El senador colorado Gustavo Leite defendió la credibilidad y seriedad del trabajo realizado desde la Comisión de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos contra el Patrimonio del Estado, Contrabando y otros Delitos Conexos, rechazando que el órgano haya realizado filtraciones de informaciones de personas que firmaron contratos privados con oenegés.

“Yo tengo que descartar que esas informaciones que han tomado estado público vengan de la Comisión Bicameral de Investigación”, sostuvo este jueves el parlamentario en una entrevista con el programa “Así son las cosas” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Asimismo responsabilizó de la divulgación de datos a los operadores del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), liderado por Agustín Carrizosa, organización no gubernamental que se encuentra en la mira de la Comisión Antilavado ante las diversas denuncias periodísticas que refieren que esta fundación realizó una repartija del dinero público a sus allegados que debió ser utilizado en un proyecto de reactivación económica poscovid durante el anterior gobierno.

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“Hay un malestar interno en el CIRD y sospechamos que la propia gente que trabaja ahí es la que está filtrando a puchito esta información. Yo creo que este tema de la filtración se circunscribe a una sola institución, el CIRD. Carrizosa tiene problemas de garganta profunda en su propia institución, la filtración provino de ahí, es una conclusión clara”, remarcó el parlamentario.

Carrizosa mediante medios de comunicación que buscan desacreditar al órgano calificándolo como una “comisión garrote” había sostenido que dicho estamento posee un objetivo político centrado en crear informaciones falsas con el fin de desprestigiar a organizaciones de la sociedad civil, apuntando a colocar en duda la credibilidad y seriedad de la comisión.

“Lo que ahora va a venir es un proceso público a pedido por todo el mundo en el que vamos a invitar por rango de plata gastada o invertida a las instituciones que más dinero público han manejado. Entonces, el CIRD tendrá la oportunidad de venir a la comisión para rendir cuentas y explique en qué gastó los centavos, guaraníes y dólares para que la gente del Paraguay pueda sacar sus conclusiones”, remarcó Leite.

El legislador sostuvo que propondrá “el lunes que el CIRD comparezca ante la comisión. Esta institución manejó más de 6 millones de dólares, nosotros siempre mencionamos que no vamos a ser jueces, somos investigadores porque tenemos ese poder constitucional”.

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Este viernes el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, entregó al presidente del Congreso Nacional, Basilio Núñez, el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025 que contempla gastos por G. 132,9 billones (USD 17.557 millones), un aumento del 14 % en relación al plan de gastos de este año de USD 15.500 millones.

El secretario de Estado precisó que el presupuesto se alinea al plan de convergencia fiscal que para el próximo año indica un monto máximo de déficit del 1,9 % del producto interno bruto (PIB). Los sectores prioritarios son salud, educación, seguridad-justicia y protección social, que recibieron preferencias en las partidas presupuestarias.

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“Estamos teniendo recaudaciones por encima de lo estimado este año y eso abre posibilidades a que tengamos este porcentaje de incremento”, manifestó Fernández Valdovinos en relación al aumento del 14 % que en números son cerca de USD 870 millones más sobre el PGN 2024.

De ese incremento, educación se llevará USD 309 millones más; al respecto, dijo que nunca antes el Ministerio de Educación había recibido un aumento de estos valores. Señaló que este número también financia el programa Hambre Cero, por ende, existe respaldo para este proyecto de gobierno con recursos que había en el presupuesto 2024 y lo asignado para el próximo año.

Seguridad que incluye el Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa y Ministerio de Justicia lleva USD 111 millones más. Salud, un sector con muchas necesidades y con recursos limitado, enfatizó el ministro, se lleva USD 103 millones más; sobre esta área, hizo énfasis en que este año les fue otorgado USD 325 millones para uso en medicamentos y que existe deuda cero con el Ministerio de Salud.

El Poder Judicial, entre la Contraloría General de la República (CGR), Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia (CSJ), que también incluye recursos para el proyecto de ley de Registro Unificado Nacional (RUN) con Registros Públicos, Catastro y Geodesia, tienen asignados USD 52 millones más para el 2025.

