Rossana Escobar M. rossana.escobar@nacionmedia.com
Ocho meses después del primer destape de los miles de millones de guaraníes que movía el clan Núñez – Defelippe, pareja de candidatos perdidosos de las últimas elecciones generales, mediante red de oenegés que operan junto con una rosca cerrada de amigos, senadores presentaron proyecto de ley para establecer normativas al funcionamiento de estas organizaciones que reciben fondos del Estado o tienen como beneficiarios a entidades públicas y sociedad civil.
Notable, pero las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) que surgieron y multiplicaron con banderas de la transparencia, la lucha contra la corrupción, el control de gastos públicos son las que en su mayoría funcionan al margen de lo que plantean. Nuestro diario había revelado los proyectos millonarios e incalculables de una red de oenegés en torno al Estado de la pareja de excandidatos de la Concertación, Bruno Defelippe y Soledad Núñez. Disfrazados de organización civil incluso movían operadores políticos que, mientras hacían campaña por los mencionados políticos, eran reclutados por oenegé de los mismos (Alma Cívica) para “controlar” elecciones.
Así como el clan Núñez – Defelippe hay muchos otros con oenegés que exprimen al Estado, se financian mediante proyectos públicos, convenios con entidades con estatales y tienen misteriosas fuentes de financiamiento desde el exterior. Otro sonado ejemplo es la alevosa repartija del dinero público entre el clan Carrizosa – Alcaraz, gracias a convenios con entidades sensibles y que fue la detonante para que un grupo de senadores presente el proyecto de ley de control, transparencia y rendición de cuentas de las OSFL.
El secreto del negocio puede llegar a su fin ya que se estipula la declaración del origen y destino de fondos recibidos, rendiciones de cuentas de gastos, plantel involucrado, informes semestrales, etc., que deberán estar disponibles en un Registro Nacional de OSFL.
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Oenegeros cobraron sueldo de ministro con donación de USAID
Rossana Escobar M.
rossana.escobar@nacionmedia.com
Los documentos entregados a cuentagotas a la Comisión Bicameral de Investigación de delitos, como el lavado de activos y otros, confirman y reconfirman que la donación de USD 58 millones a Paraguay, por parte de la clausurada Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid) durante el Gobierno de Mario Abdo Benítez, fue un gran negocio de los amigos, políticos aliados al expresidente.
El 90% de los recursos recibidos para un proyecto que iba a linchar la corrupción, la impunidad, potenciar la transparencia y la democracia, se redujo a una repartija de sueldos y honorarios sin precedentes, gastos en viajes, costos indirectos que, difícilmente sabremos en qué consisten ya que existe una resistencia a la rendición de cuentas.
Oenegeros directivos y personal directivo, consultores se dieron la gran panzada con millonarios sueldos y honorarios que equivalen e incluso superan sueldos de ministros de carteras del Estado.
Martha Ferrara, directiva ejecutiva de la ONG Semillas para la Democracia que recibió USD 800.000 para “aumentar la participación de los actores de la sociedad civil en el seguimiento de casos de irregularidades en financiamiento político para abordar la influencia del crimen organizado y la corrupción en las elecciones”, es una de las más beneficiadas. En este proyecto con pomposo nombre, sin resultados visibles, la eterna directora de Semillas para la Democracia registra honorarios mensuales de G. 31 millones.
El salario que percibió Ferrara de una donación a nombre de todos los paraguayos es más que privilegiado. Supera ampliamente a lo que cobra un ministro del Poder Ejecutivo que tiene un ingreso base de G. 22 millones, más gastos de representación alcanza un sueldo de G. 26 millones, siendo ampliamente diferenciados los servicios y los compromisos.
Las labores de la directora de Semillas para la Democracia era pasearse por los medios de comunicación, organizar reuniones con sus periodistas amigos y premiarles por sus labores en las que por cierto era siempre destacada.
