Los rosarios de cuestionamientos que arrastran varios dirigentes que administran grandes corporaciones de ONGs, han impulsado, gracias a la atención que pusieron algunos parlamentarios, un proyecto de Ley de Transparencia que fue promulgado en estos días y que obligará a operar a cara descubierta después de años de oscurantismo en el financiamiento como del real interés que persiguen.

La contaminación que sufrieron las ONGs, principalmente las que reciben multimillonarios fondos tanto local como internacional han opacado la esencia de estas organizaciones perjudicando a aquellas cuyos fines siguen siendo el bienestar social. La nueva normativa dará luz sobre la existencia de estos grupos con la información que deberán disponer para la ciudadanía.

Rossana Escobar M. (rossana.escobar@nacionmedia.com)

La Ley número 7.363/2024, que promulgó el presidente de la República, Santiago Peña, la semana pasada y “que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”, conocidas como ONGs, pondrá luz al oscurantismo en el que se manejan varias ONGs, principalmente aquellas que reciben fondos multimillonarios y giran en torno a programas o actividades públicos. Esto significa un sinceramiento de las acciones de estos grupos con la ciudadanía a la que siempre invocan como beneficiaria de sus diferentes proyectos.

El intento de satanización mediante campañas de desinformación, típica herramienta utilizada por los conocidos oenegeros, muy particularmente de las grandes empresas ONGs que supieron incentivar a sus aliados mediáticos, periodistas de élite quedó totalmente desmoronado ante el proyecto de Transparencia y los monumentales fondos que en nombre de la ciudadanía fueron distribuidos en los bolsillos de grupos reducidos. Una oposición oportunista, aferrada al desfazado discurso de la organización para la representación civil con varios de sus operadores colgados del dinero que se mueve en el negocio oenegero, también quedó al descubierto y al arbitrio de la población.

Rendición de cuentas, es la frase que engloba la recientemente promulgada Ley y que generó urticaria a varios oenegeros y políticos vinculados a sus campañas que, a toda costa quisieron plantar la idea de que es un garrote para desalentar la organización civil. Una mentira feroz, en el artículo primero se garantiza el derecho a libre asociación para los fines que se propongan toda vez que sean lícitas.

La normativa, entre otros, establece que todas las asociaciones, fundaciones, ONGs, y otras entidades similares que manejen fondos públicos o privados, tanto nacionales como internacionales, se registren en el Registro Nacional de Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), que estará a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. Esta medida abarca a cualquier entidad que reciba o administre fondos relacionados con actividades de competencia del Estado, gobernaciones, municipalidades y otros entes autónomos.

Las OSFL deberán incluir en sus estatutos la identidad de sus fundadores, su objetivo, fuentes de financiamiento y llevar un registro detallado de los fondos recibidos, con sus respectivas facturas y documentos respaldatorios. Además, deberán mantener una lista detallada de todos los profesionales y personal contratado, ya sea nacional o extranjero, relacionado con el uso de los fondos. Los primeros informes que llegó a recabar la Comisión Bicameral de Investigación del Congreso (CBI), puso en evidencia que recursos dispuestos en beneficio de la ciudadanía básicamente se tradujeron en facturaciones para mismos oenegeros, sus clanes familiares y consultores amigos.

No hay que olvidar que la mencionada Ley es producto de un largo proceso de debate durante el cual salieron a la luz manejos discrecionales, denuncias de corrupción, nepotismo por parte de directores, administradores de ONGs que reciben fondos del Estado y de otros organismos mediante donaciones a Paraguay sin mayores impactos en favor de la ciudadanía.

Un claro ejemplo de cómo se ha bastardeado el rol de algunas ONGs es el esquema con fondos millonarios recibidos que involucra a dupla de excandidatos de la Concertación, Soledad Núñez y Bruno Defelippe. Empezaron como voluntarios, pero rápidamente construyeron una red de negocios bajo la apariencia de ONGs, articulada a través de la empresa de Defelippe. Esta red mueve miles de dólares provenientes de organismos multilaterales y contrapartidas estatales, destinando fondos a consultorías y emprendimientos que benefician a un selecto grupo de amigos.

Otro sonado de corrupción con ONG es el que involucra al presidente del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CRID), Agustín Carrizosa que en plena crisis económica por el Covid – 19 se aprovechó de un convenio con el Estado y con plata de los contribuyentes repartió sueldos a su hija Paola Carrizosa Bradshaw, a su pareja María Berta Rojas Aveiro, a su cuñada Marta María Rojas Aveiro, al hijo de su coordinador anticorrupción, Carlos Francisco Alcaraz. Así también hizo festín con dinero proveniente de donación a Paraguay con repartija de honorarios a su clan, periodistas, oenegeros amigos.

