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Mientras pasa el tiempo, más son los vínculos del gobierno del expresidente Mario Abdo Benítez con altos jerarcas del crimen organizado. Pagos de coima, relaciones cuasifamiliares, favores y regalos de narcotraficantes y hasta filtraciones de informes que formaban parte de algunas de las investigaciones más importantes son tan solo algunos de los elementos de esta historia.
Bolígrafos costosos, préstamos de vehículos como parte de coimas, acuerdos por millonarios contratos con el Estado, relaciones familiares y filtraciones de datos sobre investigaciones. Mientras pasa el tiempo, cada vez son más los narcovínculos del gobierno del expresidente Mario Abdo Benítez con altos jerarcas del hampa.
MARITO, EL “JUDAS”
El primer gran escándalo del gobierno Abdo en relación con el narcotráfico comenzó en setiembre de 2018, cuando la operación Berilo 2.0 derivó en la detención del supuesto narcotraficante Reinaldo “Cucho” Cabaña.
Poco después de la detención, salieron a la luz fotografías de Cabaña junto al entonces presidente de la República, Mario Abdo Benítez. En diciembre de ese año, el entonces abogado de Cucho, Pedro Wilson Marinoni, reveló que el imputado había financiado la campaña proselitista del exmandatario.
En mayo de 2019, Cucho dijo sentirse “defraudado” y traicionado. Dijo que había varios Judas, aunque no quiso dar nombres. Sin embargo, fue el propio Marinoni quien dijo que su cliente se refería con el personaje “Judas” al propio presidente Abdo Benítez.
LOS SUPERPODERES A GIUZZIO
Las acciones que terminaron favoreciendo a personas salpicadas por vínculos con el hampa se iniciaron el mismo día que asumió Mario Abdo. El mismo 15 de agosto de 2018, el recién llegado a Palacio de López firmó un decreto por el cual dejaba sin efecto un decreto del expresidente Horacio Cartes, volviendo a otorgar al ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) potestad discrecional para mover cargos dentro de la institución.
Con esto, Arnaldo Giuzzio terminaría poniendo en puestos clave a personas que resultaron ser funcionales a grupos del crimen organizado. Pero, amable lector, tenga usted paciencia que ya llegaremos a esa parte de la historia.
UN BOLÍGRAFO Y UN VICEMINISTRO
En enero de 2020, el entonces viceministro de Política Criminal, el exfiscal Hugo Volpe, tuvo que renunciar al cargo luego de que saltara que estaba siendo investigado por autoridades brasileñas por la supuesta recepción de una coima por parte del narcotraficante Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro.
Uno de los fiscales que quedó a cargo de la investigación en Paraguay confirmó que, de las diligencias realizadas en la causa, se pudo constatar que el abogado Edson Francisco Sánchez Benítez fue en representación de María Alciris, que es esposa de Minotauro, hasta la Unidad de Narcotráfico, en dos ocasiones, y que entregó un bolígrafo valuado en unos USD 900, al entonces fiscal Volpe, en junio de 2019.
En noviembre de 2019, Volpe había sido llevado al cargo de viceministro de Política Criminal por la entonces ministra de Justicia, Cecilia Pérez, quien es actualmente abogada de Mario Abdo.
OTRO CASO DE SUPUESTA COIMA
Joaquín Roa Burgos, exministro de Emergencia Nacional, también cuenta con procesos abiertos por su amistad con un supuesto narcotraficante.
Roa fue imputado en primera instancia en abril de 2021 por los hechos de cohecho pasivo agravado y lavado de dinero junto con su amigo Alberto “Beto” Koube, uno de los detenidos en el operativo A Ultranza Py.
De acuerdo con la imputación, “hay sospechas suficientes de que entre los años 2018 y 2021, Roa había adjudicado millonarias licitaciones a su amigo personal Beto Koube, por un valor superior a G. 16.000 millones, para la obtención conjunta de beneficios económicos indebidos a costa de los fondos de la Secretaría de Emergencia Nacional.
GIUZZIO, PARTE I
El caso del exministro del Interior y la Senad del gobierno de Mario Abdo Benítez, Arnaldo Giuzzio, es una representación vívida de los cercanos vínculos de la administración con el crimen organizado. Procesado por supuestas coimas de un capo narco, su gestión fue salpicada por filtraciones a otro jefe mafioso y también resulta tener una cercana vinculación con un tercer líder del hampa.
