El 99 % de las denuncias sobre el Instituto de Previsión Social que llegaron a la Secretaría Nacional Anticorrupción de diferentes irregularidades como cobro indebido, acoso sexual, estafa, etc., quedaron en el limbo, entre desestimaciones e investigaciones que se perdieron en el camino. Cuando la Contraloría General de la República destapó la profunda podredumbre en la previsional y en 16 meses detectó desfalco por G. 1 billón, Anticorrupción solo se encargó de recibir y enviar carpetas de un lado a otro.

• Unidad de Investigación
• Nación Media

Resultados poco alentadores se pue­den ver en el portal de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac). En los últimos 5 años (agosto del 2018 y agosto 2023) recibió un total de 165 denuncias sobre presuntos ilícitos ocurridos en el Ins­tituto de Previsión Social (IPS), de las cuales solo una de ellas logró cerrar y deri­var al Ministerio Público.

Las denuncias van desde casos de supuesto cobro indebido de honorarios por parte de los funciona­rios, acoso sexual, apropia­ción de los bienes públicos y estafa, etc. Del rosario de reclamos que la ciudada­nía les hizo llegar, la única investigación que fue con­cluida por parte de la Senac es el caso de una persona que refirió que una fun­cionaria del IPS le soli­citó millonarias sumas de dinero a cambio de modifi­car sus datos en el sistema informático de la previsio­nal para acelerar su jubi­lación. Por cierto, la fun­cionaria denunciada sigue formando parte del plantel del hospital.

En la web de la cuestio­nada secretaría se mues­tra que 89 de las denuncias registradas quedaron en la nada, ya que 11 de ellas fueron archivadas, otras 63 fueron remitidas a las Unidades de Transparen­cias (UTA) del propio IPS para que se evalúen a nivel interno, también al Minis­terio de Salud Pública y Bienestar Social, la Direc­ción Nacional de Contra­taciones Públicas, y otras instituciones donde fueron desestimadas; y las 10 res­tantes cayeron de entrada al ingresar a la Senac sin conocerse las razones.

Hay que recordar que, en sus tiempos de director jurídico de la institución, el exministro de la Senac, Federico Hetter, refirió que, desde la Senac, por lo general se encargan única­mente de derivar las denun­cias de presuntos hechos de corrupción a las UTA de las instituciones señala­das para que se analicen las causas, es decir, una suerte de auto investigación.

De pasamanos, práctica­mente actúa la Senac en la mayoría de los casos, excepto cuando se trataba del contrincante político como ocurrió en el gobierno de Mario Abdo, en el que Anticorrupción se prestó para varias persecucio­nes de adversario. La falta resultados ante la serie de denuncias de supuestos ilícitos en la previsional cobra mayor relevancia al considerar que la institu­ción viene siendo blanco de críticas debido a la pésima gestión del expresidente del IPS, Vicente Bataglia, que fue sacudida por los constantes reclamos de la ciudadanía sobre la falta turnos, medicamentos e insumos médicos además del pésimo estado edili­cio de la institución. Sin embargo, todo esto fue pasado por alto en la Senac.

Por su parte, la Contra­loría General de la Repú­blica (CGR) encontró ver­daderos pozos en el IPS durante la era Abdo, prin­cipalmente de la adminis­tración de Vicente Bataglia. En el ejercicio fiscal del año 2022 y el primer cuatrimestre del 2023 (16 meses), la CGR detectó una serie de irregularidades supuesta­mente cometidas dentro del IPS generando un desfalco de G. 1 billón.

Según refi­rió a los medios de prensa el subcontralor, Augusto Paiva, entre los indicios más relevantes del informe figura el hallazgo de bienes de la previsional, valuados en conjunto por G. 42.915 millones catalogados como “faltantes”; la falta de ges­tión para la reparación o baja de bienes por valor de G. 2.000 millones, que no se registraron documentos respaldatorios del consumo de combustible para gene­radores por G. 705 millones y que en el caso del parque automotor, concluyeron que el consumo de com­bustible superó el prome­dio por cada 100 km, por un valor de G. 947 millones. Nada de esto olió la Secre­taría Anticorrupción.