El senador colorado Gustavo Leite puso sobre la mesa un tema que promete generar polémica y abrir una nueva línea de investigación sobre el manejo de recursos públicos: el destino de los millonarios fondos invertidos por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI). En entrevista televisiva, tras la promulgación de una ley que obliga a transparentar los fondos recibidos por las ONG que operan en Paraguay, el legislador anticipó un siguiente paso será revisar qué pasó con los 775 millones de dólares destinados a la educación, sin que se haya visto una mejora tangible en los últimos diez años.

• Unidad de Investigación Nación media

“Hoy se abre un camino hacia la transparencia”, manifestó Leite, al tiempo de señalar que la situación educativa del país sigue siendo alarmante a pesar de las multimillonarias inversiones. “Este es un curro de $800 millones al año, según la DNIT. El próximo gran curro es a dónde se fueron a parar los $775 millones que el Fondo para la Excelencia en la Educación y la Investigación invirtió en nuestra educación, que no mejora en los últimos 10 años”, expresó. Además, el senador no descartó la posibilidad de que varias instituciones y actores hayan intervenido en la distribución de esos recursos.

El Fondo para la Excelencia en la Educación y la Investigación (FEEI) fue creado en 2012 con el propósito de financiar proyectos de gran impacto en la educación y la investigación científica en Paraguay. Los recursos provienen del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), que a su vez se nutre de los ingresos generados por la explotación de la represa hidroeléctrica binacional Itaipú. Desde su creación, el FEEI ha aprobado proyectos relacionados con la mejora de la infraestructura educativa, la formación docente, el acceso a tecnología y el desarrollo de programas para garantizar la inclusión educativa.

Sin embargo, el uso de estos recursos ha estado rodeado de críticas. Según informes recientes, Paraguay sigue enfrentando serios problemas educativos. Más del 65% de los estudiantes no alcanza el nivel básico de comprensión lectora, y en matemáticas, los resultados son aún más alarmantes: solo el 13% supera los niveles mínimos establecidos por las evaluaciones internacionales como PISA. Además, los docentes enfrentan graves dificultades en su formación y actualización, mientras que la infraestructura escolar, especialmente en zonas rurales, está en condiciones deplorables.

A pesar de los millonarios desembolsos, la situación de la educación en Paraguay es paupérrima. Según datos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), más del 30% de las escuelas públicas tienen infraestructura precaria, y un 20% no cuenta con acceso a agua potable o baños en condiciones adecuadas. Además, el abandono escolar sigue siendo un desafío: alrededor del 10% de los estudiantes no culminan la educación primaria, y la cifra aumenta significativamente en el nivel secundario.

Otro punto crítico es la falta de formación y capacitación docente. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reveló que solo un porcentaje limitado de los maestros cuenta con habilidades para aplicar métodos pedagógicos innovadores, lo que repercute directamente en la calidad del aprendizaje de los estudiantes.

El anuncio de Gustavo Leite llega en un momento clave, en el que la ciudadanía exige mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos. La reciente promulgación de la ley que obliga a las ONG a rendir cuentas sobre los fondos que reciben sienta un precedente para extender estas medidas a otras áreas, como el manejo del Fonacide y el FEEI.

El FEEI ha financiado proyectos como el programa de primera infancia “Abrazo”, que busca apoyar a niños en situación de vulnerabilidad, y la dotación de tecnología para el aprendizaje en las escuelas. Sin embargo, los resultados no han sido consistentes con la magnitud de las inversiones. Una auditoría más exhaustiva de estos recursos podría arrojar luz sobre las posibles irregularidades en la ejecución de los proyectos.

La transparencia en la gestión de los recursos del FEEI es, sin lugar a dudas, un tema de interés nacional. Como señaló Leite, el hecho de que la educación no haya mejorado significativamente a pesar de las cuantiosas inversiones obliga a las autoridades a cuestionarse sobre la eficacia y la correcta ejecución de estos recursos.

El desafío no solo radica en determinar si hubo irregularidades en el uso de los fondos, sino también en repensar cómo deben estructurarse los programas de inversión educativa para que realmente beneficien a los estudiantes y mejoren las alarmantes cifras actuales. Por ahora, el camino hacia la transparencia parece abrirse con fuerza, y el escrutinio público será clave para garantizar que los recursos destinados a la educación sean utilizados en beneficio del futuro de Paraguay.

