El gremio Auténticos Abogados del Paraguay (AAP) había acudido hace dos semanas atrás a la Justicia para frenar el cuestionado concurso para contratación de personal de la Itaipú, considerando que está en etapa de definición y prácticamente ya están cocinados la mayoría de los cupos a favor de los amigos. Sin embargo, los jueces pierden más tiempo en inhibiciones y permisos que en atender la medida.
- Unidad de Investigación
- Nación Media
Pasaron dos semanas desde que el gremio Auténticos Abogados del Paraguay (AAP) presentó un amparo constitucional, una de las medidas judiciales más rápidas que se dispone con el objetivo de frenar el cuestionado concurso para contratación de personal en Itaipú Binacional; sin embargo, hasta la fecha no se dio estudio al recurso con el que el referido gremio busca proteger el derecho al trabajo y a la igualdad amparados en la Constitución Nacional.
El amparo se había remitido el pasado 5 de julio al Juzgado en lo Civil número 22 de Asunción, donde fue rechazado “in límite” por el juez Martín Acosta; es decir, que ni siquiera dieron estudio al documento presentado por el referido gremio por supuestamente “no justificar la personería jurídica de los accionarios”, los cuales fueron plenamente presentados, según manifestó el abogado Juan Prieto, presidente de AAP.
El gremio sostiene que el cuestionado proceso selectivo va en contra de lo establecido en la Carta Magna, debido a que entre los requisitos excluyentes de puestos como el de “asesor legal - Departamento de Licitaciones y Contratos” y otros, se establece que los concursantes deben tener un máximo de 30 años de edad.
“La Constitución Nacional no establece ninguna edad para participar en ningún concurso y la Itaipú Binacional, siendo un administrador de la cosa pública, está obligado al cumplimiento de la ley”, lamentó Prieto.
Tras este rechazo, el presidente del gremio recurrió a la Cámara de Apelaciones y el caso fue remitido a la segunda sala del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de la capital a cargo de los jueces Guido Cocco Samudio, Juan Carlos Paredes y María Sol Zuccolillo. Sin embargo, cuando parecía que iban a resolver el caso, la magistrada Zuccolillo solicitó permiso y se estancó el proceso.
Por los tiempos que rigen, se espera que hoy se designe el reemplazo pertinente, mientras tanto el concurso minado de denuncias está a punto de cerrarse.
OTROS DENUNCIANTES
Esta no es la primera denuncia sobre el concurso, ya que hace dos meses, el abogado Wilson Benítez cuestionó a la binacional la falta de transparencia en el proceso selectivo y solicitó “que todo el proceso sea público”, y en la misma fecha, la Cámara de Senadores solicitó un informe sobre dicho proceso selectivo; sin embargo, hasta la fecha ninguno de los pedidos fueron contestados por la Itaipú.
Empresa aclara sobre esposa de Ullón
La empresa Tecno Dinámica SRL remitió un comunicado a nuestra redacción con relación a nuestra publicación del pasado lunes 17 de julio titulada: “Esposa de Ullón, con superascenso en el MOPC”. La firma figura entre los activos (como herencia) en las declaraciones del empresario Julio Ullón , exjefe de gabinete de la Presidencia de la República y en el material periodístico referimos el ascenso que experimentó su esposa en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, con dos cargos de alta relevancia, uno de ellos el de proyecto para el “Desarrollo de capacidades de gestión MOPC”, considerando las licitaciones por valor de G. 55.590 millones que el político había acumulado en esta cartera estatal.
TECNO DINÁMICA SALIÓ AL PASO Y EXPLICÓ LO QUE SIGUE:
“El señor Julio Vicente Ullón Brizuela es accionista de nuestra empresa desde la declaración de herederos inscripta en los registros pertinentes el 30 de setiembre del 2020 con 8,33 % de participación accionaria y que desde que fue designado accionista a través de dicha medida judicial, la empresa solamente ha sido adjudicada con un contrato en consorcio en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones con otra empresa por un monto de G. 2.488.836.756 para la fiscalización de la construcción de la Terminal de Cargas de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) en la ciudad de Presidente Franco. Este contrato fue adjudicado en noviembre de 2022, mucho antes de la designación de la Sra. María Celeste Solís Bogado, esposa del Sr. Julio Vicente Ullón Brizuela, como directora de Control Interno y directora nacional del Proyecto PNUD en abril de este año”.
“Hemos tomado una decisión en relación con la designación de la Sra. Solís Bogado en un cargo gerencial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). A partir de dicha designación desde abril de este año, se ha decidido no participar en ningún proceso licitatorio en el mencionado Ministerio”.