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Los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez presentaron ayer miércoles la acusación y pedido de juicio oral y público contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, y otras diez personas de su entorno cercano por el caso de los kits alimenticios fantasmas comprados en plena pandemia del coronavirus por un millonario monto del pequeño autoservice Tía Chela.
Contra Prieto, los fiscales presentaron acusación por los supuestos hechos de lesión de confianza y asociación criminal.
Junto al jefe comunal fueron acusados Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, José Félix Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Higinio Ramón Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez, Nelson Alexis Segovia Acevedo, Fermín Ávalos Britos y Emili Vanessa Florentín Páez, todos ellos por la comisión del hecho punible de lesión de confianza previsto y asociación criminal.
SOBRE EL FILO DEL VENCIMIENTO
La acusación fue presentada en el último día que la Fiscalía tenía para presentar su requerimiento conclusivo.
En enero pasado, un tribunal de apelaciones había decidido ampliar el plazo para que el fiscal Silvio Corbeta formule los requerimientos conclusivos en una de las causas contra el intendente esteño, Miguel Prieto, y otros procesados por lesión de confianza.
MILLONARIOS DESVÍOS
“Se le atribuye al intendente municipal de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, que entre los meses de marzo y julio de 2020, encabezó un esquema integrado por funcionarios a su cargo para el desvío de los recursos municipales que resultó en un perjuicio patrimonial a la institución de G. 2.130.036.160″, señala el relatorio de hechos presentados por los representantes del Ministerio Público.
Los fiscales Silvio Corbeta, Rodrigo Estigarribia y Alma Zayas presentaron en julio de 2023 una imputación contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, por la presunta comisión del delito de lesión de confianza. Según las acusaciones, Prieto está implicado en la realización de compras ficticias de 25.000 kits de cestas básicas destinados a familias de escasos recursos, por un valor total de G. 1.769.790.000, causando un significativo perjuicio económico a la municipalidad.
La imputación detalla que el 20 de marzo de 2020, mediante la Resolución n.° 3331, la Municipalidad de Ciudad del Este convocó a una licitación por vía de excepción para adquirir cestas básicas, destinadas a ser distribuidas a familias necesitadas debido a la pandemia de covid-19.
La empresa Tía Chela SRL presentó una oferta de G. 2.949.650.000. No obstante, la Fiscalía argumenta que la empresa adjudicada no contaba con el inventario completo de las mercaderías ofertadas para la fecha del 23 de marzo de 2020, cuando el comité de evaluación revisó la oferta.
Adicionalmente, no se presentó documentación alguna que demostrara la capacidad de la empresa para suministrar los bienes ofertados de manera inmediata. Tía Chela SRL tampoco disponía de la capacidad financiera, técnica, ni de la experiencia necesaria para cumplir con una licitación de tal magnitud. Según las sospechas de la Fiscalía, la estructura legal de Tía Chela SRL fue utilizada para crear un montaje documental, con el propósito de defraudar a la Municipalidad de Ciudad del Este.
La imputación alega que la empresa supuestamente entregó 15.000 kits el 27 de marzo de 2020, por los cuales la municipalidad realizó un pago de G. 1.769.790.000. Posteriormente, se habría efectuado una segunda entrega de 10.000 kits de alimentos el 13 de abril de 2020, completando así la entrega de 25.000 kits. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que esta supuesta entrega no corresponde a la realidad de los hechos.
La investigación ha puesto al descubierto una serie de irregularidades que implican tanto la falta de inventario como la ausencia de capacidad logística y financiera por parte de la empresa adjudicada, lo que ha resultado en un grave daño económico para la municipalidad y ha cuestionado la integridad de los procesos administrativos bajo la gestión de Miguel Prieto.
“De forma deliberada se incumplieron con los principios que rigen en materia de contrataciones públicas referentes a la libre competencia y la igualdad, disminuyendo en consecuencia la posibilidad de que se presenten otros oferentes, para finalmente direccionar la contratación a una empresa o esquema jurídico determinado funcional a la administración municipal”, sigue manifestando la acusación.