El presidente Santiago Peña se mostró ayer a favor de apro­bar el proyecto de ley que establece el control, la trans­parencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro que reciban o administren fondos públicos o privados nacionales.

“Nadie debería estar renuente al control. Creo que la transparencia y el control son elementos fun­damentales que Paraguay ha implementado hace muchos años y esto le llega a todos los sectores”, manifestó el jefe de Estado al ser consul­tado sobre el citado proyecto de ley.

Dijo además no estar a favor de la persecución, de la dis­criminación, ni de cerce­nar ningún derecho que hoy está consagrado dentro de la Constitución Nacional, “pero entiendo que el con­trol y la transparencia es algo que todos los sectores vienen pidiendo y creo que en este caso se debería apli­car”, señaló.

El presidente del Senado, Basilio Núñez, remitió final­mente ayer el proyecto de ley al Poder Ejecutivo para su aceptación o rechazo.

Núñez dijo que particular­mente está a favor de la pro­puesta. “Yo estoy a favor de la transparencia, no podemos salir contra una ley donde se establecerá un mejor con­trol. Todas las instituciones que reciben dinero deben ser auditadas, el pueblo para­guayo tiene que saber en dónde están siendo destina­dos los recursos públicos”, señaló el senador.

Indicó que si el presidente Santiago Peña decide vetar el proyecto, la bancada oficia­lista en el Congreso respetará la decisión del jefe de Estado.

Unidad de Investigación Nación Media

Los ataques coordinados al senador Gustavo Leite por parte de medios y defensores de las organizaciones sin fines de lucro revelaron un alto nivel de hipocresía por parte del esquema político-comunicacional que lleva adelante la acometida contra el oficialismo. Los mismos que defendían las bondades de las oenegés, son los que ahora realizan contraataques a legisladores que impulsan ley de transparencia.

Una opereta político-comunicacional de varias etapas ha quedado al descubierto en los últimos días con los ataques al senador Gustavo Leite (ANR), quien forma parte de la comisión que busca transparentar los fondos que reciben organizaciones que se dicen sin fines de lucro.

La primera etapa, como ya reveló la Unidad de Investigación de Nación Media, utilizó un audio filtrado para intentar establecer una supuesta pelea entre el legislador y el presidente de la República, Santiago Peña. También sirvió para sacar del foco de la atención mediática el supuesto uso indebido de influencias por parte del senador liberal Enrique Salyn Buzarquis y tratar de establecer posibles irregularidades en la Comisión Bicameral de Investigación.

La segunda etapa inició el pasado 3 de octubre y no solo reveló el esquema político-comunicacional, sino también la hipocresía de quienes gritaban persecución contra las oenegés amigas, pero que atacan sin piedad a las que no forman parte de su círculo.

El ataque inició el 3 de octubre pasado. Como siempre, el encargado de lanzar la bomba mediática fue el multimedio ABC Color, propiedad del Grupo Zuccolillo, muy interesado en que la CBI de lavado no prospere, debido a que una de sus empresas tiene varios casos pendientes.

Ese día, desde la calle Yegros publicaron sobre los vínculos de Leite con la Asociación Civil Comunidad Cenáculo. La primera mentira fue el tratar como secreta la relación del legislador y su esposa con la comunidad que se dedica a la atención de personas adictas.

Era cuestión de buscar en internet para encontrar que GEN publicó en el 2021 una entrevista con Leite, en su carácter de tesorero de la oenegé, y que en julio de 2023 el perfil en X (antiguamente Twitter) del Arzobispado de Asunción publicó imágenes de una reunión del hoy cardenal Adalberto Martínez con el actual legislador.

La noticia fue recirculada rápidamente por medios aliados como Telefuturo, Monumental y Última Hora, todos propiedad del Grupo Vierci. Curiosamente, estos grupos olvidan la supuesta competencia entre ellos cuando de ataques coordinados se trata.

El esquema ya se vio varias veces antes: en mayo de 2022, cuando los medios de los Grupos Zuccolillo y Vierci amanecieron con las mismas portadas repitiendo el informe ilegal de la Seprelad para atacar al expresidente Horacio Cartes.

Tras la repetición entre los medios aliados, aparecieron los “activistas” y políticos aliados para proseguir con la siguiente fase del ataque. Avanzada e instalada la mentira de la supuesta organización secreta, la siguiente era hablar de la función de Leite como miembro de la CBI y como uno de los impulsores de la ley que transparenta los fondos que reciben las oenegés.

