En la mañana de este viernes, a través de su abogado, Anadelia Acosta, imputada por los presuntos hechos de apropiación, estafa y lesión de confianza, renunció a la Cámara de Diputados. La mujer es acusada como una de las principales responsables en el cobro ilegal de G. 725 millones que la Administración Nacional de Electricidad (Ande) destinó a dos familias humildes, en concepto de indemnizaciones.

El escrito de “desistimiento voluntario” fue presentado por el letrado Marcial Ayala a la Dirección de Recursos Humanos de la Cámara Baja, encabezada por Máximo Rodríguez. “La renuncia de la funcionaria son por cuestiones personales y a fin de someterse al proceso penal. De hecho, ella siempre estuvo y está a disposición de la justicia desde el primer momento, aguardamos la notificación para la audiencia de imposición de medidas a los efectos de que prosiga la causa penal”, manifestó al programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Asimismo, manifestó que su clienta continua bajo reposo médico en el departamento de Caaguazú, razón por la cual no se apersonó hasta la sede legislativa. “Ella emotivamente está muy mal. Para mí fue un paso muy importante que por lo menos se busque el arreglo de la reconciliación con familiares de las víctimas”, sostuvo.

Inmediatamente, el presidente de Diputados, Raúl Latorre, comunicó en sus redes sociales oficiales que procedió a firmar la petición de renuncia de Acosta. Igualmente, en la resolución n° 2184 refiere que se declara vacante la categoría salarial D36-técnico I. “Anadelia Acosta ya no forma parte del plantel”, indicó el legislador.

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La renuncia de Acosta finalmente se concretó tras la intimación realizada por el presidente de Diputados, Raúl Latorre, a presentarse ante la Dirección de Recursos Humanos, tras abandonar por varios días su puesto laboral.

Acosta, quien originalmente es funcionaria de la Municipalidad de R.I. 3 Corrales, ha intentado por diferentes medios evitar presentarse a la sede legislativa. En principio, había solicitado un permiso por 30 días sin goce de sueldo, el cual fue denegado y, posteriormente, presentó un certificado médico, requiriendo a la par utilizar sus vacaciones.

Tras el escándalo desatado, Acosta llegó a un acuerdo extrajudicial con los afectados, pagándoles la suma de G. 300 millones a cada familia en reparación del daño. No obstante, de acuerdo a su abogado esto no significa que su clienta asuma la culpabilidad.

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Anadelia Acosta, funcionaria de la Cámara de Diputados, presentó esta mañana un pedido de permiso por 30 días, sin goce de sueldo, alegando los motivos de público conocimiento y para poder defenderse en su causa. Ella fue denunciada por dos familias por una supuesta millonaria estafa, atendiendo a que debieron recibir una indemnización de G. 800 millones por parte de la Administración Nacional de Electricidad (Ande) y el monto recibido fue menor.

Sin embargo, este pedido de permiso fue rechazado por la dirección de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados, ya que las normas institucionales no contemplan este tipo de solicitudes, según se informó.

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“Esta mañana se reportó en la mesa de entrada un pedido de permiso sin goce de sueldo por 30 días. Ahora se va a elaborar el dictamen, pero ya que la norma no permite otorgar un permiso sin goce de sueldo, que no sea para prestar servicio en otra repartición, va a ser denegado ese permiso”, explicó a los medios el director de RR. HH. de la Cámara de Diputados, Máximo Medina.

El funcionario indicó, además, que el propio presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, ya había anunciado el rechazo del pedido de permiso de Acosta, “porque no se configura en la norma”. El escrito presentado por la funcionaria ya fue remitido al área jurídica.

Latorre había emitido una resolución en el cual se procedió al cese de su comisionamiento a la Municipalidad de R.I. 3 Corrales, Caaguazú, y su disposición a la dirección de RR. HH. Con esta resolución, la funcionaria debió presentarse en la Cámara de Diputados para seguir con sus funciones.