El programa de adultos mayores, que forma parte de la red de contención social del MEF, se lleva USD 46 millones más. “Estamos ante uno de los presupuestos generales de gastos más importantes en la historia reciente, porque es el primero que tenemos desde que somos grado de inversión”, dijo el titular del MEF.

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Ricardo Torres, auditor y fundador de la Asociación Civil de Mariano Roque Alonso (ACMRA), señaló a nuestro diario que oenegés como el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), que se venden como dioses de la transparencia y los derechos ciudadanos, restan credibilidad a las luchas ciudadanas porque el interés primordial es sacar rédito, además de estar aliados con políticos que persiguen a un solo sector del Partido Colorado en plena campaña electoral. Esto en el marco de un convenio de USD 50 millones entre el gobierno de Mario Abdo Benítez y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionamedia.com

Un convenio firmado el 10 de setiem­bre de 2020 (tiem­pos duros de la pandemia) daba inicio a lo que fue la gran alianza del gobierno de Mario Abdo Benítez y políticos de la oposición que fungían y fungen de repre­sentantes de la sociedad civil organizada. La figura para activar, financiar estos grupos de políticos aliados contra un sector bien defi­nido del Partido Colorado es el acuerdo de Asistencia para el Desarrollo de USD 50 millones entre la admi­nistración de Abdo Benítez y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).

El compromiso estimado de Usaid en 5 años de vigencia del convenio es de USD 44,4 millones y la contrapartida local establecida es de USD 5 millones. El proyecto con­tiene 4 indicadores funda­mentales que es el Forta­lecimiento del Estado de Derecho, Avance de Opor­tunidades Económicas For­males, Mejora del Control Ciudadano.

El último componente refiere que Usaid “apo­yará a organizaciones de la sociedad civil, incluidos los medios de comunicación, el sector privado y la aca­demia, a medida que estos controlan y exigen una mayor eficiencia, transpa­rencia y rendición de cuen­tas por parte del Gobierno. Usaid también apoyará a las redes anticorrupción que abogan por reformas, así como programas de vigilancia de tribunales, observatorios y sistemas de seguimiento para casos de corrupción”. Aquí surgie­ron las persecuciones y los escraches anticorrupción selectivos, así como publi­caciones bien direcciona­das a un sector del Partido Colorado pero, para sal­var formas, incluyeron en agenda algunos esporádi­cos casos de corrupción de antigua data.

No hay escraches por las comisarías “de oro” de Filizzola, la mala admi­nistración de Efraín Ale­gre en el Partido Libe­ral, las multimillonarias ganancias de Abdo con el asfalto y las deudas con­traídas para apurar obras, etc. Es lógico que el foco de los anticorrupción no esté en personajes como los mencionados ya que operadores políticos de sus respectivos grupos políticos son quienes se agruparon como organi­zaciones de la sociedad civil, consultores, confe­rencistas, en el marco del referido convenio.

La operación estaba y sigue prácticamente a cargo del Centro de Información y Recursos para el Desa­rrollo (CIRD), ONG endio­sada como de la transpa­rencia; sin embargo, aliada con Abdo. Recordemos que rendiciones de cuentas que obran en la Contraloría General de la República (CGR) muestran convenios entre la citada ONG y el gobierno de Abdo durante la pandemia (2021) para repartir sueldos a operado­res políticos del equipo del expresidente que se encon­traban en campaña elec­toral. Agustín Carrizosa, presidente de la organiza­ción, también hizo un fes­tín con su clan familiar con dinero proveniente del bol­sillo de los contribuyentes.

Aliados del CIRD en la Coalición por la Legali­dad del programa Más Ciu­dadanía, Menos Corrup­ción, como la Federación de Entidades Vecinalis­tas del Paraguay (Fedem), cuyos referentes hacían campaña por la exministra del Trabajo, excandi­data a senadora, también fueron parte del banquete.

