Mientras la coyuntura política prevé redireccionar más recursos para las oenegés en el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), una de las oenegés más antiguas en nuestro país, que ejecuta astronómicos presupuestos con el erario público, el clan del presidente de la organización y de coordinador de proyecto anticorrupción figuran con jugosos cobros en un proyecto de reactivación económica poscovid de G. 6.093 millones.
- Por Rossana Escobar M.
- rossana.escobar@nacionmedia.com
La rendición de cuentas de un proyecto de “Reactivación económica poscovid revela la repartija de honorarios entre el clan de Agustín Carrizosa Gubetich, presidente del Centro de Información y Recursos para el desarrollo (CIRD), ONG que ejecutó los millonarios fondos que le transfirió el Estado, a través del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal). Entre los privilegiados consultores también está el hijo del mediático consultor anticorrupción Francisco Darío Alcaraz, precisamente coordinador de “Másciudadanía, menoscorrupción”, uno de los proyectos más ruidosos de esta ONG.
El proyecto de reactivación económica poscovid fue lanzado el año pasado por la entonces ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, junto con Alfredo Mongelós, secretario técnico de Sinafocal, y el presidente del CIRD.
El objetivo marcado es la “capacitación y fortalecimiento de mipymes y del Sinafocal, para promover el incremento del empleo formal y la posibilidad de que los beneficiarios puedan convertirse en profesionales”. Los primeros en asegurar el empleo y reactivar su economía fueron los miembros del clan Carrizosa-Alcaraz. Según documentos de rendiciones de cuentas presentados a la Contraloría General de la República (CGR), el monto del convenio específico transferido al CIRD fue de G. 6.093 millones. Entre los detalles de gastos figuran varios cobros de jornales de G. 4,5 millones de Paola Carrizosa Bradshaw, hija del presidente de la ONG.
Así también, se registran reiterados cobros de honorarios por “consultorías, asesorías e investigaciones” de María Berta Rojas Aveiro, pareja de Carrizosa, que solo en el proyecto poscovid facturó G. 212 millones. Se suma al clan de privilegiados con honorarios por “consultorías, asesorías e investigaciones” Marta María Rojas Aveiro, que es hermana de Berta y, por ende, cuñada del presidente del CIRD, que facturó por G. 109 millones.
El CIRD es una institución que tiene infinidad de convenios con diferentes entidades del Estado, administra proyectos sociales muy sensibles en el rubro de Salud, gestión pública, trabajo, además de reivindicar la transparencia y el combate a la corrupción con iniciativas de debate que cuestionan la discrecionalidad, el tráfico de influencias del poder político que saca provecho y privilegia a su entorno, etc.
La repartija de sueldos en familia aprovechando un convenio financiado con dinero público y los negocios de consultoría que corren entre los amigos que actúan de consultoras satélite de la ONG, empresas a las que también facturan y están vinculadas quienes activan en el CIRD, no condicen con el discurso que pregonan desde la organización. Por ello consultamos a Carrizosa sobre los cobros de jornales y jugosos honorarios de su familia en el citado proyecto, a lo que respondió: “Familiares míos, quién por ejemplo?
FOTÓGRAFA
Sobre el caso de su hija, señaló: “Ah sí, Paola, ella es fotógrafa. Pero ella es la única”, pero al consultarle sobre María Berta, dijo: “Ah bueno, ella es la coordinadora, sí. Ella es mi pareja, verdad, no es familiar. Bueno, si es familiar. ¿Y después?Ante su pregunta le hicimos referencia sobre los cobros de una cuñada, hermana de María Berta, a lo que respondió: “Ah Marta, sí. Ella es consultora. Sí eso, ¿y después? ¿Eso nomas, verdad?”.
Carlos Francisco Alcaraz, hijo del coordinador de proyecto del CIRD “Más ciudadanía, menos corrupción”, Francisco Darío Alcaraz, figura con varios cobros de jornales.
Sobre el caso, Francisco Alcaraz refirió: “Él es un profesor independiente, no tiene ninguna limitación para trabajar, el CIRD tiene sus procedimientos internos, es una organización del sector privado”.
Alcaraz sostuvo que su hijo no está contratado en “Más ciudadanía, menos corrupción”; sin embargo, otra ONG contratada para este proyecto tiene como profesional al joven para realizar charlas con dinero recibido para el financiamiento de esta iniciativa.
Por cierto, el consultor anticorrupción Alcaraz también contrató a la consultora de su contadora Isabel Benítez Espínola en “Más ciudadanía, menos corrupción” y, a la vez, la mujer figura como su empleadora en el Instituto de Previsión Social (IPS), en condiciones poco claras. “Hay varias modalidades de aporte y una de las modalidades es el aporte voluntario que no constituye ningún delito porque permite la legislación del IPS. Y yo desde hace muchos años en realidad le brindo ciertos servicios a la licenciada Isabel Benítez, es el sector privado, no es público, yo le puedo brindar servicios”, dijo Alcaraz, dejando al descubierto las vinculaciones y los negocios de clanes detrás de los proyectos anticorrupción. (Ver infografía).