El Senado deberá resolver el caso del senador Luis Pettengill Vacca que incurrió en conflicto de intereses en el cargo, según la Contraloría, y que, dicho por abogados constitucionalistas, estaba inhabilitado para ser candidato por sus vínculos con empresa contratista del Estado.

• Unidad de Investigación
• Nación Media

La Contraloría Gene­ral de la República (CGR), en su dicta­men sobre el conflicto de intereses en que incurrió el senador Luis Petten­gill Vacca, confirmó que el legislador fue presidente/ accionista de la megacon­tratista del Estado Ocho A SA hasta el 21 de marzo de 2023, hecho que ratifica la inhabilidad constitucional que tenía al momento de postularse al cargo.

El art. 197 de la Constitución Nacional establece que los aspirantes al cargo de sena­dor deben desvincularse de empresas contratistas del Estado 90 días antes de ins­cribir su candidatura en el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Sin embargo, Pet­tengill, según los documentos analizados por la Contraloría, continuaba en firma provee­dora al momento de suscribir su postulación que fue el 6 de junio de 2022.

No pueden ser candida­tos a senadores ni a dipu­tados los representantes o mandatarios de empresas, corporaciones o entidades nacionales o extranjeras que sean concesionarias de servicios estatales, o de eje­cución de obras o provisión de bienes al Estado, señala el inciso 6 del artículo 197 de la Constitución Nacio­nal. “Los ciudadanos afec­tados por las inhabilitacio­nes previstas en los incisos 4, 5, 6, y 7 deberán cesar en su inhabilidad para ser can­didatos noventa días, por lo menos, antes de la fecha de inscripción de sus listas en el Tribunal Superior de Jus­ticia Electoral”, estipula en el párrafo siguiente.

Los abogados constitucio­nalistas ya habían men­cionado la inhabilidad en el cargo de Pettengill, pero pasaron 7 meses de ubicarse en su curul, sin mayores inconvenientes más que algunos cuestiona­mientos por parte de algu­nas colegas enojadas en su momento por el voto del mismo para la aprobación de un préstamo que tiene en nómina de beneficiarios a la megaempresa contra­tista de su familia cuando refirieron que el mismo no debió ser candidato con su situación. La polémica la habían desatado las par­lamentarias, sin embargo, generó denuncia ante la CGR, que inició una inves­tigación y confirmó la existencia de conflicto de intereses por parte de Pet­tengill y remitió el informe hace un par de días al Con­greso Nacional.

Pettengill todavía figuraba en papeles de la megacontra­tista del Estado meses antes de votar a favor del proyecto de ley de endeudamiento de hasta USD 600 millones para el pago a proveedoras que incluye a la empresa de su familia, cuando debió abstenerse por el término de 3 años después de des­vincularse, según lo esta­blecido en el artículo 20 de la Ley 7089/23, remarcó en su informe la Contraloría.

Los antecedentes, vín­culos y el reciente dicta­men de existencia de con­flicto de intereses tienen en una incómoda situación al senador, conocido como un “pulpo” de las licitacio­nes con G. 6,3 billones en adjudicaciones acumula­das en la última década, mediante 4 empresas con una red de consorcios que acaparan contrataciones públicas.

Desde la Contraloría men­cionaron que Pettengill tiene 15 días hábiles para presentar su descargo y se pueda concluir el tema. Tras esto, el Senado deberá analizar las sanciones que pudiera aplicar, contexto del que no se puede descar­tar una impugnación que defina la incompatibilidad e inhabilidad de Pettengill en el cargo.