El exministro enfrentará juicio oral y público por la causa penal de cohecho pasivo agravado en carácter de autor, por su presunto vínculo con el brasileño sindicado como narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola Marqués, quien fue detenido en el Brasil. Su causa comenzó cuando se dio a conocer que prestó una camioneta, para unas vacaciones familiares en el Brasil, de la empresa que pertenecía a Espíndola Marqués.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, Giuzzio mantuvo contacto con el presunto narco entre julio de 2021 y febrero de 2022, cuando ya ejercía el cargo de ministro del Interior. Se presume que la intención del brasileño en ese entonces era proveer como “gentileza” chalecos antibalas y vehículos blindados al Ministerio del Interior y, consecuentemente, a la Policía Nacional, como así también “a título gratuito” el alquiler de una camioneta de la empresa Ombu SA, propiedad de Espíndola.
GIUZZIO, PARTE II: LAS FILTRACIONES
El memorándum 407/2023 de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) confirmó la presencia de equipos de espionaje que ingresaron al país de contrabando y que estaban bajo la custodia de la institución antinarcóticos. Estos equipos de alta tecnología fueron encontrados en la Dirección de Inteligencia de la Senad, dirigida por Mauro Ruiz Díaz, apodado Topo Mayor, quien supuestamente filtraba información a Miguel “Tío Rico” Insfrán, según la investigación del fiscal Deny Yoon Pak en el caso A Ultranza Py.
La adquisición de estos equipos, que incluyen el avanzado software espía FinFisher (también conocido como FinSpy), no fue documentada adecuadamente. FinFisher, desarrollado por Gamma Group, está diseñado para agencias de seguridad y gobiernos para realizar actividades de vigilancia y espionaje. Sus características principales incluyen la interceptación de comunicaciones, la captura de correos electrónicos, mensajes de texto y conversaciones en aplicaciones de mensajería instantánea, así como el acceso y control remoto de dispositivos.
UN VÍNCULO CASI FAMILIAR
Como si todo esto no fuera suficiente, todavía queda otro vínculo de cercanía con Alberto Koube Ayala, considerado como uno de los jefes del esquema de narcotráfico y lavado de dinero junto al uruguayo prófugo Sebastián Marset.
Gianluca Giuzzio, funcionario de la Municipalidad de San Lorenzo e hijo del exministro abdista, está casado desde 2021 con Katherine Himmerlich.
Katherine es sobrina de Jorge Himmerlich y nieta de Noemí Koube, propietarios de la firma Europrint SA, investigada en 2014 por la evasión de más de G. 5.500 millones en impuestos.
Noemí es hermana del papá de Alberto y Fátima Koube Ayala y estos dos últimos son tíos de Katherine. Lo que convierte al exministro Giuzzio en familiar político de los procesados por el conocido como el mayor esquema de narcotráfico y lavado de dinero alguna vez detectado en Paraguay.
ZULLY Y SU CONVENIO CON UN NARCO
A finales de 2021, plena etapa de investigaciones de lo que sería el gran operativo antinarco A Ultranza Py a inicios de 2022, la ministra de la Senad estaba firmando un convenio de “varios programas de prevención de consumo de drogas” con la Cooperativa San Cristóbal, según difundió en ese momento la institución.
El acuerdo sería normal si el titular de la mencionada cooperativa en ese entonces no fuera uno de los objetivos de A Ultranza Py, Juan Carlos Ozorio, exdiputado procesado por tráfico de drogas y lavado de dinero. Otra “coincidencia” más de los vínculos del gobierno de Abdo Benítez con el mundo narco y el argumento de siempre de nunca estar enterados de quiénes son sus aliados. Así pasó con Giuzzio y Vinicius, el exministro también dijo no saber que la persona con quien chateaba continuamente y en horas de la noche era uno de los sindicados narcos más buscados por el Brasil.
Mientras las cabezas de los organismos de seguridad alegaban desconocimiento, la logística del crimen organizado hacía aguas las instituciones del Estado y el negocio del narcotráfico gozaba prosperidad.