Por ejemplo, el diputado encuentrista Raúl Benítez salió a pedir la salida de Leite y que se desarme la CBI, una herramienta constitucional que alababa cuando brindaba informes contra el expresidente Cartes. Su ataque siguió luego pidiendo informes a la Itaipú por haber entregado G. 233 millones a la Comunidad Cenáculo.

Otro de los que replicó el pedido de renuncia de Leite fue el periodista Benjamín Fernández Bogado, el mismo que durante mucho tiempo dijo ser alumno de Harvard sin haberlo sido y que también recibió fondos a título personal y a través de su fundación.

También apareció la “escrachadora” María Esther Roa, quien aparece en la lista de activistas beneficiados con millonarios fondos por parte de oenegés que reciben financiamiento del extranjero.

Leite convocó a una conferencia de prensa en la que presentó los orígenes de los fondos que recibió la asociación civil. Curiosamente, quienes dicen estar en contra de la ley que obliga a transparentar los fondos que reciben las oenegés fueron los que atacaron al legislador por supuestamente no ser lo suficientemente transparente.

Una vez más fueron los medios y periodistas de los grupos Zuccolillo y Vierci los encargados del fogueo mediático. Por ejemplo, Última Hora se encargó de insistir en que la Comunidad Cenáculo recibió fondos de Tabesa e Itaipú, aunque se olvidó de mencionar que Antonio Vierci, propietario de ese diario, también realizó donaciones a la oenegé.

Además de los multimedios empresariales, también volvieron los ataques de los “independientes” como “El Surtidor”, un supuesto medio independiente que se financia con jugosos fondos del extranjero. Para el ataque independiente, utilizaron también a satélites de “El Surti” como “La Precisa”, espacio que vendían como especializado en una técnica conocida como “Fact-checking”, trabajo periodístico prestigioso realizado con mucha imparcialidad por grandes medios, pero que aquí quedó reducida a ataques ideológicos.

La Precisa atacó a Leite porque la oenegé ligada a la empresa del legislador recibió fondos privados y públicos, pero se olvidó de relatar que el medio recibió millonarios fondos del extranjero.

En total, la Comunidad Cenáculo recibió. G. 2.000 millones en cinco años, lo que desató la indignación colectiva de algunos sectores. Esa misma indignación no apareció cuando se revelaron los millonarios fondos que reciben organizaciones que se dicen sin fines de lucro.

Por ejemplo, una de las que atacó hasta el cansancio el proyecto de ley de transparencia es María Victoria Rivas, direc­tora del Centro de Estudios Judiciales (CEJ). Sin embargo, la mismísima página web del CEJ revela que la organización trabaja con fondos de Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Inter­nacional (Usaid, por su sigla en inglés) y de la Unión Europea en planes de trabajo que atañen directamente a colaboraciones con el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia.

Eso sí, en la web no existe ningún registro de cuánto dinero del extranjero reciben ni quiénes son las personas contratadas a nivel local para estos proyectos que atañen a vínculos con el Estado.

Otra oenegé que se ha mani­festado en contra del pro­yecto de ley es Tedic, agru­pación que declara dedicarse a “la defensa y promoción de derechos humanos en entor­nos digitales con foco en des­igualdades de género y sus intersecciones”. A diferencia del CEJ, Tedic sí publica sus informes de audi­toría que dejan muy en claro el millonario financiamiento que reciben del extranjero.

Por ejemplo, la organiza­ción recibió más de G. 1.343 millones del Fondo Meta Pla­forms Inc, la compañía fundada por Mark Zuckerberg, y que es propietaria de Facebook, Instagram, Threads, WhatsApp y otras platafor­mas y servicios más.

La empresa tiene cues­tionamientos de organis­mos internacionales como Human Rights Watch por censura sistémica. Tedic también declaró haber recibido G. 71 millones de Alphabet, la empresa propietaria de Google, Duolingo y otros servicios más. Esta firma también tiene numerosas críticas por manejos de datos personales y también por censura.

El mayor financista de Tedic, al menos según lo que la misma oenegé publica, es Open Society Fundation, fundada por el polémico mul­timillonario húngaro-esta­dounidense George Soros, de la que recibió más de G. 5.580 millones.

Tedic también recibió fondos del CIRD, de Semillas para la Democracia y otras entidades más de este tipo. Es decir, Tedic recibió de un solo financista casi el triple de lo que recibió la Comunidad Cenáculo. Pero en ese caso, la indignación no existía, porque se trataba de una oenegé amiga.