El Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), que reparte jugosos honorarios con dinero de los contribuyentes, también ejecuta un proyecto anticorrupción con tres consultoras satélite a las que aparecen vinculados el mismo coordinador y su hijo que, por un lado, lideran grupos de ciudadanos contralores de la gestión pública y, por el otro, facturan a empresas contratadas en la iniciativa.
- Por Rossana Escobar M.
- rossana.escobar@nacionmedia.com
Una rosca cerrada de negocios opera con proyecto de anticorrupción del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), misma ONG en la que descubrimos una repartija de honorarios entre el clan familiar del presidente, Agustín Carrizosa, y su coordinador de “Más ciudadanía, menos corrupción”, Francisco Darío Alcaraz.
El proyecto “Más ciudadanía, menos corrupción” que se lleva adelante en el marco del acuerdo de cooperación entre la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y el CIRD, al igual que varios proyectos ejecutados por la ONG, tiene detrás consultoras contratadas a las que resultan estar vinculados los administradores, en este caso, a las que prestan servicios y facturan el coordinador de la iniciativa y su hijo de nombre Carlos Francisco Alcaraz.
Alcaraz contrata para consultoría en “Más ciudadanía, menos corrupción” a la ONG Conciencia Viva donde está como directora ejecutiva Romy Vaesken, quien en documentos presentados al Ministerio de Economía y Finanzas también aparece con participación y como representante legal en la consultora Tabacman, misma empresa que trabaja con el CIRD y en el proyecto anticorrupción. (Ver infografía).
La ONG Conciencia Viva le contrata a su vez como técnico para los talleres de “Más ciudadanía, menos corrupción” al hijo del coordinador de este proyecto. A la par, papá e hijo también prestan servicios de consultoría a Tabacman, que trabaja en el proyecto con el CIRD.
En Tabacman está José Félix Bogado Tabacman, participante mayoritario y también representante legal, según los documentos oficiales.
Al ser consultado sobre los vínculos con la ONG y la consultora que facturan en proyecto “Más ciudadanía, menos corrupción”, Alcaraz había confirmado que su hijo trabaja en Conciencia Viva y que tanto él como su retoño son consultores de Tabacman.
“Sí, trabaja en Conciencia Viva y trabaja también en Tabacman. Los profesionales independientes trabajamos en todas partes donde podemos porque no tenemos ningún salario”, dijo.
“Hago consultorías muy puntuales en Tabacman, no recibo un salario mensual, hago trabajos de consultoría, dentro del CIRD yo no soy funcionario. Yo recibo un honorario como consultoría y Carlos trabaja en varias consultorías en planificación estratégica porque es su especialidad porque tiene un masterado al respecto”, explicó Alcaraz, dejando entrever las facturaciones en la empresa y ONG a las que contrata en proyecto anticorrupción.
Sobre el conflicto de interés por el vínculo de su hijo con la ONG que él contrato en “Más ciudadanía, menos corrupción”, Alcaraz respondió: “Nosotros no le contratamos a Carlos, nosotros le contratamos a Conciencia Viva, pero él forma parte del plantel de Conciencia Viva, que le acompañó a Romy Vaesken, que es la directora de Conciencia Viva, para ayudarle, ni un problema porque es profesional independiente”.
Como se puede apreciar en la infografía, en “Más ciudadanía, menos corrupción” también se contrató a Beas Consultora, que es de Isabel Benítez Espínola, contadora de Alcaraz. La mujer inscribió en el Instituto de Previsión Social (IPS) al coordinador del proyecto y figura como su empleadora.
“En IPS hay varias modalidades de aporte y una es el aporte voluntario, de modo que no constituye ningún delito que una persona aporte voluntariamente porque permite la legislación de IPS. Y yo desde hace muchos años en realidad le brindo ciertos servicios a la licenciada Isabel Benítez, es el sector privado, no es público, yo le puedo brindar servicios. Yo regularmente le escribo sus notas y ella me contrata”, sostuvo Alcaraz.
El CIRD también trabaja con la Red de Democracia y Transparencia (RDT) y con el Ministerio de Salud tiene un millonario convenio firmado en la época de Julio Mazzoleni, cuyas rendiciones de gastos solicitadas no son proveídas, pese a las varias solicitudes vía Ley de Acceso a la Información Pública.
“La libertad contractual”
el proyecto de “Reactivación económica poscovid” del propio presidente del CIRD, Agustín Carrizosa; su pareja, María Berta Rojas Aveiro; su cuñada, Marta María Rojas Aveiro, y su hija, Paola Carrizosa, al que se suma Carlos Alcaraz, hijo de Francisco Alcaraz, la ONG difundió un comunicado para decir que “es una institución privada donde rige la regla de la libertad contractual”.
El comunicado refiere el cumplimiento de la rendición de gastos de fondos recibidos de Sinafocal, SNPP, MIC, MTESS; sin embargo, estas instituciones hasta ahora no transparentan totalmente la información que solicitamos vía Ley de Acceso a la Información Pública. Hay infinidad de convenios del CIRD con instituciones del Estado, no pasan por Contrataciones Públicas, se desconocen sus ejecuciones y no se proveen los datos financieros.