El exministro de Obras Públicas abdista, Arnoldo Wiens, busca llamar la atención realizando publicaciones y comentarios sobre el avance de trabajos de infraestructura vial, esto a pesar de sus oscuros antecedentes al frente del MOPC.

Arnoldo Wiens dejó el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) sumido en denuncias por obras sobrefacturadas en plena pandemia y algunos tramos viales prácticamente destruidos y en peores condiciones que las que había recibido.

Aun así, el otrora hombre fuerte del gobierno adbista tiene la capacidad de disociar de la realidad y publicar de manera sistemática en sus perfiles en redes sociales noticias y opiniones sobre el avance de obras de infraestructura. La última de sus publicaciones, por ejemplo, fue realizada el miércoles en sus redes sociales donde se vanaglorió del avance de obras de asfalto realizados en la zona de Puerto Indio, en el distrito de Mbaracayú.

Invitación al canal de WhatsApp de La Nación PY
El exministro de Obras Públicas abdista, Arnoldo Wiens, busca llamar la atención realizando publicaciones y comentarios sobre el avance de trabajos de infraestructura vial. Foto: Gentileza

Fallo por gestión ineficiente

Uno de los legados de la gestión Wiens al frente del MOPC fue la millonaria deuda que el Estado debe pagar a constructoras extranjeras. Meses atrás, la Procuraduría General de la República fue notificada sobre un laudo arbitral internacional relacionado con la demanda de Mota-Engil contra el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), que determina que la cartera estatal debe abonar USD 13 millones, más intereses acumulados de aproximadamente USD 2.400.000 hasta la fecha.

La disputa comenzó en 2018, bajo la administración del entonces presidente Mario Abdo Benítez y el titular del MOPC, Arnoldo Wiens, quienes decidieron suspender las obras del Metrobús. Esta decisión, tomada de manera apresurada y sin explorar alternativas para continuar el proyecto, resultó en el incumplimiento del contrato con Mota-Engil, lo que originó la demanda que actualmente enfrenta el Estado paraguayo.

El monto reclamado a Paraguay incluye conceptos como la ejecución indebida de la garantía de cumplimiento de contrato, montos retenidos indebidamente, daño emergente, costos, costas e intereses. Adicionalmente, la defensa de esta demanda ya ha costado al Estado paraguayo cerca de USD 2 millones en honorarios de abogados contratados por el gobierno anterior. Sin embargo, los resultados de esta defensa han sido desfavorables para Paraguay.

El presidente, junto con el ministro Wiens corroboraron el funcionamiento del sistema instalado para garantizar la llegada del agua a las comunidades. Foto: Gentileza.

Podés leer: Ande rechaza acusación de Buzarquis sobre coimas a criptominerías: “Es una difamación”

Acueducto que no funciona

En 2022, Wiens y Abdo Benítez inauguraron la tercera etapa del acueducto en el Chaco paraguayo con gran entusiasmo. Sin embargo, poblaciones de Mariscal Estigarribia, Loma Plata y comunidades indígenas del departamento de Boquerón han denunciado que el acueducto funcionó solo por 15 días y lleva tiempo sin proveer agua potable.

El Gobierno había anunciado con orgullo la habilitación de la fase 3 del acueducto el 6 de junio de 2022, asegurando que garantizaría agua potable a más de 100.000 personas, incluyendo 84 comunidades indígenas del Chaco central. Sin embargo, los habitantes de Loma Plata reclamaron la falta de agua debido a fallas en la cañería, interrumpiendo el servicio.

El acueducto del Chaco fue financiado con una donación de USD 60 millones de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), un préstamo de USD 20 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y una contrapartida local de USD 8 millones. La obra, que tomó más de un año en completarse, ya presentó fallas desde su inauguración en septiembre de 2020.

El intendente de Loma Plata, Ernst Giesbrecht, denunció que las familias de la zona sufren por la falta de agua sin recibir solución. Esta situación se agrava por la sequía que afecta al Chaco. Esta ineficiencia llevó incluso al grupo ABC Color a emitir editoriales exigiendo la rendición de cuentas ante la justicia de Wiens y otros más, varios de ellos alguna vez sus aliados políticos y protegidos mediáticos.

Una pasarela de oro

La “pasarela de oro”, de la era Wiens, costó 2 millones de dólares al Gobierno. Foto: Archivo

La guinda de la corrupción de la administración Wiens fue la pasarela de oro construida en la zona de Ñu Guazú, en plena pandemia y con un millonario sobrecosto.

La Contraloría General de la República (CGR) reveló que varios ítems de la obra están sobrefacturados, especialmente a través de dos adendas que aumentaron los precios, con un incremento indebido de G. 3.142 millones. El informe confirmó irregularidades en la ejecución de la obra adjudicada por el MOPC, bajo la dirección de Arnoldo Wiens, a la empresa Engineering de Juan Andrés Campos Cervera.

La auditoría señala que el monto del contrato aumentó injustificadamente en G. 3.142.820.246 a través de los convenios modificatorios N° 1 y N° 2, violando la Ley N° 2051/03 de “Contrataciones Públicas”. Del monto total, G. 1.253.086.010 corresponden a “costos indirectos” añadidos para beneficiar a la contratista. Estos costos indirectos representaron un aumento del 80% respecto a la oferta original de la empresa, con un incremento del 114% en el “beneficio” fijado para Engineering.

Le puede interesar: Desembolsan más de G. 3.000 millones para familias de Tekoporã Mbarete

La CGR destacó que los costos de transporte (fletes) fueron notablemente sobrefacturados, cotizados en G. 1.485.700.934, cuando el precio de mercado para la cantidad de materiales trasladados era solo G. 486.524.060. Además, se detectaron cambios sin justificación técnica en los precios de varios ítems respecto al contrato original, generando diferencias de G. 430.356.675, y se computaron obras que no coincidían con las verificadas por los auditores, sumando una diferencia de G. 505.113.495.

Asimismo, el MOPC permitió que se ejecutaran obras sin cumplir con las normas paraguayas para instalaciones eléctricas de baja tensión y el reglamento de la ANDE, dejando vulnerables esos trabajos al vandalismo y con riesgo de electrocución. La pasarela, adjudicada originalmente por G. 12.437 millones, vio su precio incrementado a G. 14.121 millones tras los convenios modificatorios, beneficiando a la contratista sin especificaciones técnicas claras.

Finalmente, la Contraloría detectó que el MOPC no controló efectivamente las pólizas de seguros, permitiendo que la pasarela quedara sin cobertura ante eventos no deseados, incumpliendo lo estipulado en el contrato.

Déjanos tus comentarios en Voiz