáreas a MUCI, presidida por David Wallace Peery. Defelippe también figura en los documentos de constitución y en las constancias de beneficiarios finales presentadas ante la Abogacía del Tesoro hasta el 18 de junio de 2024. Aunque el valor fiscal de la venta no se ha especificado, se sabe que el valor real de mercado del terreno es de aproximadamente G. 50.000 millones, equivalentes a unos USD 6,6 millones al cambio actual.

El pago ya se ha realizado a la Municipalidad de Asunción, y se espera la aprobación de un convenio entre la municipalidad y MUCI. Este convenio ofrecerá beneficios limitados, como la entrada gratuita al museo dos días al mes para todos los paraguayos, una vez que se inaugure el museo. No se han establecido condiciones específicas sobre el uso o enajenación del terreno después de los 5 años estipulados por la Ordenanza número 33/95 de “Tierras Municipales”.

Este generoso aporte de la Municipalidad de Asunción, combinado con el típico convenio de cooperación institucional en el que participa Bruno Defelippe, posiciona el proyecto del Museo de Ciencias como una importante plataforma para Soledad Núñez, quien actualmente aspira a ser intendente de la capital del país.

El riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo es otra preocupación que aborda el proyecto de ley. La Resolución 453/11 de la Secretaría de Prevención de Lavado (Seprelad) ya había incluido a las OSFL entre sus sujetos obligados. Un informe de la Seprelad destaca el riesgo elevado de lavado de dinero y el uso indebido de las OSFL para la comisión de delitos vinculados a la corrupción. El informe menciona que muchas OSFL, principalmente las clasificadas como “caridad/asistencia”, “servicios sociales”, “desarrollo social y económico”, “deportivo” y “comités”, han sido utilizadas para fines ilícitos.

El documento de Seprelad señala que la necesidad de captación de fondos de estas OSFL para cumplir con sus objetivos crea situaciones que a menudo dejan de lado políticas de control y transparencia. Además, existen cuestiones regulatorias y de supervisión que deben ser atendidas de inmediato, así como la falta de una cultura de transparencia.

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En resumen, el proyecto de ley busca imponer un mayor control y transparencia sobre las OSFL, asegurando que las organizaciones que manejan fondos públicos o privados lo hagan de manera responsable y transparente, y mitigando los riesgos de lavado de dinero y corrupción. La aprobación de esta ley podría poner fin a prácticas abusivas y asegurar que los fondos destinados al bien común realmente lleguen a los sectores más necesitados.