Las pocas rendiciones de cuenta de la infinidad de transferencias que recibió el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), que conseguimos después de mucha insistencia, revelan sistemáticas, millonarias facturaciones, hasta comprobantes emitidos en mismas fechas a varias instituciones públicas por parte del presidente de la organización y su clan, lo que refleja el manejo discrecional y voraz del dinero público, proveniente del aporte de los contribuyentes.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

La crisis arrastrada con relación al platal que el Estado destina a los proyectos de “fortalecimien­tos” institucionales, mipy­mes, de reactivación econó­mica pospandemia del covid y la repartija de honorarios detrás entre el clan del pre­sidente del Centro de Infor­mación y Recursos para el Desarrollo (CIRD), ONG que administra los fondos, indica que los más fortalecidos son ellos, que viven facturando a costa de estas iniciativas que al final se traducen en nego­cio familiar.

Las pocas rendiciones de cuenta de la infinidad de pro­yectos estatales que adminis­tra el CIRD a las que accedi­mos vía Ley de Acceso a la Información Pública, ya que el hermetismo de las institu­ciones eludió la entrega de datos, de igual forma, reve­lan un rosario de facturacio­nes del clan de Agustín Carri­zosa, en el que también figura él mismo y el hijo de su coordi­nador anticorrupción, Fran­cisco Darío Alcaraz.

Según la planilla de algu­nas rendiciones de cuenta proveídas por la Contralo­ría General de la República (CGR), Agustín Carrizosa, presidente de la ONG que recibe las millonarias trans­ferencias del Estado, tam­bién registra cobros en concepto de honorarios de estos fondos, al igual que su pareja, María Berta Rojas Aveiro, su cuñada Marta María Rojas Aveiro y su hija Paola Carri­zosa Bradshaw, quien apa­rece con cobro de jornales.

Mientras que Carlos Fran­cisco Alcaraz, hijo del coor­dinador de “Más ciudadanía, menos corrupción”, figura con honorarios profesionales.

Sistemáticos y jugosos cobros registra la pareja de Carrizosa, principalmente en el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sina­focal) y otros como el Ministe­rio del Trabajo, Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y el Sistema Nacional de Promo­ción Profesional (SNPP). En la infografía que acompaña este artículo se puede ver fechas de comprobantes emitidos uno tras otro, incluso hasta 6 en una misma fecha, y algunos en el mismo día que en otras instituciones.

Solo con algunos proyectos en Sinafocal, Trabajo, MIC, SNPP, María Berta acumula facturaciones por G. 687,4 millones. Consultorías, ase­sorías e investigaciones son los conceptos de cobro por excelencia, aunque también hay algunos servicios comu­nicacionales.

La cuñada de Carrizosa es parte del clan con seguidilla de facturaciones. Según las pocas rendiciones a las que accedimos suma G. 271,5 millones en consultorías, asesorías e investigaciones en Sinafocal. Mientras que su hija Paola acumula jor­nales como fotógrafa por G. 106,4 millones, en el Proyecto de Reactivación Económica Poscovid de Sinafocal.

El presidente del CIRD tam­bién registra cobro en pro­yectos con el Estado. Acce­dimos a algunos de Sinafocal rescatados del denominado “Aplicación de Metodolo­gías Innovadoras en la For­mación Profesional y el For­talecimiento”.

En la conversación ante­rior, cuando consultamos a Carrizosa sobre los cobros de su familia en proyectos de Sinafocal, también le había­mos preguntado por los hono­rarios suyos a lo que respon­dió: “Sí, claro, yo también. Yo soy director del CIRD”.

Solo con algunos de los pro­yectos con Sinafocal, MIC, Trabajo y el SNNP el clan Carrizosa y el joven Alcaraz se repartieron G. 1.113 millo­nes de la plata proveniente de los contribuyentes.

Mientras estos negocios se cocinan en la ONG, detrás de los proyectos estatales ante una inentendible permisi­bilidad de nuestras autori­dades que no pueden alegar desconocimiento del festín que en condiciones privile­giadas se manda un clan con el dinero público, las cabezas de la organización se aban­deran de grandes iniciativas anticorrupción que persigue el tráfico de influencias, el uso discrecional de los recursos del Estado, la impunidad, etc.

En nuestra edición anterior mostramos las vinculaciones y el esquema de negocios de una rosca que se fortalece con los proyectos anticorrupción que genera entusiasmo en la ciudadanía, que busca solu­ciones a las irregularidades en el sector público. “Más ciu­dadanía, menos corrupción”, del área de transparencia del CIRD, tiene detrás a consul­toras que facturan en este proyecto y a las que están vinculados el propio coor­dinador Alcaraz y su hijo como staff de profesionales de estas empresas.

Isabel Benítez Espínola (Beas Consultora) es con­tadora de Alcaraz. Esta le aseguró como empleado en el Instituto de Previsión Social, mientras él le dio algunos trabajos en “Más ciudadanía, menos corrup­ción” y, según nos confirmó él, también le hace algunas consultorías a la mujer.

En este contexto de amista­des está también la consul­tora Tabacman, donde está Romy Vaesken, quien a la vez es directora de la ONG Con­ciencia Viva, subcontratada en “Más ciudadanía, menos corrupción” y en la que tam­bién aparecen como consulto­res Carlos Francisco Alcaraz junto con su papá Francisco Alcaraz, coordinador del proyecto. Es así que, quienes lideran los ruidosos proyec­tos anticorrupción, en rea­lidad están haciendo nego­cios usando principalmente como blanco a algunos políti­cos que no gozan de la simpa­tía mediática y aprovechando el hartazgo de la ciudadanía.