Carmen Alonso, extitular de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben), funcionaria de confianza del gobierno de Mario Abdo Benítez, señalada como principal responsable del rosario de irregularidades en compra de medicamentos por urgencia durante la pandemia.
Unidad de Investigación, Nación Media
La exfuncionaria de confianza del gobierno de Mario Abdo Benítez al frente de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben), Carmen Corina, debe rendir cuentas a la Justicia por la serie de irregularidades detectadas en dos auditorías con informes demoledores de la Contraloría General de la República (CGR) y de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE) sobre el uso del sensible programa Pytyvõ Medicamentos durante la emergencia sanitaria por el covid-19.
Una serie de anomalías revelan el bastardeo del programa de G. 40.000 millones en la Diben ejecutado entre abril y diciembre de 2021, tiempos muy duros de la pandemia, por lo que el abogado de la institución en la nueva administración presentó una denuncia ante el Ministerio Público por supuesto hecho de lesión de confianza que tiene como principal responsable a la exdirectora de la institución.
El programa de asistencia consistía en subsidio de hasta G. 50 millones para pacientes covid que ingresaban a terapia intensiva. Las auditorías consignaron más de una docena de observaciones de irregularidades, entre las que no se descartan posible daño patrimonial, razón por la cual en setiembre pasado se presentó la denuncia ante la Fiscalía.
El análisis subraya desde la falta de registro contable por transferencias realizadas, malos manejos como diferencias entre importes declarados en la rendición de cuentas a la (CGR) y las planillas de pagos remitidas por Bancard, compra de medicamentos de farmacias externas sin la documentación pertinente que avale la inexistencia en los hospitales del Ministerio de Salud Pública, beneficiarios adjudicados con montos superiores a los establecidos en las normativas, subsidios aprobados con recetas sin firma del médico tratante. Se llegaron a utilizar una misma receta para varios subsidios aprobados, se hicieron compras de medicamentos por más de G. 8.000 millones en farmacias no habilitadas por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), se rindieron con presuntas recetas adulteradas medicamentos no indicados, aparecen también recetas subsidiadas posterior al alta de terapia intensiva por G. 264 millones.
Hechos suspicazmente relevantes que una sola persona haya cobrado G. 233 millones por una rara capacidad de atender hasta 24 pacientes en terapia intensiva al mismo tiempo en diferentes hospitales como los de Ciudad del Este e Itapúa.
Verificaciones aleatorias también confirmaron pagos de G. 476 millones por remedios no suministrados a los pacientes de terapia intensiva. “Se corrobora recetas subsidiadas con medicamentos que no fueron indicados en las fichas médicas como tampoco suministrados al paciente, según la hoja de enfermería”, dice parte del informe de AGPE.
El Ministerio Público deberá ahondar en la investigación que ya tiene bases sólidas con los informes de auditoría para confirmar el presunto delito atribuido y otros hechos punibles posibles.