Con el escándalo de la repartija de honorarios entre el clan del presidente de la ONG con transferencias millonarias que recibe del Estado, el contralor general de la República ordenó revisión inmediata de las rendiciones de cuentas del uso de los fondos. Aparecen también financiamiento de operadores políticos del equipo del expresidente Mario Abdo Benítez. “Toda persona que cumple una función en el Estado o que recibe dinero del Estado debería estar sometida a las normas sobre nepotismo” y eso incluye a las ONG, sostuvo el director ejecutivo de la organización por la Transparencia, IDEA.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

El contralor gene­ral de la República (CGR), Camilo Bení­tez, ordenó una inmediata revisión de las rendiciones de cuenta presentadas por el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) de las millonarias transferencias recibidas a través del Sistema Nacional de Formación y Capacita­ción Laboral (Sinafocal) en el marco del proyecto de “Reac­tivación económica posco­vid”. El análisis del ente de control se inicia a raíz de las publicaciones de La Nación Investiga en las que se reve­laron festín en consultorías, honorarios, jornales entre el clan del titular de la organiza­ción, Agustín Carrizosa.

El proyecto poscovid que costó al Estado G. 6.093 millones sirvió como bolsa de empleo para el clan Carrizosa y para el financiamiento de varios operadores políticos de la cam­paña del equipo del expresi­dente Mario Abdo Benítez que mientras hacían proselitismo recibían plata dulce del Estado, a través del CIRD.

Solo en el proyecto poscovid, el clan Carrizosa en el que se incluye Carlos Francisco Alca­raz, hijo de Francisco Alca­raz, coordinador anticorrup­ción del CIRD, se repartió G. 1.113 millones provenientes del Estado. Entre los privi­legiados están la pareja de Carrizosa, María Berta Rojas Aveiro; la hermana de esta, Marta María Rojas Aveiro; la hija de Carrizosa, Paola Carrizosa Bradshaw, y el mismo presidente del CIRD.

“Una vez que recibe plata del Estado la Contraloría tiene competencia, las leyes de nepotismo ya se aplican. Cuando uno recibe plata del Estado ya se aplica todo lo que se aplica para los funcionarios públicos, así debe ser”, señaló tajante el contralor al confir­mar el análisis que iniciaron a la rendición de cuentas del CIRD.

El director de rendiciones de cuenta de la Contraloría, Jorge Peña, sostuvo que ya está en proceso el estudio y cruce de datos. “Yo creo que en el transcurso de esta semana podríamos tener algo preliminar por lo menos”, subrayó el mismo.

Peña también señaló que están verificando también el nivel 100 que es “servicios personales”, con lo que podrán confirmar si hubo o no nepo­tismo en la ejecución de gas­tos de los G. 6.093 millones del proyecto poscovid finan­ciados a través de Sinafocal. De confirmarse que hubo caso de nepotismo, “se informa y se deriva a Fiscalía”, indicó el director de rendición de cuen­tas de la Contraloría.

Por su parte, el director eje­cutivo de Instituto de Dere­cho y Economía Ambiental (IDEA), Ezequiel Santagada, refirió que la Contraloría General de la República es la que debiera calificar desde el primer momento la ejecución de los gastos y los sueldos que favorecieron a un clan como caso de nepotismo, ya que es la institución ante quien se presentaron las rendicio­nes y eventualmente hacer la denuncia ante el Ministerio Público. “Si mal no recuerdo, la ley que prohíbe el nepo­tismo en la Función Pública abarca a organizaciones no gubernamentales que reci­ban aportes con cargo del Pre­supuesto General de la Repú­blica”, mencionó Santagada.

“Toda persona que cumple una función en el Estado o que recibe dinero del Estado debería estar sometida a las normas sobre nepotismo, esas normas sobre nepo­tismo deberían ser eficaces y no se les debería bajar el precio como en la actualidad existe”, dijo el activista por la transparencia.