José Molinas, director de Instituto (ID), consultora que recibió USD 4.300.000 de Usaid y otros USD 433.333 de contrapartida local también se autocontrató y se asignó un sueldo mensual de G. 26.000.000.
Ezequiel Santagada, director ejecutivo del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), recibió USD 2.200.000 por dos proyectos, uno denominado Compromiso con la Prosperidad de USD 1.200.000 y el otro Sin Oportunidad para la Impunidad de USD 1.000.000.
Santagada registra honorarios de G. 23.500.000 en los documentos proveídos a la Comisión Bicameral, según publicados en el portal del senado.
Estos son algunos de los jugosos honorarios repartidos de la donación de USD 58 millones de USAID que era un proyecto de “Asistencia para el Desarrollo” que tenía una contribución de USD 5 millones por parte del Estado paraguayo y que terminó asistiendo a los líderes de ONG y consultoras.
Esto sin contar que, el resto del presupuesto fueron a gastos administrativos y algunos lujos adicionales que, difícilmente puedan darse corporaciones que deber producir para generar sus ingresos.
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Peña defiende ley que transparenta gestión de ONGs
El presidente paraguayo, Santiago Peña, aseguró este lunes que la ley sobre el financiamiento de oenegés “no cercena” los derechos de estas organizaciones, pese a las críticas.
“Nosotros nos aseguramos de que la ley no impida ni cercene ningún derecho de ninguna organización de poder desenvolverse de manera clara y transparente”, aseguró Peña en una entrevista con la AFP en París, en el marco de una gira internacional.
La “ley de transparencia”, promulgada el 15 de noviembre, establece “el control, transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”, y les exige un detalle anual de fines, programas, listas de profesionales, técnicos y personal de cualquier índole a su servicio.
Referentes de organizaciones y consultoras internacionales alertaron la semana pasada sobre el riesgo de un “giro autoritario” en Paraguay tras la promulgación de la ley a la que acusan de desalentar el financiamiento internacional de las oenegés y limitan su operatividad.
Peña atribuyó las críticas a una “retórica política” y defendió que las autoridades trabajaron junto a “varias organizaciones de la sociedad civil” para solventar las “deficiencias” de una versión inicial del Senado y para que “la ley diera todas las garantías y todos los derechos”.
“Lo que hace la ley sí es llevar un registro de las organizaciones, que eso también eran reclamos que se habían hecho en el ámbito de la lucha contra la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ya que identifica a la organizaciones de la sociedad civil como áreas de riesgo”, agregó.
Fuente: AFP
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Ley de Transparencia sincerará rol de las oenegés ante la ciudadanía
Los rosarios de cuestionamientos que arrastran varios dirigentes que administran grandes corporaciones de ONGs, han impulsado, gracias a la atención que pusieron algunos parlamentarios, un proyecto de Ley de Transparencia que fue promulgado en estos días y que obligará a operar a cara descubierta después de años de oscurantismo en el financiamiento como del real interés que persiguen.
La contaminación que sufrieron las ONGs, principalmente las que reciben multimillonarios fondos tanto local como internacional han opacado la esencia de estas organizaciones perjudicando a aquellas cuyos fines siguen siendo el bienestar social. La nueva normativa dará luz sobre la existencia de estos grupos con la información que deberán disponer para la ciudadanía.
Rossana Escobar M. (rossana.escobar@nacionmedia.com)
La Ley número 7.363/2024, que promulgó el presidente de la República, Santiago Peña, la semana pasada y “que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”, conocidas como ONGs, pondrá luz al oscurantismo en el que se manejan varias ONGs, principalmente aquellas que reciben fondos multimillonarios y giran en torno a programas o actividades públicos. Esto significa un sinceramiento de las acciones de estos grupos con la ciudadanía a la que siempre invocan como beneficiaria de sus diferentes proyectos.
