Rossana Escobar M.
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¿Cuál es la corrupción que persigue Francisco Alcaraz Díaz, coordinador anticorrupción del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), junto con la red de ONGs que articula, cuando se hizo pasar por humilde trabajador con sueldo mínimo para acceder a beneficios del Instituto de Previsión Social (IPS), siendo en realidad contribuyente del Impuesto a la Renta Personal?
Esta sola acción, de fungir una condición que no es la verdadera para aprovecharse de un seguro social, que en derecho corresponde a la clase trabajadora, sacrificada y con restricciones, comparadas a los privilegios de la clase más pudiente, echa por tierra la ruidosa campaña que venden a la población como “Más Ciudadanía, Menos Corrupción”.
Alcaraz Díaz, que en los registros de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) aparece con actividad económica de abogado, enseñanza superior y consultor de administración de empresas, en IPS se inscribió en mayo del 2023 como empleado de Isabel Benítez Espínola.
La señora es nada menos que la consultora del proyecto “Más Ciudadanía, Menos Corrupción” que articula el hombre fuerte del Cird, mano derecha de Agustín Carrizosa, presidente de la ONG, también envuelto en un escándalo de repartija de sueldos a su clan familiar, operadores del equipo político de Mario Abdo Benítez, con dinero proveniente del bolsillo de los contribuyentes.
Todo apunta a un seguro de favor que llevó adelante Alcaraz Díaz con su amiga Benítez Espínola, declarando un sueldo como supuesto ingreso de entre G. 2,4 millones y G. 2,6 millones, que es el mínimo vigente hasta el fin del mes pasado. Sin embargo, en la previsional continúan empantanados en el caso, después de dos aparatosas intervenciones con requisa de documentos que había realizado en el local de la ONG anticorrupción, y en la consultora de la mujer, ante las fuertes sospechas de fraude.
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Desde la Dirección de Aporte Obrero Patronal del IPS dilatan un dictamen que confirme el seguro de favor, pese a los elementos recabados. Desde la dirección jurídica de la previsional alegan que requieren más evidencias para el inicio de un sumario.
Mientras tanto, el coordinador anticorrupción, asegurado en dudosas condiciones, sigue jactándose de ser un articulador de las luchas ciudadanas, reclutando premiados, caudillos que en muchos casos no son otra cosa que políticos con sed de poder que usan estas iniciativas como trampolín.
Desde el IPS habían mencionado hace 8 meses, cuando inició la investigación, al caso Alcaraz Díaz, que, no se descartan acciones penales, pero hasta hoy no hay mayores resultados en la pesquisa. Alcaraz Díaz, según los documentos, registró dos beneficiarios en seguro de IPS, una de ellas es la mamá Carina Díaz Alfonso, que registra comercio de relojes y joyería, según DNIT.
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Vinculado a Abdo
No es un dato menor que Alcaraz Díaz fue parte del Gabinete Civil de la presidencia de Mario Abdo Benítez, ya que las ONGs articuladas por el mismo no han hecho un solo escrache al expresidente que nunca terminó por aclarar a dónde fueron los miles de millones de dólares por los que endeudaron al país en pandemia.
Alcaraz Díaz y los suyos, se asociaron a un Plan Nacional de Transparencia y Anticorrupción con la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) al frente, los resultaron básicamente se tradujeron en facturaciones por consultoría de ONGs manejadas por consultoras de la rosca de amigos. Recordemos que a la Senac como a sus aliados se le escaparon hechos bochornosos y escandalosos de corrupción que involucraron precisamente al Gobierno de Abdo Benítez.
Es así que, por un lado, escracharon a algunos políticos sindicados por corrupción, realizaban fuertes campañas por la transparencia, contra el despilfarro, la repartija de cargos y por el otro, la ONG de Alcaraz Díaz, presidida históricamente por Agustín Carrizosa, se alzaba con millonarios contratos de manera directa en varias instituciones públicas, principalmente en el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal), Servicio Nacional de Formación Profesional (SNPP), Ministerio del Trabajo con Carla Bacigalupo.
Estos convenios eran la vía para millonarias transferencias al CIRD y con el ropaje de “proyectos sociales” de todo tipo, Carrizosa repartió suculentos sueldos, honorarios a su clan familiar y al hijo de su coordinador anticorrupción. Todo este dinero provenía del bolsillo de los contribuyentes.
Cabe subrayar que, nuestro diario publicó una serie en la que se revelaron varias ONGs satélites del CIRD como parte del festín con dinero del Estado, así también otras subordinadas a un sector de la política y la intromisión en temas de gobernanza. Estos, como cientos de otros casos de corrupción, oscurantismo que afectan e involucran a ONGs son suficientes argumentos para que la transparencia que tanto enarbolan también rija en el financiamiento de las mismas.