El presidente ruso, Vladimir Putin, firmó este martes, en el milésimo día de su ofensiva contra Ucrania, el decreto que amplía las posibilidades de utilizar armas nucleares, después de que Washington autorizara a Kiev a atacar Rusia con sus misiles de largo alcance.

“Entre las condiciones que justifican el uso de armas nucleares figura el lanzamiento de misiles balísticos contra Rusia”, afirma el decreto.

“Era necesario adaptar nuestros fundamentos a la situación actual”, declaró el portavoz presidencial, Dmitri Peskov, aludiendo a lo que Putin considera “amenazas” de Occidente a la seguridad de su país.

El presidente ruso advirtió en septiembre que su país podría utilizar ahora armas nucleares en caso de “masivos” bombardeos aéreos contra Rusia.

También que cualquier ataque de un país sin armas atómicas, como Ucrania, pero apoyado por una potencia nuclear, como Estados Unidos, podría considerarse una agresión “conjunta” susceptible de requerir tal medida.

Ucrania afirmó este martes que disparó misiles de largo alcance suministrados por Estados Unidos contra territorio ruso, inaugurando una “nueva fase de la guerra”, según Moscú, que volvió a blandir la amenaza nuclear.

Un alto funcionario confirmó a AFP en Kiev que el ejército ucraniano había bombardeado la región fronteriza rusa de Briansk con misiles estadounidenses de largo alcance ATACMS, después de que Rusia denunciara ese ataque.

El canciller ruso, Serguéi Lavrov, afirmó que ese ataque abre una “nueva fase de la guerra de Occidente contra Rusia” y prometió una respuesta acorde, en declaraciones a la prensa en Rio de Janeiro, donde participó en la cumbre del G20.

El gobierno del presidente Joe Biden autorizó la semana pasa da a Ucrania a golpear suelo ruso con sus misiles de largo alcance, en un giro estratégico a pocas semanas de la investidura de Donald Trump.

El presidente ruso, Vladimir Putin, no se refirió directamente a esa nueva situación, pero este martes firmó un decreto que amplía las posibilidades en las cuales su país podría recurrir al uso de armas nucleares.

Esas posibilidades incluyen la de usar armas nucleares contra un país sin armas atómicas, como Ucrania, pero apoyado por una potencia nuclear, como Estados Unidos.

Fuente: AFP

Tras años de postergación, el gobierno, a través del Ministerio de Obras y Comunicaciones (MOPC), concretó la firma del contrato para la construcción de la ruta que unirá el Puerto Paredón, el más antiguo de Hohenau, con la Ruta PY06.

Esta vía moviliza hoy la segunda mayor carga granelera en Itapúa, pero hasta ahora no cuenta con una ruta asfaltada. Con esta firma el Gobierno del Paraguay apuesta por el progreso de Hohenau, las Colonias Unidas y todo el departamento de Itapúa.

Para ello, el presidente de la República, Santiago Peña, recibió a los representantes de la empresa constructora, el ingeniero Óscar Franco, presidente de firma Roggio Paraguay; acompañado del representante legal Emilio Gill. Además asistieron la titular del MOPC, Claudia Centurión, y el intendente de Hohenau, Enrique Hahn.

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“El gobierno de Paraguay está comprometido con desarrollar todo este importante pulmón económico que es Itapúa y firmamos el contrato de pavimentación desde Hohenau hasta Puerto Paredón. Un contrato que va a ser ejecutado por la firma Roggio”, expresó la ministra Centurión a través de un video que fue divulgado por la presidencia de la República.

A su turno, el jefe comunal de Hohenau agradeció la predisposición del gobierno en invertir por mejores infraestructuras en esa zona del país; resaltando que tanto el presidente Santiago Peña como la ministra de Obras Públicas, tuvieron la oportunidad de recorrer este distrito y conocer las obras que estaban pendientes de ejecución y que habían sido postergadas por el gobierno anterior.

Igualmente, destacó que ya cuenta con la aprobación del Congreso Nacional para la construcción del Parque Industrial, mediante la sanción de la ley que desafecta el terreno donde será instalado el parque industrial, y por donde justamente, pasará el importante tramo que será construido mediante el contrato que fue firmado en la fecha.

Explicó que este tramo a ser construido, permitirá unir el puerto Paredón, ubicado sobre el río Paraná, y conectarse, mediante este tramo, con la Ruta PY06.

La ministra de Obras Públicas destacó que las obras que lleva adelante el Gobierno no son obras aisladas, sino que son todo un sistema de inversión que está siendo liderado por el propio presidente Santiago Peña.