“Cumplo en informar que, por orden superior, pro­cedí a sacarte de los gru­pos que nos unían”, fue la respuesta que recibió vía WhatsApp Ricardo Torres, auditor y fundador de la Asociación Civil de la ciu­dad de Mariano Roque Alonso (ACMRA), por parte de funcionario del CIRD en su momento. Esto luego de que el mismo obje­tara un gasto de “secreta­ría del proyecto” que fue incluido arbitrariamente en la iniciativa “Control Ciudadano”, en el marco de Más Ciudadanía, Menos Corrupción.

“Con conocimiento de causa y en mi calidad de ciudadano comprome­tido verdaderamente con la lucha social y el con­trol ciudadano; además de ser miembro funda­dor y exauditor ciuda­dano dentro de una aso­ciación civil en la ciudad donde resido (MRA), puedo decir que es una verdadera vergüenza el manejo poco serio y profe­sional que tienen oenegés como la Fundación CIRD, cuyas caras visibles son los Sres. Agustín Carrizosa y Francisco Alcaraz; en lo relacionado a la adminis­tración de estos fondos millonarios que reciben de Usaid. Firmamos un convenio de Iniciativa de Control Ciudadano” den­tro de su proyecto deno­minado Más ciudadanía, Menos Corrupción que, al momento de poner marcha al mismo y luego de haber comprometido recursos económicos de nuestros miembros, esta gente de una forma unilateral deja sin efecto el acuerdo, por el simple hecho de haberle reclamado unos fondos que supuesta­mente nos darían de G. 6.600.000, pero que iban a ser destinados a un grupo de consultores de su grupo, bajo el con­cepto Secretaría del pro­yecto”, explicó Torres.

Subrayó que, por lo men­cionado, “muchos ciu­dadanos de bien hemos perdido la confianza y credibilidad en este tipo de organizaciones civiles u oenegés, que a leguas se nota que lo único que les interesa es sacar rédito de este tipo de trabajos, donde somos los ciudada­nos los que trabajamos y ellos se sientan a recibir, a administrar a su gusto y paladar estas sumas millonarias”.

Torres quedó sorprendido con los millonarios recur­sos comprometidos en el convenio mencionado más arriba y con el gran esquema capitaneado en su mayoría por operado­res políticos de la oposi­ción que contaminaron un valioso proyecto cuya ban­dera es la transparencia y la lucha contra la corrup­ción y la impunidad. Pre­cisamente esa transpa­rencia de la que hablan y que reclamó Torres ter­minó por excluirlo de uno de los componentes más sensibles del convenio de USD 50 millones que es el de Control Ciudadano.

• Unidad de Investigación
• Nación Media
• investigación@nacionmedia.com

Este lunes 8 de julio, a las 14:00hs, el Senado dará inicio al estudio del proyecto de ley que regula el financiamiento, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL). Este proyecto ha generado controversias incluso antes de su presentación oficial, especialmente entre sectores vinculados a personas relacionadas con redes de oenegés que manejan considerables fondos, como los excandidatos de la Concertación Bruno Defelippe y Soledad Núñez.

El proyecto de ley abarca una amplia gama de organizaciones, incluidas asociaciones inscritas con capacidad restringida, asociaciones de bien común, de utilidad pública, fundaciones, organismos no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, agencias especializadas, organismos internacionales reconocidos por la República y cualquier persona jurídica o estructura que reciba o administre fondos públicos o privados, nacionales o internacionales. Específicamente, se focaliza en aquellas entidades que gestionen fondos en relación directa con actividades públicas. Todas estas organizaciones deberán registrarse en el Registro Nacional de Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL), bajo la supervisión del Ministerio de Economía y Finanzas.

El proyecto de ley exige que las OSFL registren en sus estatutos sociales las identidades de sus constituyentes, su objeto, y sus fuentes de financiamiento. También deberán llevar un libro de registro del financiamiento, ya sea nacional o extranjero, público o privado, y detallar el uso y destino de los fondos recibidos con la correspondiente documentación de respaldo.

