Unidad de Investigación Nación Media

Una nueva opereta político-comunicacional ha quedado al descubierto en los últimos días con los ataques al senador Gustavo Leite (ANR), quien forma parte de la comisión que busca transparentar los fondos que reciben organizaciones que se dicen sin fines de lucro. Usan medios e internautas aliados para lanzar información sesgada, mientras que las oenegés y sus políticos amigos la utilizan para pedir la cabeza del legislador que molesta al status quo.

Una “filtración” precisamente el día en el que un senador opositor debía afrontar una posible pérdida de investidura, la repetición a través de medios e internautas amigos y el ataque a través de los políticos aliados. El caso del ataque político-comunicacional al senador Gustavo Leite es digno de estudio.

Rebobinemos la película. El pasado miércoles 2 de octubre, el Senado debía estudiar la posible pérdida de investidura del senador Enrique Salyn Buzarquis (PLRA), por supuesto uso indebido de influencias.

El proceso había surgido como posibilidad luego de que el intendente de Asunción, Oscar Rodríguez, expusiera públicamente mensajes en los que el legislador liberal pedía que el jefe comunal otorgue un cargo a un amigo suyo.

Fue entonces que medios “independientes”, internautas y políticos iniciaron un operativo pantalla y contraataque. El elegido como el blanco fue el senador Gustavo Leite, quien lleva meses siendo molestia debido a su postura crítica con respecto al dinero que reciben las supuestas organizaciones sin fines de lucro.

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El 1 de octubre, menos de 24 horas antes de que se estudiara la pérdida de investidura de Buzarquis, el multimedio ABC Color publicó un audio filtrado del legislador en el que básicamente hablaba de algunas modificaciones pedidas por el presidente de la República, Santiago Peña, al proyecto de ley que obliga a la transparencia de las oenegés.

Llamativamente, apenas unos días antes, muchos de los críticos a Leite y quienes lo atacaron, hablaban casi del regreso de la dictadura porque habían salido a la luz el dinero que periodistas, medios y “activistas” habían recibido de las oenegés. Curiosamente, la filtración del audio de Leite no era mala, como sí era la filtración de los datos de sus aliados.

Poco después de que ABC diera el primer paso, llegaron las numerosas réplicas.

“Miente, miente, que algo quedará”, es una frase muy utilizada en el mundo de la propaganda política y que es atribuida a jerarcas nazis. En la práctica, casi un siglo después, la técnica sigue siendo muy efectiva.

ABC dio el primer paso con la filtración del audio el 1 de octubre. Esa misma tarde, Telefuturo, Monumental AM y Última Hora, propiedad del Grupo Vierci, siguió reproduciendo el audio pretendiendo instalar una falta de respeto al presidente por parte de Leite y también para atacar la Comisión Bicameral de Investigación de lavado de dinero, de la que el legislador forma parte.

El esquema se repitió una vez más. Al igual que en mayo de 2022, cuando los medios de los Grupos Zuccolillo y Vierci amanecieron con las mismas portadas repitiendo el informe ilegal de la Seprelad para atacar al expresidente Horacio Cartes.

Tras la repetición entre los medios aliados, aparecieron los “activistas” y políticos aliados para proseguir con la siguiente fase del ataque.

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Por ejemplo, el diputado encuentrista Raúl Benítez salió ese mismo martes a pedir la salida de Leite y que se desarme la CBI, una herramienta constitucional que alababa cuando brindaba informes contra el expresidente Cartes.

Enseguida iniciaron los pedidos de apartamiento de Leite de la CBI. Entre los que hacían el pedido aparecían oenegeros aliados de los medios de prensa y de la oposición, como Marta Ferrara, de Semillas para la Democracia.

Ferrara fue una de las que encabezó una reunión meses atrás para bajar línea de cómo debían operar y hacer lobby político y comunicacional contra la ley de transparencia de las oenegés.

Otro de los que replicó el pedido de renuncia de Leite fue el periodista Benjamín Fernández Bogado, el mismo que durante mucho tiempo dijo ser alumno de Harvard sin haberlo sido y que también recibió fondos a título personal y a través de su fundación.

