Una imputación fiscal de casi imposible impugnación, sustentada en documentos e informes oficiales de Tributación, Contraloría General de la República, análisis periciales de Laboratorio Forense del Ministerio Público, etc., dejan al descubierto el esquema de compra-venta simulada en las compras de víveres covid que articuló el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, gracias a una estructura que involucra a expareja y familiares de esta. El resultado más perjudicial, además del fraudulento proceso licitatorio de su administración es que no se habrían entregado la totalidad de las mercaderías ya que varios supuestos beneficiarios residirían en el extranjero y en otros departamentos del país, alejados de Ciudad del Este.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

La amañada licitación de las compras covid de alimentos para perso­nas de escasos recursos que con el sonado caso Tía Chela había dejado anonadada principalmente a la pobla­ción esteña que depositó la confianza en el intendente Miguel Prieto, no se reduce solamente al simulado pro­ceso de contratación sino a la compra-venta simulada de mercaderías no existentes en el stock de las firmas adjudi­cadas que perjudicó con la no entrega de la totalidad de las mercaderías requeridas con­forme al contrato.

La sustanciosa imputación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Rodrigo Estiga­rribia incorporan informes de trazabilidad de operacio­nes de la Subcretaría de Tri­butación, análisis de procedi­mientos administrativos de la Contraloría General de la República, informes de Con­trataciones Públicas, pericia­les del laboratorio Forense del Ministerio Público hasta datos de inteligencia poli­cial que revelan un simula­cro poco antes visto en un proceso de compra pública y entrega de alimentos para personas vulnerables.

Recordemos que el primer gran escándalo desatado con las compras covid de alimen­tos de Miguel Prieto es la apu­rada contratación del autoser­vice Tía para la provisión del 25.000 kits de alimentos por G. 2.949 millones, siendo el adjudicado un pequeño nego­cio sin la capacidad financiera ni de stock requerido. Para facilitar el negocio y adjudi­car contrato a Fermín Ávalos, dueño de Tía Chela, la licita­ción por vía de la excepción incluyó invitaciones al papá de este y una confitería que en ese momento acababa de ganar un contrato importante para pro­visión de almuerzo escolar.

Dicho por la mamá de Áva­los, el padre de este no estaba interesado en ninguna lici­tación y con el contrato que tenía en ejecución la confite­ría Yrupe, el camino estaba allanado a favor de Tía Chela, pese a que no dispo­nía lo que ofertaba a la muni­cipalidad. Aquí entra el rol facilitador que jugó Vanessa Florentín Paez, expareja de Prieto, actualmente fun­cionaria contratada por su administración.

Vanessa, a través de su empresa Vanemi SA se incluyó en el proceso como subprovee­dora de Tía Chela en el intento de blanquear las operaciones con la administración Prieto. Sin embargo, las declaraciones juradas tributarias del movimiento comercial habi­tual de ambas estructuras jurí­dicas Tia Chela SRL y Vanemi SA no se corresponderían con la inversión económica reali­zada entre los meses de marzo y abril del 2020, periodo en que se desarrolló el proceso de adquisición y entrega de los bienes ofertados a la comuna. Ambas empresas tuvieron un movimiento económico supe­rando su capacidad financiera y operativa en el periodo de marzo y abril del 2020, y sus compras informadas a la SET habrían presentado incon­sistencias, describe el acta de imputación basado en infor­mes tributarios.

“Si bien existió una operación de compra-venta entre la firma proveedora Tía Chela SRL y la Municipalidad de Ciudad del Este (Licitación Vía Excepción ID 382.177), esta empresa en realidad no contaba con los bie­nes a proveer. Por consiguiente se cuentan con elementos de sospecha suficiente que permi­ten suponer que Fermín Áva­los Britos de Tía Chela SRL habría posibilitado a Miguel Prieto llevar a cabo la com­pra ficticia de 25.000 kits de cestas básicas para familia de escasos recursos, quien le habría pagado en tal concepto G. 1.769.790.000, cuya adqui­sición se habría documentado sin que aparentemente hayan ingresado tales productos a la institución”, señala la imputa­ción fiscal.

Según la pesquisa fiscal, exis­ten fuertes indicios de que las planillas de beneficiarios fue­ron fraguadas. Es decir que figuran entrega de víveres a personas que en realidad no recibieron los kits.

“Una verificación aleatoria de los datos de las personas consignadas como supuestos beneficiarios de los kits de alimentos que figuran en las planillas de entrega de cestas básicas remitidas al Ministe­rio Público por la Municipa­lidad de Ciudad del Este ela­borados por funcionarios del municipio, de cuyo informe resultó que varios de estos supuestos beneficiarios son personas que residirían en el extranjero y en otros depar­tamentos del país, alejados de Ciudad del Este, Dpto. de Alto Paraná”, refiere el docu­mento que cita algunos nom­bres a continuación de perso­nas que residían fuera de los límites esteños, a kilómetros de distancia, en otros depar­tamentos.

Otro informe técnico peri­cial calígrafo del Laboratorio Forense del Ministerio Público realizado de forma aleatoria de las planillas de beneficia­rios confirma que algunas “fueron llenadas y firma­das por la misma persona, lo que nos permite suponer que estas planillas fueron crea­das a los efectos de aparentar la supuesta entrega de estos kits de alimentos a supuestos beneficiarios”.