La Contraloría General de la República dictaminó la semana pasada que el senador “pulpo” de las licitaciones Luis Pettengill Vacca incurrió en conflicto de intereses al votar a favor del préstamo de USD 600 millones que tiene como uno de los beneficiarios a la empresa Ocho A SA, mientras tanto, la megacontratista, consorciada en algunos casos, ya tiene millonarios cobros de deudas aprobados que deben cancelarse a fines de este mes.
- Unidad de Investigación Nación Media
Mientras se acentúa el debate y los cuestionamientos sobre el caso del senador Luis Pettengill Vacca a raíz de que la Contraloría General de la República (CGR) dictaminara que incurrió en conflicto de intereses al votar por el préstamo que favorece a Ocho A SA, megacontratista estatal a la que se lo vincula, la empresa en algunos casos consorciada ya tiene cobros de deudas aprobados en diciembre pasado por valor de G. 92.687 millones por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) que deben cancelarse antes de fin de mes.
En el sistema de Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) figuran 15 pagos autorizados a la proveedora estatal entre el 26 y 29 de diciembre de 2023, dos meses después de que el Senado (del que forma parte Pettengill) aprobara el endeudamiento de USD 600 millones para honrar saldos atrasados. Estos compromisos obligados con la empresa vinculada a Pettengill, actualmente manejada por su hijo Juan Carlos Pettengill Castillo, deben terminar de honrarse antes de que acabe el mes de febrero, según los anuncios realizados por el Ministerio de Economía y Finanzas.
En la lista de STR aprobados figura por ejemplo pagos que el Estado debe realizar al consorcio que integra la empresa del clan Pettengill por la defectuosa ruta Transchaco que antes de inaugurarse ya tiene baches. Una auditoría está en curso para analizar la calidad de los materiales utilizados. El pavimento se habilitó a modo de prueba y según los técnicos del MOPC, de no cumplirse las especificaciones técnicas, no puede inaugurarse y menos firmar acta de recepción, pero los compromisos de pagos ya están aprobados y a punto de liberarse a favor del consorcio de la megacontratista Ocho A SA.
La suma de las STR financiadas con los bonos emitidos por el Tesoro coincidentemente equivale a G. 50.000 millones, que es el pago pendiente por el contrato adjudicado de G. 593.061 millones al consorcio Avanza Chaco de la empresa del clan Pettengill. Precisamente, la CGR dictaminó que en el proyecto de ley que aprueba el endeudamiento que favorece a proveedoras del Estado, que tiene como beneficiario a Ocho A SA, el parlamentario debió abstenerse. Así también, por el plazo de 3 años no está habilitado a votar, por ello, infringió la Ley de Prevención de Conflicto de Intereses.
El legislador tiene 15 días para presentar su descargo; sin embargo, en el proceso aumentan las posiciones, incluso de sus mismos colegas de que Pettengill no debe estar en el Senado porque estaba inhabilitado a candidatarse por los vínculos con contratistas del Estado de las que no se apartó 90 días antes de postularse, tal como establece el artículo 197 de la Constitución Nacional.