Fátima Ávalos Aguilera, hermana de la jefa de Imagen Institucional de la binacional, Carolina Ávalos Aguilera, está ternada como “tesorera júnior”, cargo que coincidentemente solo exige título en carreras administrativas como economía, contabilidad, ingeniería comercial o administración de empresas y edad menor a los 32 años. Como anillo al dedo, Fátima tiene 31 años y es licenciada en administración de empresas.

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Se sigue ampliando la lista de familiares y amigos de altos fun­cionarios de la binacional ubicados entre los finalistas del cuestionado concurso vía Proceso Selectivo Externo (PSE) para contratación de personal en Itaipú Binacio­nal. Ahora aparece el nombre de Fátima Ávalos Aguilera, hermana de la jefa de la Divi­sión de Imagen Institucional, Carolina Ávalos Aguilera, y virtual ganadora como ter­nada para el cargo de “teso­rera júnior”.

Según datos del PSE, para el referido puesto se tiene previsto una remuneración base de G. 14.623.200, lo que atrajo a 184 profesionales que se anotaron con la esperanza de obtener la única vacante disponible.

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Entre los requisitos excluyen­tes publicados en el portal del PSE se menciona que los par­ticipantes deben tener como máximo 32 años de edad y ser egresados de carreras como contabilidad, administra­ción de empresas, economía, ingeniería comercial o inge­niería empresarial. Perfil que se ajusta “como anillo al dedo” al de la hermana de la jefa de Imagen Institucional, ya que la joven tiene 31 años y el título en administración de empresas.

Sin embargo, la experiencia de la concursante es un verda­dero misterio, ya que no figura en los registros de la Secre­taría de la Función Pública ni tampoco del Instituto de Previsión Social, otro dato no menor considerando que el cargo al que postula Fátima no requiere experiencia y los requerimientos de la Itaipú son ajustadísimos a su perfil.

Fátima Ávalos Aguilera, finalista para cargo de tesorera júnior en Itaipú, junto a su hermana Carolina Ávalos Aguilera, jefa de Imagen Institucional de la binacional.

Vale remarcar que, según los registros de la binacional, la hermana de la aspirante ter­nada tesorera júnior percibe unos G. 45,4 millones al mes entre sueldo y bonificacio­nes. Con este nivel salarial, las hermanas Ávalos podrían convertirse en el duo de pri­vilegiadas del oro en la bina­cional.

El caso de Fátima Ávalos es uno más de los amaños que trascienden en el cuestionado concurso de contratación de personal de la Itaipú. Nues­tro medio identificó una serie de familiares y allegados a los jefes de la institución entre los finalistas para los 220 puestos promocionados por la bina­cional. Otro de estos afortu­nados concursantes es Mau­ricio Leguizamón, finalista para el cargo de “técnico en seguridad del trabajo” e hijo del jefe del departamento de Seguridad del Trabajo, Ángel Leguizamón.

Así también es finalista Fabricio Coronel García, hijo del defensor general de la hidroeléctrica, Francisco Javier Coronel, cuya depen­dencia a su cargo es una de las involucradas en la entre­vista a los postulantes y que forman parte de la última fase del concurso.

La serie de vínculos denun­ciados, sin embargo, pasa desapercibido para el direc­tor general de Itaipú, Manuel María Cáceres, quien días pasados mencionó a los medios que el concurso no está amañado y se escuda con la participación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción para la selección, sin embargo, son los altos funcionarios de la binacio­nal los que están definiendo la competencia.

ESPERAN DEFINICIÓN DE APELACIÓN SOBRE CONCURSO

El amparo constitucional presentado por el gremio Auténticos Abogados del Paraguay (AAP) tuvo un freno en la segunda sala Tribunal de Apelaciones en lo Civil de la capital luego de que la jueza María Sol Zuccolillo pidiera permiso el pasado 11 de julio.

El gremio acudió a la justicia mediante un amparo en busca de la suspensión o en su caso la anulación del cuestionado concurso de contratación de personal en Itaipú por presuntamente violar los derechos al trabajo y a la igualdad protegidos por la Constitu­ción, tal como refiere el documento firmado por el abogado Juan Prieto, presidente de AAP.

El amparo había sido rechazado por una supuesta omisión de la personería jurídica del mencionado gremio de profesionales y pasó a la Cámara de Apelaciones. Pero en esta instancia volvió a trancarse por el permiso de uno de los miembros y se espera la designación de un tercer juez. En teoría este trámite lleva un plazo de 6 días hábiles desde la solicitud de permiso de la magistrada, tiempo que se cumple este miércoles.

SEPA MÁS

Entrevistas a finalistas culminan este viernes

El proceso de selección para la incorporación de perso­nal para las 220 vacantes promocionadas por la Itaipú está en su etapa final. Son 660 finalistas en fase de entrevistas cuya culmina­ción está prevista este vier­nes 21 de julio.

Esposa de Ullón, con superascenso en el MOPC

Julio Ullón junto a su esposa Celeste Solís, con dos supercargos en el MOPC.

Celeste Solís Bogado, esposa del exjefe de Gabi­nete de la Presidencia de la República, Julio Ullón, fue doblemente premiada en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicacio­nes (MOPC) el pasado abril, ya que según documentos oficiales, la funcionaria fue designada como direc­tora de la dirección Téc­nica de Control Interno, esto cuando una semana antes había sido ubicada a cargo del millonario pro­yecto para el “Desarrollo de capacidades de gestión MOPC”.

Hay que recordar que el referido proyecto es ejecu­tado a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y fue firmado en junio del 2019 con un presupuesto inicial de USD 1,1 millones, que fue aumentando durante la pandemia a través de “revi­siones sustantivas” hasta habilitar USD 14 millones.

En el proyecto firmado entre el MOPC y el orga­nismo internacional se con­templan millonarias obras como la construcción de la ruta Naranjal-San Cristó­bal y la avenida Costanera Sur, los cuales quedarán a cargo de la esposa de Julio Ullón, reconocido supercon­tratista del Estado que solo en el MOPC se adjudicó con­tratos por valor de G. 55.590 millones, según registros de Contrataciones Públicas.

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