Coincidentemente, luego de la “denuncia” de Arnaldo Giuzzio en el Congreso contra Horacio Cartes saltaron las mayores filtraciones de información confidencial desde la Seprelad. Documentos internos confirman que la institución manejada por Carlos Arregui era la que proveía información seleccionada dirigida a los enemigos políticos del Gobierno. La viceministra Carmen Pereira, figura como la principal operadora quien ordenaba la inclusión de personas en la lista a ser investigadas en total violación a los procedimientos internos, ya que ni siquiera se habían generado reportes sospechos ni pedidos de instituciones como Fiscalía o Contraloría. Pese a escándalos por filtraciones, Seprelad nunca aplicó protocolo ignorando recomendaciones de Gafilat, según el trabajo de investigacion de Jorge Torres y Cinthia Mora.

• FUENTE: LA CAJA NEGRA

El equipo de “La caja negra” tuvo acceso exclusivo a documen­tos oficiales de la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero) que dela­tan el esquema de filtraciones de informes de inteligencia con fines políticos. El esquema montado confirma el uso de la institución como garrote polí­tico durante el gobierno de Mario Abdo.

Los múltiples episodios de filtraciones que significaron incluso alertas a nivel inter­nacional a raíz de las observa­ciones plasmadas por el equipo evaluador de Gafilat en su informe comenzaron a regis­trarse desde el mes de enero de 2022.

Estos episodios quedaron oficialmente inaugurados con la denuncia realizada por Arnaldo Giuzzio ante la Seprelad y el Congreso, a par­tir de datos e informaciones a las que nunca hubiera podido tener acceso de no ser por la asistencia que recibió previa­mente de algunos funciona­rios de la Seprelad, dedicados a la elaboración de informes secretos que contenían datos expuestos de manera tenden­ciosa con la exclusiva finali­dad de que sean filtrados en el marco de una guerra política.

La denuncia presentada por Giuzzio habría sido elaborada por un equipo de funciona­rios leales a la viceministra de la Seprelad, Carmen Pereira, bajo cuyas órdenes directas operaban. Estos funcionarios se habrían aprovechado de los datos a los que tenían acceso por las funciones que desem­peñaban en la unidad de inte­ligencia financiera.

El 27 de enero de 2020 Giuzzio presentó su denuncia contra Horacio Cartes ante la Sepre­lad. Una paradójica operación en que la propia Seprelad ase­soró y proveyó los detalles de la denuncia que luego esa misma institución recibió, autoasig­nándose lo necesario para jus­tificar investigaciones contra opositores políticos.

Al no registrarse pedidos que tengan el contenido suficiente para fabricar el montaje y tam­poco alertas generadas según los modelos establecidos para la gestión de Reportes de Ope­raciones Sospechosas (ROS) contra los enemigos políticos del poder de turno, era abso­lutamente necesario causar una justificación: la denuncia de Giuzzio.

Tras la presentación de la “denuncia”, el exministro Arnaldo Giuzzio contó con la abierta colaboración de los “cerebros” de la Seprelad, Car­los Arregui y Carmen Pereira, quienes salieron a hacer el coro correspondiente a través de los medios aliados. En fecha 2 de marzo de 2022, la viceministra de la Seprelad, Carmen Pereira, salió a darle “respaldo” a la denuncia diciendo que Horacio Cartes no se encontraba habi­litado para otorgar préstamos ni en la Seprelad ni en el BCP.

El operativo especial montado en la Seprelad tiene fecha de inicio oficial, el 27 de enero de 2022, misma fecha en la que Giuzzio presentaba su denun­cia contra Horacio Cartes en la Seprelad; así también, asumió el cargo de viceministra de la institución Carmen Pereira. En ese momento, Pereira ya se desempeñaba como directora general de Análisis Financiero y Estratégico de la Seprelad.

El decreto presidencial que designa a Carmen Pereira en el cargo de viceministra hace referencia a la Ley n.° 6497/2019 del 26 de diciem­bre de 2019, por la cual se creaba la secretaría adjunta (viceministerio) y que desde entonces estuvo vacante lla­mativamente por 2 años, siendo posiblemente reser­vado como “moneda de pago” para la persona que se encar­gará de elaborar y coordinar las filtraciones, un puesto clave para el momento estra­tégico (2022 año electoral) en que iniciarán los sistemáti­cos ataques político-mediá­ticos, socavando la institucio­nalidad de la Seprelad y otros organismos del Estado.

En mayo de 2022 iniciaron las publicaciones mediáti­cas basadas en supuestos informes de inteligencia de la Seprelad que tenían como objetivo principal el ataque político teniendo en mira las internas del Partido Colo­rado. Los blancos estaban identificados: Horacio Cartes y Santiago Peña, y los “ejecu­tores” del plan estaban en los puestos clave.

De acuerdo a un relevamiento de datos y una comparativa de cantidad de artículos periodís­ticos publicados que hacían referencia a informes de la Seprelad, el resultado arroja que en el año 2021 hubo 22 artí­culos publicados y en el año 2022 la cantidad de artículos de prensa salta a 39.

Tras la denuncia del exminis­tro Arnaldo Giuzzio, basada en filtraciones de la Sepre­lad, siguieron otros operati­vos mediáticos. El 30 de mayo del mismo año, medios afines al oficialismo colorado publi­caban reportes de Seprelad en el que constaban datos sobre ingresos de Santiago Peña como directivo de Banco Basa. Estos informes en for­matos especiales y sin la codi­ficación correspondiente del sujeto obligado (Banco Basa) solo pueden obtenerse desde el “corazón” de la Seprelad.

