Empresas cercanas a dos legisladores liberales fueron beneficiadas con millonarios montos para la provisión de alimentos a instituciones públicas y particularmente para la entrega de merienda y almuerzo escolar. En total, tres firmas ligadas a los opositores se alzaron con contratos por más de G. 341.000 millones.

• Por Juan Carlos Lezcano

Más de G. 341.000 millones (unos USD 46,7 millo­nes) en contratos para la provisión de alimentos a instituciones públicas recibieron las empresas LF Latin Food SA (ex-Arcán­cel SA), Pinoty SA y Villa Madrid. Las primeras dos son firmas cercanas a la senadora Celeste Amari­lla, mientras que la tercera está vinculada al diputado Pedro Gómez Silva, ambos del Partido Liberal.

De acuerdo con lo que consta en la página web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públi­cas (DNCP), estas tres fir­mas cercanas a los políticos opositores se alzaron con un total de 103 contratos con instituciones estatales desde el 2010 hasta el pre­sente año.

La firma que más dinero recibió por parte de ins­tituciones públicas es LF Latin Food SA (ex-Arcán­cel SA). De acuerdo con los datos que se desprenden en la web de la DNCP, esta empresa cercana a la sena­dora Amarilla fue benefi­ciada con un total de 28 contratos con entidades públicas desde 2010 hasta el presente año.

Del total, el Ministerio de Salud Pública es el que más veces contrató a LF, con un total de diez adjudica­ciones. En segundo lugar, entre los “mejores clientes” aparece la Gobernación de Central, con un total de ocho contratos.

En total , esta firma recibió la friolera suma de G. 176.809 millones (unos USD 24,2 millones) por parte de instituciones del Estado.

LF Latin Food SA, ante­riormente denominada Arcángel SA, es represen­tada por María Isabel Gavi­lán y Patricio Buteler. Esta empresa tiene una cercana relación con la senadora liberal Celeste Amarilla. De acuerdo con la decla­ración jurada de bienes y renta presentada por la legisladora opositora ante la CGR en 2023, la empresa proveedora de merienda escolar le debe unos G. 124 millones, correspondien­tes a utilidades de ejerci­cios anteriores. Además, la legisladora se muestra como una amiga cercana de Gavilán en publicacio­nes realizadas en redes sociales.

Amarilla declaró una drás­tica reducción de la deuda de la empresa durante los años del gobierno de Mario Abdo Benítez. En la mani­festación de bienes de Ama­rilla del 2018 figuran deu­das a cobrar a Arcángel SA por G. 3.000 millones y en 2019 subió a G. 3.425 millo­nes, ella ya era diputada en ese momento. Al asumir como senadora, sus cuen­tas a cobrar bajaron a G. 125 millones.

Volviendo a los contratos, como ya señalamos líneas más arriba, el Ministerio de Salud Pública fue el que más contratos entregó a Latin Food. Sin embargo, la Gobernación del depar­tamento Central es la que más dinero adjudicó a la firma.

De hecho, el mayor con­trato firmado por LF con una entidad pública fue precisamente con el gobierno centralino. En concreto, en 2015 la admi­nistración del liberal Blas Lanzoni firmó un con­trato de G. 37.000 millo­nes con la empresa que en esa época tenía aún a la hoy senadora (y corre­ligionaria del entonces gobernador) Celeste Ama­rilla en su nómina accio­naria.

De los más de G. 176.809 millones que recibió esta empresa del Estado, la mayor parte provino de la Gobernación de Cen­tral. En concreto, fueron G. 130.405 millones de los centralinos los entregados a Latin Food.

El Ministerio de Salud Pública entregó otros G. 30.785 millones a la firma, que tiene entre sus “clien­tes” a las gobernaciones de Ñeembucú, Misiones, Alto Paraná, Concepción y Amambay. Además, tam­bién fue contratada por la Senad y la Municipalidad de Guajayvi.

La firma Pinoty SA es la segunda que más dinero recibió entre las tres fir­mas. Entre 2012 y 2019, la firma fue beneficiada con un total de 30 contra­tos con el Estado, lo que le valió adjudicarse con más de G. 89.559 millones (unos USD 12 millones).

