Solo en 2023, instituciones públicas entregaron más de G. 111.000 millones a organizaciones no gubernamentales. La mayor parte de los millonarios fondos fueron entregados por entidades descentralizadas. En el Congreso analizan un proyecto de ley que obligará a las oenegés a implementar mayor transparencia, mientras muchas se oponen. Estos organismos, que son verdaderas empresas que mueven mucho dinero, en especial los que reciben dinero del exterior, se han constituido en grupos de poder con fuertes inclinaciones políticas y se financian con proyectos en los que normalmente usan al Estado.

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A lo largo de 2023, el Estado para­guayo entregó más de G. 111.920 millones (unos USD 14,8 millones) a organizaciones no guber­namentales. Esto se des­prende de datos entregados por la Comisión de Cuentas y Control de la Cámara de Senadores.

De acuerdo con los datos publicados por la seña­lada comisión en la web del Senado, 334 entidades sin fines de lucro fueron las que recibieron desem­bolsos de dinero público a lo largo del año pasado. De ese total, 78 corres­ponden a transferencias diversas del Estado que dependen directamente del Presupuesto General de la Nación, las restan­tes 256 recibieron trans­ferencias diversas desde entidades centralizadas y descentralizadas, tales como ministerios del Eje­cutivo, Corte Suprema de Justicia, gobernaciones, Diben y Fondec.

Un total de 17 institucio­nes públicas realizaron transferencias a organiza­ciones no gubernamenta­les, y entre los cinco entes que más transferencias hicieron se encuentran: el Ministerio de Economía y Finanzas, la Secretaría Nacional de Deportes, la Gobernación de Central, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y el Ministerio de Industria y Comercio.

Habitualmente, para rea­lizar estas transferencias las entidades públicas uti­lizan rubros correspon­dientes al objeto de gasto “842-Aportes a institu­ciones sin fines de lucro”. LN Investiga descargó del portal de datos abiertos del Ministerio de Econo­mía y Finanzas la planilla que detalla el dinero pre­supuestado para ese objeto en particular. Solo en 2023, fueron más de G. 2 billones (unos USD 273 millones).

Parte de estos millonarios fondos fueron destinados directamente a oenegés, mientras que también se dis­tribuyeron becas, asistencias y otros gastos sociales. Varios fueron los casos en los que el rubro 842 fue utilizado para realizar compras por fuera de la Ley de Contrataciones Públicas.

Además del dinero que reci­ben de instituciones públi­cas, las oenegés también reci­ben dinero del extranjero. Un ejemplo de ello fue citado por el senador Gustavo Leite, días atrás, cuando criticó la falta de compromiso con la trans­parencia de quienes dan dis­cursos al respecto. El senador señaló que él en su momento llegó a pedir información a dos oenegés sobre el uso de sus fondos y una le respondió solo con números redondos, sin detalles, y otra le dijo que hay un Acuerdo de Confiden­cialidad con la Unión Euro­pea y no pueden responder. “No pude conseguir ver en qué gastó Juntos por la Educación USD 600.000 para difusión, justo en época de campaña electoral”, recordó.

Varias de estas organizacio­nes firmaron días atrás un comunicado conjunto para cuestionar el proyecto de ley que las obliga a estable­cer mecanismos de transpa­rencia.

Como primer punto, el pro­yecto de ley alcanzará a las asociaciones inscriptas con capacidad restringida, las asociaciones que tengan por objeto el bien común, las aso­ciaciones de utilidad pública, las fundaciones, los organis­mos no gubernamentales, las organizaciones no guberna­mentales, las organizaciones de la sociedad civil, las agencias especializadas, los organismos internacionales reconocidos por la república y demás per­sonas jurídicas extranjeras, así como cualquier persona física o jurídica o estructura jurídica que reciban o administren fon­dos públicos o privados, de ori­gen nacional o internacional, a ser destinados o de alguna manera guarden relación con sectores de competencia del Estado, las gobernaciones, las municipalidades, de los entes autárquicos, autónomos.

Es decir, el proyecto alcanzará a aquellas organizaciones que manejen fondos en relación directa con las actividades públicas. Todas estas orga­nizaciones, de acuerdo con el proyecto de ley, deberán inscri­birse en el Registro Nacional de Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL), que dependerá del Ministerio de Economía y Finanzas.

Un punto resaltante del pro­yecto de ley es que las OSFL deberán registrar en sus esta­tutos sociales las identidades de sus constituyentes, además de su objeto, sus fuentes de financiamiento como tam­bién con un libro de registro del financiamiento nacional o extranjero, público o privado.

También deberán registrar detalladamente el uso y des­tino de los fondos que reciban con sus correspondientes fac­turas y documentos respalda­torios. Además, deberán lle­var una lista pormenorizada de todos los profesionales, técnicos, especialistas, perso­nal de cualquier índole, otras OSFL o de cualquier otra per­sona jurídica, nacionales o extranjeros, que sean contra­tados o de cualquier manera cumplan tareas o presten ser­vicios vinculados al uso y des­tino de los fondos que reciban las OSFL.

Otra obligación será la de la presentación de informes semestrales ante el Minis­terio de Economía. Y los organismos y entidades del Estado, las municipalida­des o entidades binaciona­les no podrán firmar conve­nios con OSFL que no estén registradas y al día con sus obligaciones.