El caso de Soledad Núñez y Bruno Defelippe ilustra cómo algunas OSFL han logrado manejar fondos millonarios. La pareja, que comenzó como voluntarios, ha tejido una extensa red de negocios operando bajo el disfraz de organizaciones sin fines de lucro, todas articuladas a través de la empresa de Defelippe, utilizando la apariencia de “alianzas” y contando con la participación de un selecto grupo de amigos. Esta red moviliza miles de dólares provenientes de organismos multilaterales, con la correspondiente contrapartida estatal, financiando proyectos que generan lucrativos contratos de consultoría y emprendimientos dirigidos a su círculo cercano.

Lo que empezó como voluntariado evolucionó rápidamente hacia un próspero esquema de negocios, aprovechando proyectos públicos en áreas como el emprendimiento, la tecnología, la innovación y la contratación de personal docente. Bajo la fachada de promover la “gobernanza” y la “democracia”, la pareja consolidó su base política, siempre respaldada por oenegés.

El centro de esta expansión de las oenegés que operan alrededor de proyectos públicos es Koga Impact Lab, fundada por Defelippe en 2015 con una financiación inicial de USD 900 mil del Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y otros USD 700 mil de contrapartida local. Desde Koga, se han desprendido múltiples entidades como la Asociación de Emprendedores del Paraguay (Asepy), que presionan por préstamos y promueven iniciativas polémicas como las bicisendas en Asunción, entre otras.

La red de organizaciones derivadas de Koga como la Red de Inversiones Ángel y Sistema B, se entrelaza con diversas instituciones públicas como el Mitic, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Industria y Comercio, principalmente Conacyt, obteniendo fondos para proyectos que, en muchos casos, benefician directamente a su círculo cercano.

El último proyecto de Bruno Defelippe, esposo de Soledad Núñez, se centra en el muy publicitado Museo de Ciencias, una iniciativa de la ONG MUCI, de la cual él es parte.

En noviembre de 2023, la Municipalidad de Asunción, con la aprobación de la Junta Municipal, adjudicó la venta directa de un terreno de 5 hectáreas a MUCI, presidida por David Wallace Peery. Defelippe también figura en los documentos de constitución y en las constancias de beneficiarios finales presentadas ante la Abogacía del Tesoro hasta el 18 de junio de 2024. Aunque el valor fiscal de la venta no se ha especificado, se sabe que el valor real de mercado del terreno es de aproximadamente G. 50.000 millones, equivalentes a unos USD 6,6 millones al cambio actual.

El pago ya se ha realizado a la Municipalidad de Asunción y se espera la aprobación de un convenio entre la municipalidad y MUCI. Este convenio ofrecerá beneficios limitados, como la entrada gratuita al museo dos días al mes para todos los paraguayos, una vez que se inaugure el museo. No se han establecido condiciones específicas sobre el uso o enajenación del terreno después de los 5 años estipulados por la Ordenanza número 33/95 de “Tierras Municipales”.

Este generoso aporte de la Municipalidad de Asunción, combinado con el típico convenio de cooperación institucional en el que participa Bruno Defelippe, posiciona el proyecto del Museo de Ciencias como una importante plataforma para Soledad Núñez, quien actualmente aspira a ser intendente de la capital del país.

El riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo es otra preocupación que aborda el proyecto de ley. La Resolución 453/11 de la Secretaría de Prevención de Lavado (Seprelad) ya había incluido a las OSFL entre sus sujetos obligados.

Un informe de la Seprelad destaca el riesgo elevado de lavado de dinero y el uso indebido de las OSFL para la comisión de delitos vinculados a la corrupción. El informe menciona que muchas OSFL, principalmente las clasificadas como “caridad/asistencia”, “servicios sociales”, “desarrollo social y económico”, “deportivo” y “comités”, han sido utilizadas para fines ilícitos.