Al igual que LF Latin Food, Pinoty SA tiene una cer­cana relación con la sena­dora Celeste Amarilla. De hecho, ambas firmas com­parten la misma represen­tante, según Contratacio­nes Públicas: María Isabel Gavilán. Como ya dijimos líneas arriba, esta empre­saria muestra en redes sociales su cercana amis­tad con la legisladora.

Además, Pinoty SA es una de las deudoras de Amari­lla, según su declaración jurada de bienes y rentas. Cuando asumió como dipu­tada, en 2018, la firma le debía a la legisladora libe­ral más de G. 6.000 millo­nes, suma que se redujo a G. 4.500 millones para 2019.

De acuerdo con la última DD. JJ. de Amarilla, pre­sentada tras jurar como senadora el año pasado, la firma actualmente tiene una deuda de G. 1.611 millones.

La institución que más veces contrató a Pinoty SA fue la Gobernación de Cen­tral, con cuatro contratos. Le siguen las gobernacio­nes de Alto Paraná, Caa­guazú y Ñeembucú con tres adjudicaciones cada una.

En términos de contratos individuales, la Goberna­ción de Caaguazú fue la que le entregó la mayor adjudi­cación. Fue en 2015 cuando la administración de Mario Varela le entregó un con­trato de G. 18.763 millones para la provisión de ali­mentos para el almuerzo escolar.

De hecho, el gobierno del quinto departamento es la institución que más dinero entregó en contratos a Pinoty SA: un total de G. 27.230 millones. Le sigue la Gobernación de Central, con G. 14.008 millones.

La lista se cierra con la firma Villa Madrid SA, empresa ligada al dipu­tado liberal por el depar­tamento Central, Pedro Gómez Silva.

La firma tiene como repre­sentantes legales a María Ana Silva y Mónica Gómez, madre y hermana, res­pectivamente, del legis­lador liberal. De hecho, la empresa tuvo como uno de sus primeros accionistas a Roberto Pedro Gómez Ver­langieri, fallecido padre del diputado.

Según los datos que cons­tan en la web de la DNCP, la firma recibió un total de 46 contratos con el Estado, lo que le valió adjudicacio­nes por más de G. 75.052 millones desde el 2013 en adelante.

Más de la mitad de las adjudicaciones, 26 en concreto, fueron otorga­das por el Ministerio de Salud Pública. Seis contra­tos fueron con la Gober­nación del departamento Central y cuatro fueron con la Senad.

Sin embargo, la mayor can­tidad de dinero provino de la Gobernación de Central, institución que le entregó también el contrato más jugoso a la empresa de la familia del diputado.

En una sola oportunidad, el gobierno centralino le entregó un contrato de más de G. 24.000 millo­nes a la firma. Más con­cretamente, fue en 2017, durante la administra­ción del liberal Blas Lan­zoni, cuando la empresa de la familia Gómez fue beneficiada con una adju­dicación para la provisión de pan lacteado, cereales y otros, para la merienda escolar.

Dos años antes, la admi­nistración de Lanzoni también había entregado otro contrato de G. 18.000 millones a la empresa de la familia de su correligiona­rio liberal.

En total, la Gobernación de Central entregó contratos por más de G. 67.613 millo­nes a Villa Madrid SA.

Gómez Silva fue uno de los legisladores que defendió el pedido de aumento pre­supuestario presentado por el gobernador del departa­mento Central, el también liberal Ricardo Estigarri­bia, cuando el año pasado el Congreso estudiaba el Presupuesto General de la Nación para el 2024.

El estudio del pedido de ampliación presupuestaria solicitada por la adminis­tración de Estigarribia tuvo lugar en el pleno de Diputa­dos el 11 de octubre de 2023, fecha en la que el plantea­miento fue rechazado.

Para ese entonces, la Gobernación de Central ya había iniciado la licita­ción para la provisión de alimentos para las escue­las del departamento. Más concretamente, según la web de Contrataciones, la licitación fue publicada ya el 30 de agosto del año pasado. Entre los oferen­tes apareció Villa Madrid SA, la empresa de la familia del diputado Gómez, que votó a favor de la amplia­ción solicitada.

La justificación de Estiga­rribia fue entonces que, sin más dinero, no habría más alimentos para niños. Ali­mentos que son proveídos, entre otros, por la empresa de la familia de uno de los diputados que votó a favor de la ampliación.