Mientras los lectores de La Nación Investiga aportan más adjudicaciones del senador Luis Pettengill Vacca y su clan, y el recuento de contratos acumulados se dispara a G. 6,3 billones, empresas vinculadas al parlamentario aseguran trabajos hasta la segunda mitad del año 2029. Entre ellas, figuran firmas proveedoras en las que el mismo declaró acciones al momento de asumir el cargo.

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El listado de adjudica­ciones de empresas vinculadas al sena­dor Luis Pettengill Vacca y su clan familiar publicado en nuestra edición impresa de ayer jueves fue disparán­dose con datos proporcio­nados por los lectores que identificaron otras megad­judicaciones en el Instituto de Previsión Social (IPS) y una heredada en Petropar sumando así contratos con el Estado por G. 6,3 billo­nes en la última década. (Ver infografías)

Pettengill es considerado también un “pulpo” de las licitaciones por la cantidad de multimillonarias adju­dicaciones que acapara en varias instituciones estata­les que se convirtieron en clientes fieles como el caso del Ministerio de Obras Públicas y Comunicacio­nes (MOPC); la Ande, en el rubro de las construcciones a las que se suman el Minis­terio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) y el IPS, tras su incorpora­ción al rubro de negocios de los insumos médicos. Cua­tro empresas y una red de consorcios en los que figu­ran el parlamentario y su clan familiar compuesto por una hermana de nom­bre Blanca María Pettengill Vacca; los hijos del mismo, Juan Carlos Pettengill Cas­tillo y Olivia Mercedes Pet­tengill Castillo, articulan facturaciones al Estado.

Una rápida revisión de algu­nos contratos entre las empresas del “pulpo” Pet­tengill y el Estado muestran que varios se encuentran en vigencia y aseguran traba­jos hasta el segundo semes­tre del año 2029, generando dudas sobre su inhabili­dad en el cargo, según los requisitos establecidos en los artículos 196 y 197 de la Constitución Nacional.

Según el artículo 196 de la Constitución Nacional, que se refiere a las incom­patibilidades de las auto­ridades electas, “ningún senador o diputado puede formar parte de empre­sas que exploten servicios públicos o tengan concesio­nes del Estado, ni ejercer la asesoría jurídica o la repre­sentación de aquellas, por sí o por interpósita persona”. Mientras que el inciso 6 del artículo 197 señala que no pueden ser candidatos a senadores ni a diputa­dos, “los representantes o mandatarios de empresas, corporaciones o entidades nacionales o extranjeras que sean concesionarias de servicios estatales, o de ejecución de obras o provi­sión de bienes al Estado”.

“Los ciudadanos afecta­dos por las inhabilitacio­nes previstas en los incisos 4, 5, 6, y 7 deberán cesar en su inhabilidad para ser can­didatos noventa días, por lo menos, antes de la fecha de inscripción de sus listas en el Tribunal Superior de Justicia Electoral”, esti­pula también el artículo 97 de la Constitución.

En la declaración jurada de Pettengill, al asumir el cargo, había consignado acciones en una docena de empresas, entre las que apa­rece Frigorífico Guaraní, que tiene contratos en ejecu­ción con el Estado y adjudi­caciones después de que este se haya ubicado en el Con­greso, situación que coli­siona con los artículos 96 y 97 de nuestra Carta Magna.

Así también, el senador Pettengill declaró accio­nes por G. 51.000 millones en la Constructora Paraná, firma que en acta del 20 de junio del año pasado apa­rece como accionista de la megacontratista estatal Ocho A SA que, como parte del Consorcio GIS Redes Eléctricas, tiene contrato vigente hasta julio de 2029 con la Ande.

Los medios de prensa difun­dieron que Pettengill inscri­bió su candidatura a sena­dor el 6 de junio de 2022; sin embargo, en el acta del 20 de junio de 2022 de Ocho A SA estuvo presente como accio­nista, junto con la Construc­tora Paraná y su hijo Juan Carlos Pettengill. La ley exige desvinculación de al menos 90 días antes de suscripción de candidatura.