“No solamente tenemos la importante noticia de la construcción del parque industrial, sino que a la vez anunciamos la construcción de este pavimento que unirá Hohenau con Puerto Paredón y pasa justamente en frente al Parque Industrial; así como las ofertas para el dragado del río Paraná, que se recibirán la próxima semana. Es decir, es todo un sistema de inversión que es liderado por el presidente Santiago Peña y se está desarrollando en el sector y que va a dinamizar este importante centro logístico de la zona de Itapúa”, concluyó.

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Este miércoles, el fiscal Luis Albertini formuló imputación contra los cuatro funcionarios que estuvieron a cargo del corralón municipal de la ciudad de Encarnación, cuando fue carneado un automóvil. La denuncia fue realizada luego de que la propietaria sufriera un accidente y se dispusiera que el auto sea llevado al sitio.

Según la denuncia realizada por Adriana Meza, el pasado 5 de junio sufrió un accidente vial y su vehículo quedó demorado en el corralón municipal, semanas después fue con la intención de retirarlo, pero se encontró con la sorpresa de que había sido carneado. Se llevaron incluso el motor del auto.

Ante esta terrible denuncia que se hizo pública el pasado 4 de octubre, desde el Ministerio Público decidieron tomar acciones contra los funcionarios que estaban a cargo del corralón y que debían velar por el bien de la ciudadana. Meza reportó que al momento de dejar su vehículo le pidieron que entregue las llaves y que eso habría sido aprovechado para saquearlo.

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Fueron imputados por el hecho punible de quebrantamiento del depósito a César Christian Danilo Rienzi Fernández, Miguel Sanabria, Elvio Benítez y Gustavo Valdez. No se trata de la primera denuncia contra un hecho de que en el sitio se saquean los rodados.

“Existen manifestaciones de terceros y que habían realizado denuncias similares. En ese sentido tenemos en tipo penal de quebrantamiento de depósito, teniendo en cuenta que la persona encargada del inmueble y la custodia oficial recae en Christian Rienzi”, detalló el fiscal, en el programa “Cuenta Final” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.

Agregó que el corralón tiene guardias y que es de difícil acceso para los delincuentes. “Se trata de una zona bastante aislada, pese a que tiene vecinos. Además, se tiene guardias en varios turnos y estamos hablando de que se llevaron un motor y una caja que para sacar sería muy difícil”, aseguró.

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En la mañana de este viernes, a través de su abogado, Anadelia Acosta, imputada por los presuntos hechos de apropiación, estafa y lesión de confianza, renunció a la Cámara de Diputados. La mujer es acusada como una de las principales responsables en el cobro ilegal de G. 725 millones que la Administración Nacional de Electricidad (Ande) destinó a dos familias humildes, en concepto de indemnizaciones.

El escrito de “desistimiento voluntario” fue presentado por el letrado Marcial Ayala a la Dirección de Recursos Humanos de la Cámara Baja, encabezada por Máximo Rodríguez. “La renuncia de la funcionaria son por cuestiones personales y a fin de someterse al proceso penal. De hecho, ella siempre estuvo y está a disposición de la justicia desde el primer momento, aguardamos la notificación para la audiencia de imposición de medidas a los efectos de que prosiga la causa penal”, manifestó al programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Asimismo, manifestó que su clienta continua bajo reposo médico en el departamento de Caaguazú, razón por la cual no se apersonó hasta la sede legislativa. “Ella emotivamente está muy mal. Para mí fue un paso muy importante que por lo menos se busque el arreglo de la reconciliación con familiares de las víctimas”, sostuvo.

Inmediatamente, el presidente de Diputados, Raúl Latorre, comunicó en sus redes sociales oficiales que procedió a firmar la petición de renuncia de Acosta. Igualmente, en la resolución n° 2184 refiere que se declara vacante la categoría salarial D36-técnico I. “Anadelia Acosta ya no forma parte del plantel”, indicó el legislador.

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La renuncia de Acosta finalmente se concretó tras la intimación realizada por el presidente de Diputados, Raúl Latorre, a presentarse ante la Dirección de Recursos Humanos, tras abandonar por varios días su puesto laboral.

Acosta, quien originalmente es funcionaria de la Municipalidad de R.I. 3 Corrales, ha intentado por diferentes medios evitar presentarse a la sede legislativa. En principio, había solicitado un permiso por 30 días sin goce de sueldo, el cual fue denegado y, posteriormente, presentó un certificado médico, requiriendo a la par utilizar sus vacaciones.

Tras el escándalo desatado, Acosta llegó a un acuerdo extrajudicial con los afectados, pagándoles la suma de G. 300 millones a cada familia en reparación del daño. No obstante, de acuerdo a su abogado esto no significa que su clienta asuma la culpabilidad.

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