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Humildes pobladores de Ybycuí trabajaron y consiguieron que el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) apruebe la construcción de viviendas sociales en una de las zonas más desfavorecidas del distrito. Sin embargo, la intendenta Cristina Servín se niega a reconocer a la comisión de vecinos y esto podría llevar a que el proyecto se pierda.

Máximo Giménez Olazar tiene 61 años, es una persona con discapacidad y enfermedad crónica, además de haber perdido uno de los brazos. Hace ya varios años que vive en una precaria casa en el lote 2 de la manzana 14 del hábitat Che Pueblo Pora I del distrito de Ybycuí, departamento de Paraguarí

A unas pocas cuadras de la casa de don Máximo vive Delia Fleitas, una madre soltera de tres hijos que no tuvo la oportunidad de ir siquiera a la escuela. Tanto Máximo como Delia forman parte de la lista de personas que se verían beneficiadas con la construcción de viviendas sociales por parte del MUVH gracias a que se organizaron dentro de una comisión que presentó la solicitud y todos los documentos necesarios. Sin embargo, ahora queda una traba: la propia intendenta, Cristina Servín.

Servín se niega a reconocer a las autoridades de la comisión vecinal, por lo que los pobladores se vieron obligados a recurrir a instancias judiciales.

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El presidente de la comisión vecinal, Cándido Pablino Giménez Benítez, presentó un amparo constitucional bajo el patrocinio del abogado Hugo Leguizamón.

En el escrito, Giménez relata que luego de ser reelecto como presidente de la comisión solicitó el reconocimiento de la comisión el pasado 10 de mayo. “La resolución de reconocimiento municipal es requisito exigido por el Ministerio de Urbanismo Vivienda y Нábitat (MUVH) para acceder a la construcción de viviendas sociales y dignas para las familias del Hábitat Che Pueblo Porá I”, refiere el documento.

Sin embargo, Servín se ha negado a otorgar ese reconocimiento, bajo el alegato de que no se realizó una asamblea general. “La misma no cuenta con ordenanza municipal que regule la organización y funciones de las comisiones vecinales. Al no tener una ordenanza, ella no podría exigir formalidades a las comisiones vecinales creadas, por lo que la misma Ley Orgánica Municipal le obliga a reconocer por resolución las comisiones creadas”, señala.

“La intendenta municipal está poniendo en peligro inminente derechos y garantías consagradas en nuestra Constitución Nacional, de personas de extrema pobreza, niños y personas de la tercera edad”, continúa.

Giménez señala que es de público conocimiento que el gobierno nacional a través del MUVH “ha trabajado en las políticas sociales para beneficiar a estas familias, pero así también estas políticas sociales tienen sus requisitos”.

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Uno de estos requisitos es la resolución de reconocimiento de la comisión por parte del municipio y es el único documento que hasta hoy no se ha logrado presentar ante el MUVH para iniciar con las obras.

El amparo señala que los técnicos emplazaron a la comisión hasta el pasado 11 de junio para presentar la resolución de reconocimiento. Si no se concretaba, el proceso podría pasar a otro distrito.

Además de solicitar que la jueza Zusan Domenech, del Juzgado Penal de Garantías Segundo Turno de Paraguarí, emplace a la intendenta, también se solicitó una medida cautelar que fue rechazada por la magistrada.