Unidad de Investigación, Nación Media
Problemas en la distribución de almuerzo escolar que, según la Contraloría General de la República, ocasionó un millonario perjuicio patrimonial en Ypacaraí. En el informe se señala que la administración del liberal Raúl Fernando Negrete distribuyó alimentos para almuerzo fuera de las instituciones educativas y habilitó pagos a proveedores sin exigirles la documentación correspondiente. El mismo ya tiene una causa abierta por presunto daño patrimonial que duerme en la Fiscalía desde el 2020.
En la lista de auditorías de municipios con irregularidades en la compra y distribución de almuerzo escolar que la Contraloría General de la República remitió al Ministerio Público figura Ypacaraí, bajo la administración del liberal Raúl Fernando Negrete. Esto ratifica publicaciones de La Nación Investiga que en ediciones anteriores ya mencionaba mal manejo del alimento de los niños en esta comuna, remarcando la falta de control de calidad de los insumos.
La semana pasada la CGR remitió a la Fiscalía una serie de 30 reportes de indicios de hechos punibles hallados en distintos municipios por valor global de G. 50.000 millones que incluye a Ypacaraí.
El informe señala que el municipio a cargo de Negrete presuntamente incurrió en irregularidades por permitir la distribución de los alimentos para alumnos fuera de las instituciones educativas y el pago a proveedores sin exigirles los documentos respaldatorios correspondientes.
Según la auditoría que analizó los gastos del referido municipio durante los periodos del 2021 y el 2022 y se publicó en marzo de este año, se presume que hubo platos no consumidos en las escuelas debido a la ausencia de los alumnos y que fueron entregados fuera de las instituciones; no obstante, el equipo auditor no pudo comprobar debido a la falta de documentos respaldatorios que avalen estas entregas. La Contraloría determinó que durante el mismo periodo la administración a cargo de Negrete no contaba con un control eficiente de la calidad de los productos a ser proveídos a los alumnos, ya que la empresa encargada no contrató personal idóneo para la fiscalización de los insumos. Un ejemplo de esto son las bananas servidas en presencia de los auditores que se encontraban en mal estado, según señala el informe.
Otras irregularidades subrayadas en el reporte presentado ante la Fiscalía dicen que la administración del liberal “no exigió el cumplimiento de lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la licitación de provisión de almuerzo escolar, en cuanto a la cantidad del personal de limpieza contratada por la empresa adjudicada” y que “el costo promedio de insumos de alimentos por plato del almuerzo escolar distribuido por el Municipio de Ypacaraí solo representa el 40% del costo unitario por plato”.
Según el director jurídico de la CGR, Darío Ortega, en el referido municipio lo que ocurrió es que “la empresa proveedora (del almuerzo escolar) no presentaba los documentos que justifiquen el pago, entiéndase individualizar correctamente qué productos y cuántos kilos se entregaron, así como tampoco se presentaban los documentos que justifiquen el pago para su personal”.
Con los hechos mencionados, la Contraloría estima que el municipio a cargo de Negrete presuntamente ocasionó un perjuicio de G. 288 millones entre septiembre de 2021 y noviembre de 2022. Esto se suma a la serie de gastos irregulares en su gestión que se vienen denunciado desde el 2020.
IRREGULARIDADES ANTERIORES
Vale recordar que, en el caso de Ypacaraí, estos nuevos hallazgos de presuntos ilícitos son solo una mancha más en la administración de Negrete, quien ya tiene una causa abierta en la Fiscalía a raíz de un informe anterior de la CGR por supuesto daño patrimonial de G. 2.000 millones que data de 2020.
Esta auditoría revela que la administración municipal de Ypacaraí realizó un verdadero festival de gastos durante el tercer cuatrimestre de 2018 y segundo cuatrimestre de 2019, algunos sin las rendiciones pertinentes y un bicicleteo con la plata de royalties.
Se usaron fondos de royalties para hacer mejoras en propiedad privada, en contravención a las normas de ejecución.
El caso está en manos del fiscal Néstor Coronel, quien hasta ahora no terminó la investigación y dilata imputación.