Además de los multimedios empresariales, también volvieron los ataques de los “independientes” como “El Surtidor”, un supuesto medio independiente que se financia con jugosos fondos del extranjero. Para el ataque independiente, utilizaron también a satélites de “El Surti” como “La Precisa”, espacio que vendían como especializado en una técnica conocida como “Fact-checking”, trabajo periodístico prestigioso realizado con mucha imparcialidad por grandes medios, pero que aquí quedó reducida a ataques ideológicos.

El ataque por el audio siguió durante días, lo que permitió que reaparecieran figuras como la destituida exsenadora Kattya González y el olvidado exsenador Hugo Estigarribia, otro de los beneficiados con fondos de las oenegés por supuestas asesorías.

Para completar el ataque, aparecieron políticos de la oposición como la exsenadora Desirée Masi, que terminaron de ventilar el verdadero fin del circuito político-comunicacional: pedir la cabeza de Leite.

Masi utilizó sus perfiles en redes sociales para asegurar que el senador cartista había utilizado de forma indebida sus influencias para filtrar datos y atacar a oenegés. La exsenadora, autodenominada defensora de la transparencia, olvidó que la información generada, creada, recibida o guardada por cualquier institución pública es pública, salvo contadas excepciones.

Masi no desaprovechó para atacar a periodistas de Nación Media, ella que tanto dice admirar al periodismo, pero que sin tapujo alguno insulta a los comunicadores que dicen cuestiones que a ella no le gustan.

¿Y la pérdida de investidura de Buzarquis? Bueno, ni ABC, ni el multimedio de Vierci, ni sus aliados de oenegés y la oposición se acordaron del caso. Total, el chivo expiatorio ya había sido encontrado.

La Contraloría General de la República dictaminó la semana pasada que el senador “pulpo” de las licitaciones Luis Pettengill Vacca incurrió en conflicto de intereses al votar a favor del préstamo de USD 600 millones que tiene como uno de los beneficiarios a la empresa Ocho A SA, mientras tanto, la megacontratista, consorciada en algunos casos, ya tiene millonarios cobros de deudas aprobados que deben cancelarse a fines de este mes.

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Mientras se acentúa el debate y los cuestio­namientos sobre el caso del senador Luis Petten­gill Vacca a raíz de que la Con­traloría General de la Repú­blica (CGR) dictaminara que incurrió en conflicto de inte­reses al votar por el préstamo que favorece a Ocho A SA, megacontratista estatal a la que se lo vincula, la empresa en algunos casos consor­ciada ya tiene cobros de deu­das aprobados en diciem­bre pasado por valor de G. 92.687 millones por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) que deben cancelarse antes de fin de mes.

En el sistema de Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) figuran 15 pagos autori­zados a la proveedora estatal entre el 26 y 29 de diciembre de 2023, dos meses después de que el Senado (del que forma parte Pettengill) aprobara el endeudamiento de USD 600 millones para honrar saldos atrasados. Estos compromi­sos obligados con la empresa vinculada a Pettengill, actual­mente manejada por su hijo Juan Carlos Pettengill Cas­tillo, deben terminar de hon­rarse antes de que acabe el mes de febrero, según los anuncios realizados por el Ministerio de Economía y Finanzas.

En la lista de STR aprobados figura por ejemplo pagos que el Estado debe realizar al con­sorcio que integra la empresa del clan Pettengill por la defectuosa ruta Transchaco que antes de inaugurarse ya tiene baches. Una auditoría está en curso para analizar la calidad de los materiales uti­lizados. El pavimento se habi­litó a modo de prueba y según los técnicos del MOPC, de no cumplirse las especificacio­nes técnicas, no puede inau­gurarse y menos firmar acta de recepción, pero los compro­misos de pagos ya están apro­bados y a punto de liberarse a favor del consorcio de la mega­contratista Ocho A SA.

La suma de las STR finan­ciadas con los bonos emiti­dos por el Tesoro coinciden­temente equivale a G. 50.000 millones, que es el pago pen­diente por el contrato adjudi­cado de G. 593.061 millones al consorcio Avanza Chaco de la empresa del clan Pettengill. Precisamente, la CGR dicta­minó que en el proyecto de ley que aprueba el endeudamiento que favorece a proveedoras del Estado, que tiene como bene­ficiario a Ocho A SA, el parla­mentario debió abstenerse. Así también, por el plazo de 3 años no está habilitado a votar, por ello, infringió la Ley de Preven­ción de Conflicto de Intereses.