El intento de satanización mediante campañas de desinformación, típica herramienta utilizada por los conocidos oenegeros, muy particularmente de las grandes empresas ONGs que supieron incentivar a sus aliados mediáticos, periodistas de élite quedó totalmente desmoronado ante el proyecto de Transparencia y los monumentales fondos que en nombre de la ciudadanía fueron distribuidos en los bolsillos de grupos reducidos. Una oposición oportunista, aferrada al desfazado discurso de la organización para la representación civil con varios de sus operadores colgados del dinero que se mueve en el negocio oenegero, también quedó al descubierto y al arbitrio de la población.
Rendición de cuentas, es la frase que engloba la recientemente promulgada Ley y que generó urticaria a varios oenegeros y políticos vinculados a sus campañas que, a toda costa quisieron plantar la idea de que es un garrote para desalentar la organización civil. Una mentira feroz, en el artículo primero se garantiza el derecho a libre asociación para los fines que se propongan toda vez que sean lícitas.
La normativa, entre otros, establece que todas las asociaciones, fundaciones, ONGs, y otras entidades similares que manejen fondos públicos o privados, tanto nacionales como internacionales, se registren en el Registro Nacional de Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), que estará a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. Esta medida abarca a cualquier entidad que reciba o administre fondos relacionados con actividades de competencia del Estado, gobernaciones, municipalidades y otros entes autónomos.
Las OSFL deberán incluir en sus estatutos la identidad de sus fundadores, su objetivo, fuentes de financiamiento y llevar un registro detallado de los fondos recibidos, con sus respectivas facturas y documentos respaldatorios. Además, deberán mantener una lista detallada de todos los profesionales y personal contratado, ya sea nacional o extranjero, relacionado con el uso de los fondos. Los primeros informes que llegó a recabar la Comisión Bicameral de Investigación del Congreso (CBI), puso en evidencia que recursos dispuestos en beneficio de la ciudadanía básicamente se tradujeron en facturaciones para mismos oenegeros, sus clanes familiares y consultores amigos.
No hay que olvidar que la mencionada Ley es producto de un largo proceso de debate durante el cual salieron a la luz manejos discrecionales, denuncias de corrupción, nepotismo por parte de directores, administradores de ONGs que reciben fondos del Estado y de otros organismos mediante donaciones a Paraguay sin mayores impactos en favor de la ciudadanía.
Un claro ejemplo de cómo se ha bastardeado el rol de algunas ONGs es el esquema con fondos millonarios recibidos que involucra a dupla de excandidatos de la Concertación, Soledad Núñez y Bruno Defelippe. Empezaron como voluntarios, pero rápidamente construyeron una red de negocios bajo la apariencia de ONGs, articulada a través de la empresa de Defelippe. Esta red mueve miles de dólares provenientes de organismos multilaterales y contrapartidas estatales, destinando fondos a consultorías y emprendimientos que benefician a un selecto grupo de amigos.
Otro sonado de corrupción con ONG es el que involucra al presidente del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CRID), Agustín Carrizosa que en plena crisis económica por el Covid – 19 se aprovechó de un convenio con el Estado y con plata de los contribuyentes repartió sueldos a su hija Paola Carrizosa Bradshaw, a su pareja María Berta Rojas Aveiro, a su cuñada Marta María Rojas Aveiro, al hijo de su coordinador anticorrupción, Carlos Francisco Alcaraz. Así también hizo festín con dinero proveniente de donación a Paraguay con repartija de honorarios a su clan, periodistas, oenegeros amigos.
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Con ley de Transparencia de ONGs ponen el ojo en millonarios fondos para excelencia de la educación
El senador colorado Gustavo Leite puso sobre la mesa un tema que promete generar polémica y abrir una nueva línea de investigación sobre el manejo de recursos públicos: el destino de los millonarios fondos invertidos por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI). En entrevista televisiva, tras la promulgación de una ley que obliga a transparentar los fondos recibidos por las ONG que operan en Paraguay, el legislador anticipó un siguiente paso será revisar qué pasó con los 775 millones de dólares destinados a la educación, sin que se haya visto una mejora tangible en los últimos diez años.
