En el difícil año de la pandemia el gobierno del expresidente Mario Abdo Benítez elaboró junto con el Centro de Estudios Ambientales y Sociales (Ceamso) un plan nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción, que involucró al mismo equipo de consultores vinculados al Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), ONG que rifó honorarios con dinero proveniente del Estado entre el clan de su presidente. La puesta en marcha del plan, que en presentaciones power point resultaba muy juicioso sobre la situación de corrupción en el Paraguay, fue mediante Decreto n.° 4458 de 2020 firmado por Abdo Benítez y entre las barreras a superar plantea el nepotismo, el clientelismo, conflictos de interés, esto, mientras la empresa de asfalto del exmandatario incrementaba ganancias de hasta 6.110 % anuales y el clan de oenegeístas anticorrupción acaparaban negocios de consultoría.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

Ni un solo escrache recibió el expresi­dente de la Repú­blica Mario Abdo Benítez pese a los grandes robos en su gobierno antes, durante y después la pandemia confir­mados por el propio Minis­terio Público. Esto resulta lógico, considerando que el coordinador anticorrupción del Centro de Información y Recursos para el Desarro­llo (CIRD), Francisco Darío Alcaraz, el mismo que lidera “Más ciudadanía, menos corrupción” a la que están adheridas varias organizacio­nes civiles, algunas encabezas por escrachadores, es parte del equipo consultor del Cen­tro de Estudios Ambientales y Sociales (Ceamso) imiscuido en el plan nacional de Integri­dad, Transparencia y Antico­rrupción del gobierno ante­rior. (Ver infografía).

Alcaraz, además, fue funcio­nario comisionado al Gabi­nete Civil de la presidencia de Abdo Benítez, de inmediato, tras su ingreso al Estado en 2019, según consta en el por­tal de Transparencia de la Función Pública. De hecho, aparece en varias reuniones oficiales como coordinador de la presidencia del ante­rior gobierno. De ahí pasó como consultor del proyecto que los medios difundieron como “ambicioso plan anti­corrupción” que se fue ela­borando en la segunda mitad de 2020, precisamente cuando saltaban los gran­des casos de corrupción en las compras covid.

Este plan fue puesto en mar­cha por decreto de Abdo Benítez en diciembre de 2020, su ejecución es del 2021-2025 y la coordina­ción general estaba a cargo de René Fernández como ministro de la entidad arti­culadora que es la Secreta­ría Nacional Anticorrupción (Senac), actualmente en pro­ceso de desaparición.

Cabe remarcar que los pri­meros en salir al paso con­tra la intención del nuevo gobierno de abolir la Senac fue el CIRD, muy activa­mente Alcaraz, coordinador anticorrupción del CIRD y exfuncionario del gabinete de Abdo junto con algunas cabezas de oenegés adhe­ridas a “Más ciudadanía, menos corrupción”.

No se socializó cuánto cobran, pero con financia­miento del Programa de Democracia y Gobernabili­dad de la Agencia de los Esta­dos Unidos para el Desarro­llo Internacional (Usaid), en el plan anticorrupción del gobierno Abdo figuran como consultores Fran­cisco Alcaraz y su rosca de siempre; José Félix Bogado Tábacman y Romy Vaesken de Tábacman consultora, en este caso como parte del equipo de Ceamso.

Tábacman trabaja con el CIRD en proyectos antico­rrupción y de control ciuda­dano. A la vez, Alcaraz tra­baja para esta consultora que factura en proyecto que él mismo coordina a través del CIRD. Su hijo, Carlos Francisco Alcaraz, también es consultor de Tábacman.

El hijo del coordinador anti­corrupción es a la vez con­sultor del CIRD y de ONG Conciencia Viva, que tiene a Romy Vaesken como direc­tora ejecutiva, organización que también presta servi­cios a la ONG que preside Carrizosa.

Mientras se gestaba el plan anticorrupción, varias instituciones del Estado, principalmente el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal), el Ministe­rio de Industria y Comer­cio (MIC), Salud Pública, etc., transferían y adjudi­caban millonarios recursos al CIRD, entre ellos para el plan de reactivación econó­mica poscovid de G. 6.093 millones en el que se repar­tieron jugosos honorarios el clan Carrizosa y el hijo de Alcaraz, coordinador anti­corrupción, consultor del Plan Nacional Anticorrup­ción del anterior gobierno.

También, la empresa de Abdo Benítez iba incre­mentando ganancias side­rales con la venta del asfalto detrás de la construcción de kilómetros de rutas que se priorizaron en su gobierno. Todo esto, mientras diseña­ban un plan anticorrupción que buscaba superar las barreras del clientelismo, del nepotismo, los conflic­tos de interés, mejora de los organismos de control, etc., que involucra a con­sultores vinculados a una ONG que usó proyecto pos­covid como bolsa de empleo de familiares de su presi­dente y de operadores polí­ticos del equipo del mismo Abdo Benítez.