El legislador tiene 15 días para presentar su descargo; sin embargo, en el proceso aumen­tan las posiciones, incluso de sus mismos colegas de que Pettengill no debe estar en el Senado porque estaba inhabi­litado a candidatarse por los vínculos con contratistas del Estado de las que no se apartó 90 días antes de postularse, tal como establece el artículo 197 de la Constitución Nacional.

El Senado deberá resolver el caso del senador Luis Pettengill Vacca que incurrió en conflicto de intereses en el cargo, según la Contraloría, y que, dicho por abogados constitucionalistas, estaba inhabilitado para ser candidato por sus vínculos con empresa contratista del Estado.

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La Contraloría Gene­ral de la República (CGR), en su dicta­men sobre el conflicto de intereses en que incurrió el senador Luis Petten­gill Vacca, confirmó que el legislador fue presidente/ accionista de la megacon­tratista del Estado Ocho A SA hasta el 21 de marzo de 2023, hecho que ratifica la inhabilidad constitucional que tenía al momento de postularse al cargo.

El art. 197 de la Constitución Nacional establece que los aspirantes al cargo de sena­dor deben desvincularse de empresas contratistas del Estado 90 días antes de ins­cribir su candidatura en el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Sin embargo, Pet­tengill, según los documentos analizados por la Contraloría, continuaba en firma provee­dora al momento de suscribir su postulación que fue el 6 de junio de 2022.

No pueden ser candida­tos a senadores ni a dipu­tados los representantes o mandatarios de empresas, corporaciones o entidades nacionales o extranjeras que sean concesionarias de servicios estatales, o de eje­cución de obras o provisión de bienes al Estado, señala el inciso 6 del artículo 197 de la Constitución Nacio­nal. “Los ciudadanos afec­tados por las inhabilitacio­nes previstas en los incisos 4, 5, 6, y 7 deberán cesar en su inhabilidad para ser can­didatos noventa días, por lo menos, antes de la fecha de inscripción de sus listas en el Tribunal Superior de Jus­ticia Electoral”, estipula en el párrafo siguiente.

Los abogados constitucio­nalistas ya habían men­cionado la inhabilidad en el cargo de Pettengill, pero pasaron 7 meses de ubicarse en su curul, sin mayores inconvenientes más que algunos cuestiona­mientos por parte de algu­nas colegas enojadas en su momento por el voto del mismo para la aprobación de un préstamo que tiene en nómina de beneficiarios a la megaempresa contra­tista de su familia cuando refirieron que el mismo no debió ser candidato con su situación. La polémica la habían desatado las par­lamentarias, sin embargo, generó denuncia ante la CGR, que inició una inves­tigación y confirmó la existencia de conflicto de intereses por parte de Pet­tengill y remitió el informe hace un par de días al Con­greso Nacional.

Pettengill todavía figuraba en papeles de la megacontra­tista del Estado meses antes de votar a favor del proyecto de ley de endeudamiento de hasta USD 600 millones para el pago a proveedoras que incluye a la empresa de su familia, cuando debió abstenerse por el término de 3 años después de des­vincularse, según lo esta­blecido en el artículo 20 de la Ley 7089/23, remarcó en su informe la Contraloría.

Los antecedentes, vín­culos y el reciente dicta­men de existencia de con­flicto de intereses tienen en una incómoda situación al senador, conocido como un “pulpo” de las licitacio­nes con G. 6,3 billones en adjudicaciones acumula­das en la última década, mediante 4 empresas con una red de consorcios que acaparan contrataciones públicas.

Desde la Contraloría men­cionaron que Pettengill tiene 15 días hábiles para presentar su descargo y se pueda concluir el tema. Tras esto, el Senado deberá analizar las sanciones que pudiera aplicar, contexto del que no se puede descar­tar una impugnación que defina la incompatibilidad e inhabilidad de Pettengill en el cargo.

La Contraloría General de la República confirmó que el senador, conocido como el “pulpo” de las licitaciones, votó a favor del proyecto de endeudamiento teniendo pleno conocimiento de que los recursos iban a favorecer a mega contratista de su clan familiar.