- Unidad de Investigación Nación media
“Hoy se abre un camino hacia la transparencia”, manifestó Leite, al tiempo de señalar que la situación educativa del país sigue siendo alarmante a pesar de las multimillonarias inversiones. “Este es un curro de $800 millones al año, según la DNIT. El próximo gran curro es a dónde se fueron a parar los $775 millones que el Fondo para la Excelencia en la Educación y la Investigación invirtió en nuestra educación, que no mejora en los últimos 10 años”, expresó. Además, el senador no descartó la posibilidad de que varias instituciones y actores hayan intervenido en la distribución de esos recursos.
¿Qué es el FEEI y cuál ha sido su impacto?
El Fondo para la Excelencia en la Educación y la Investigación (FEEI) fue creado en 2012 con el propósito de financiar proyectos de gran impacto en la educación y la investigación científica en Paraguay. Los recursos provienen del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), que a su vez se nutre de los ingresos generados por la explotación de la represa hidroeléctrica binacional Itaipú. Desde su creación, el FEEI ha aprobado proyectos relacionados con la mejora de la infraestructura educativa, la formación docente, el acceso a tecnología y el desarrollo de programas para garantizar la inclusión educativa.
Sin embargo, el uso de estos recursos ha estado rodeado de críticas. Según informes recientes, Paraguay sigue enfrentando serios problemas educativos. Más del 65% de los estudiantes no alcanza el nivel básico de comprensión lectora, y en matemáticas, los resultados son aún más alarmantes: solo el 13% supera los niveles mínimos establecidos por las evaluaciones internacionales como PISA. Además, los docentes enfrentan graves dificultades en su formación y actualización, mientras que la infraestructura escolar, especialmente en zonas rurales, está en condiciones deplorables.
Educación en crisis
A pesar de los millonarios desembolsos, la situación de la educación en Paraguay es paupérrima. Según datos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), más del 30% de las escuelas públicas tienen infraestructura precaria, y un 20% no cuenta con acceso a agua potable o baños en condiciones adecuadas. Además, el abandono escolar sigue siendo un desafío: alrededor del 10% de los estudiantes no culminan la educación primaria, y la cifra aumenta significativamente en el nivel secundario.
Otro punto crítico es la falta de formación y capacitación docente. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reveló que solo un porcentaje limitado de los maestros cuenta con habilidades para aplicar métodos pedagógicos innovadores, lo que repercute directamente en la calidad del aprendizaje de los estudiantes.
El desafío de la transparencia
El anuncio de Gustavo Leite llega en un momento clave, en el que la ciudadanía exige mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos. La reciente promulgación de la ley que obliga a las ONG a rendir cuentas sobre los fondos que reciben sienta un precedente para extender estas medidas a otras áreas, como el manejo del Fonacide y el FEEI.
El FEEI ha financiado proyectos como el programa de primera infancia “Abrazo”, que busca apoyar a niños en situación de vulnerabilidad, y la dotación de tecnología para el aprendizaje en las escuelas. Sin embargo, los resultados no han sido consistentes con la magnitud de las inversiones. Una auditoría más exhaustiva de estos recursos podría arrojar luz sobre las posibles irregularidades en la ejecución de los proyectos.
Un tema de interés nacional
La transparencia en la gestión de los recursos del FEEI es, sin lugar a dudas, un tema de interés nacional. Como señaló Leite, el hecho de que la educación no haya mejorado significativamente a pesar de las cuantiosas inversiones obliga a las autoridades a cuestionarse sobre la eficacia y la correcta ejecución de estos recursos.
El desafío no solo radica en determinar si hubo irregularidades en el uso de los fondos, sino también en repensar cómo deben estructurarse los programas de inversión educativa para que realmente beneficien a los estudiantes y mejoren las alarmantes cifras actuales. Por ahora, el camino hacia la transparencia parece abrirse con fuerza, y el escrutinio público será clave para garantizar que los recursos destinados a la educación sean utilizados en beneficio del futuro de Paraguay.