“Tiene que presentarse, ya tenía que presentarse el día de ayer. Al no presentarse, ya está incurriendo en falta con la institución, va a implicar una falta grave y el juez de sumario va a resolver. Nosotros vamos a pedir la sanción que corresponda en este caso, que tres días, según las normas ya se configura en una falta grave”, indicó el director de RR. HH.

El proceso del sumario duraría tres meses, y de configurarse en una falta grave, la funcionaria inclusive puede ser prohibida de ocupar cargos públicos por algunos años. “Normalmente si hay una destitución, si es que la hubiere, los jueces dictan de dos a cinco años la prohibición para ocupar otros cargos públicos, pero eso sería ya una vez que se dicte una resolución administrativa”, sentenció.

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El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, anunció el cese del comisionamiento en la institución legislativa de la funcionaria Anadelia Acosta, por los hechos denunciados en las últimas horas por una supuesta estafa a familias de escasos recursos. Latorre instruyó la desvinculación con el cese del comisionamiento y que la misma sea sometida a una investigación institucional.

“Tras las denuncias dadas a conocer a través de los medios de difusión masiva con respecto a la funcionaria Anadelia Acosta, dispuse el inmediato cese del comisionamiento, su puesta a disposición de recursos humanos y el inicio de una investigación”, anunció Latorre.

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Acosta era funcionaria en el Congreso Nacional como comisionada de la Municipalidad de R.I. 3 Corrales. En la resolución, el presidente de Diputados dispuso el pase a disposición de la Dirección de Recursos Humanos, y que la dirección general de Asesoría Jurídica realice una investigación.

Anadelia Acosta Armoa es vinculada con una denuncia de apropiación de alrededor de G. 725 millones, de un total de G. 800 millones en concepto de indemnización otorgada por la Administración Nacional de Electricidad (Ande), para las familias de dos personas que habían fallecido por electrocución en la comunidad de Jagua Kaí, Caaguazú.

Tras la denuncia del caso, principalmente en los medios masivos de comunicación, el presidente de la Cámara de Diputados dispuso las medidas en contra de la ahora exfuncionaria del legislativo.

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“Miguel Prieto es un ladrón, des­vió fondos para su provecho”, afirmó el abogado Víctor Enrí­quez, quien echó por tierra la imagen de perseguido político que busca instalar el inten­dente de Ciudad del Este y líder del movimiento Yo Creo, Miguel Prieto, ante la ciudada­nía en el marco de su campaña prematura para la Presidencia de la República.

Enríquez, quien se encuentra a cargo de la asesoría jurídica de la Contraloría Ciudadana, sos­tuvo que las acusaciones por corrupción contra el dirigente opositor parten principal­mente de sus exaliados polí­ticos quienes contribuyeron para la destitución de la exjefa comunal Sandra McLeod y su posterior victoria en los comi­cios municipales del año 2019.

“Todos los integrantes de la Contraloría Ciudadana cons­tituyen un equipo que tra­bajó en el proceso de la inter­vención de la Municipalidad de Ciudad del Este. Traba­jamos por la candidatura de Miguel, varios de ellos fuimos sus apoderados, eramos de su entorno”, dijo en una entre­vista con el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Asimismo, comentó que la Contraloría Ciudadana quedó desintegrada cuando se pro­dujo la separación de la diri­gente del Partido Colorado Sandra McLeod de la inten­dencia esteña. Agregó que nuevamente el equipo entró en funcionamiento cuando algunos de sus exmiembros comenzaron a recibir infor­mes “sobre cosas extrañas” dentro de la municipalidad ya en plena administración de Prieto.

Señaló que las irregularida­des iniciaron en el año 2019, pero fueron profundizándose durante la crisis sanita­ria generada por la pandemia del covid-19. Agregó incluso que fueron los propios opera­dores de Prieto quienes felici­taron a la Contraloría Ciuda­dana documentaciones con el fin de someter a Prieto a inves­tigaciones.

“La gente de su entorno indi­caban que este tipo al final de cuentas es peor que los otros. Yo le desafíe públicamente y en varios lugares que me querelle porque le trato de ladrón”, comentó. Agregó que las denuncias realizadas tam­bién se encuentran fundadas mediante informaciones obte­nidas por la norma de acceso a la información pública.