La resolución de la Seprelad 224/2018 establece el pro­cedimiento de codificación de los nombres de los sujetos obligados y de los analistas financieros de la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad) en los informes que se remiten al Ministerio Público y a otras entidades del Estado.

Según este documento, la Seprelad debió y debe codi­ficar todos los nombres de los sujetos obligados (ban­cos, financieras, escribanos, etc.) en todos sus informes de inteligencia que son remiti­dos. Es decir, los informes de inteligencia que son remitidos al Ministerio Público y otras entidades únicamente van en la versión codificada.

Sin embargo, llamativa­mente se han filtrado infor­mes de inteligencia en forma­tos especiales y sin los códigos correspondientes, algo sola­mente posible si las filtracio­nes se realizan desde el cora­zón de la Seprelad; es decir, desde su Dirección General de Análisis, unidad desde donde se articulan y dirigen los informes de inteligencia financiera.

La funcionaria encargada de operativizar la elaboración de estos informes y filtrarlos a la prensa era la viceministra Carmen Pereira y el séquito de funcionarios que respon­den a sus órdenes. “La caja negra” tuvo acceso a regis­tros de correos electrónicos entre el 5 y el 7 de marzo de 2022 enviados por Pereira a sus funcionarios leales en que se observaban las “instruccio­nes” que daba para investigar a una lista de personas físicas y jurídicas vinculadas a refe­rentes de Honor Colorado y en que solicitaba la elaboración de informes especiales sin el respaldo correspondiente.

Estas prácticas dentro de la Seprelad eran habituales, las órdenes generalmente se hacían de forma verbal y solo el seguimiento de los pedidos quedaban registra­dos en el correo electrónico. Las solicitudes de informa­ción se hacían sin el respaldo donde conste el pedido de algún organismo del Estado que solicitaba la información (Fiscalía, Contraloría, Senad, etc.) con instrucciones preci­sas de que no se agreguen ane­xos, lo que implicaba que los informes tenían que ser ela­borados lo más rápido posible y sin el respaldo documental correspondiente.

Este tipo de órdenes reve­laba que los pedidos de investigación no responden a ningún pedido oficial, sino simplemente a las órdenes de “arriba” y, además, con ese formato sin respaldo se garantiza no dejar rastros.

Entre otros correos electró­nicos de marzo de 2022 remi­tido por la viceministra Car­men Pereira se observa cómo dirigía una investigación y solicitaba incluir a una per­sona que aparecía vinculada al senador Erico Galeano. En este correo se revela el crite­rio que utilizaba Pereira para incluir a más personas en su lista de “investigados”:

Con esta simple acotación, Pereira ordenaba la inclusión de una persona en la lista de investigados. El modus ope­randi era el mismo, sin res­paldo de solicitud, en el marco de una investigación ligada a referentes de Honor Colorado y con el simple argumento de su condición de político. Méritos suficientes, acorde a su criterio, para ser objetos de una investigación por parte de la Seprelad.

Estas acciones contravienen directamente los manuales de procedimiento de la Seprelad que estipulan los requerimien­tos necesarios para iniciar una investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Finan­ciera. Este manual, aprobado en el año 2021, establece que los organismos o entidades del Estado que dirijan pedi­dos de informe a la UIF-Se­prelad (Unidad de Inteligen­cia Financiera) deberán estar debidamente rubricados por la máxima autoridad de la institución o el agente fiscal asignado a la causa, además de todos los datos que respalden el pedido así como los motivos por los cuales se sustenta el requerimiento.

De acuerdo a los datos publi­cados en la página web del Ministerio de Hacienda, los ingresos en concepto de viá­ticos y bonificaciones de la viceministra Carmen Pereira crecieron exponencialmente desde que asumió el cargo de viceministra en enero de 2022, coincidentemente es el año en que comenzaron las fil­traciones de informes de inte­ligencia y las investigaciones dirigidas desde las unidades manejadas por la funcionaria en la Seprelad.

Durante el año 2022, en con­cepto de pasajes y viáticos, cobró G. 41.533.804 y en lo que va del año 2023 cobró en el mismo concepto G. 28.140.300. En concepto de salario y jugosas bonificacio­nes se adjudicó en total solo en un año casi G. 350 millones.

La viceministra de Seprelad y otrora directora general de Análisis, Carmen Pereira, había aprobado en el año 2021 el Protocolo de Difu­sión de Informes de Inteli­gencia, del cual se desprende que la Seprelad debió abrir dentro de las 48 horas de las filtraciones el procedi­miento establecido para casos de difusión indebida de información. Pese a los múltiples episodios de fil­traciones registrados desde enero de 2022 y a la reco­mendación de la evaluación de Gafilat, este protocolo nunca se aplicó. Todas las filtraciones y los funciona­rios responsables quedaron impunes.

La propia viceministra Carmen Pereira elaboró un informe confidencial, de fecha 18 de febrero de 2022, con una lista de causas de carácter secreto que habían sido remitidas al Ministerio Público y que fue filtrada al diario Abc Color para presio­nar y tergiversar versiones contra la Fiscalía General.

Un dato no menos llamativo es el hecho de que a la fecha de la firma del informe filtrado a Abc Color (18 de febrero de 2022), Carmen Pereira ya no ejercía oficialmente el cargo de directora general de Aná­lisis y que habiendo estado su firma y sello en el informe confidencial filtrado en un medio, donde la misma era contactada habitualmente, no activó el protocolo elaborado y aprobado por ella misma para casos de filtraciones.