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La Contraloría General de la República (CGR) emitió un primer dic­tamen del hallazgo de exis­tencia de conflicto de inte­reses por parte del senador conocido como el “pulpo” de las licitaciones, Luis Pet­tengill Vacca, en el caso de la megacontratista del Estado Ocho A SA. El documento fue remitido ayer al parlamenta­rio y a la institución de la cual forma parte, en este caso dirigido al presidente de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, Colym Soroka.

Pettengill, que como provee­dor del Estado acumula adju­dicaciones por unos G. 6,3 billones a través de 4 empre­sas y una red de consorcios administradas hoy por su clan familiar, en la que figu­ran su hermana Blanca María Pettengill Vacca y los hijos del parlamentario, Juan Carlos Pettengill Castillo y Olivia Mercedes Pettengill Castillo, no debió ser candidato a sena­dor por las inhabilitades e incompatibilidades estableci­das en la Carta Magna, según ratificaron varios constitu­cionalistas consultados. Los negocios a los que se vincula están comenzando a generar informes oficiales que lo com­prometen en su investidura.

El documento de la CGR señala que “se constata que el señor senador nacional Luis Pettengill Vacca for­maba parte como presidente/accionista de la empresa Ocho A SA Constructora hasta el 21 de marzo de 2023 y que en fecha 11 de octubre de 2023 el mismo en sesión ordinaria de la Cámara de Senadores votó a favor del proyecto de ley por el cual se establecen medidas extraordinarias de gestión para las finanzas públicas, teniendo pleno conocimiento de que dicho proyecto conte­nía la forma de obtención de recursos para cumplir con los compromisos asumidos por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y que una de las empresas pro­veedoras era Ocho A SA, en la que meses atrás fue presi­dente/accionista”. Esta situa­ción confirma la existencia de conflicto de intereses según el referido dictamen, en contra­vención a la Ley n.° 7089/23 que rige para el caso.

Ocho A es una de las empre­sas en lista de beneficiarios de cobro de unos G. 90.000 millones en el marco del endeudamiento del proyecto mencionado. Desde la CGR indicaron que el legislador tiene 15 días para presentar su descargo y refutar las con­clusiones del dictamen.

El Senado es el que deberá estudiar luego su situación y aplicar las sanciones perti­nentes. Sin embargo, el cues­tionamiento al senador Pet­tengill no se limita al conflicto de intereses que confirma la Contraloría. Abogados cons­titucionalistas ya habían manifestado que los nego­cios con el Estado lo tenían inhabilitado para ser candi­dato al cargo.

Según el artículo 196 de la Constitución Nacional, que refiere las incompatibilida­des de las autoridades elec­tas, “ningún senador o dipu­tado puede formar parte de empresas que exploten ser­vicios públicos o tengan con­cesiones del Estado ni ejer­cer la asesoría jurídica o la representación de aquellas, por sí o por interpósita per­sona”. Mientras que el inciso 6 del artículo 197 señala que no pueden ser candidatos a senadores ni a diputados “los representantes o mandata­rios de empresas, corpora­ciones o entidades naciona­les o extranjeras que sean concesionarias de servicios estatales, o de ejecución de obras o provisión de bienes al Estado”.

Otra parte del artículo 197 de la Constitución señala que “los ciudadanos afec­tados por las inhabilitacio­nes previstas en los incisos 4, 5, 6 y 7 deberán cesar en su inhabilidad para ser can­didatos noventa días, por lo menos, antes de la fecha de inscripción de sus lis­tas en el Tribunal Supe­rior de Justicia Electoral”. Sin embargo, Pettengill continuaba apareciendo como accionista en empre­sas contratistas del Estado hasta meses antes de asu­mir el cargo, en total con­travención con las mencio­nadas disposiciones de la Carta Magna.

Sobre el dictamen de la Con­traloría, Pettengill dijo a radio Ñandutí que recién ayer recibió las observacio­nes y que “ciertos datos no son reales”. “No me preocupa, no corresponde una pérdida de investidura. A pesar de que bueno, en estos días si corres­ponde o no corresponde, ya parece que no importa. Pero si viene un pedido, alguien que tiene los votos se queda y si no tiene, se va”.