Lo que fuera en su momento un ambicioso programa en el avance de políticas y estrategias para la seguridad ciudadana del Ministerio del Interior, terminó en el fracaso. Una bajísima ejecución de USD 3 millones que básicamente se fue en consultorías, la instalación de la línea 137 SOS Mujer, la refacción de una comisaría, compra de electrodomésticos y las famosas comisarías móviles a precios “de oro” en los tiempos del ministro Juan Ernesto Villamayor. El Gobierno se aplazó en la reducción de la incidencia delictiva de los jóvenes que figura como uno de los componentes del proyecto, pero tuvo cero ejecuciones cuando los informes policiales atribuyen el protagonismo de hurtos, robos a jóvenes de entre 16 y 22 años.
- Por Rossana Escobar M.
- rossana.escobar@nacionmedia.com
Un crédito aprobado entre fines del 2017 y los primeros meses del 2018, a través el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), heredó un presupuesto servido de USD 20 millones para este gobierno con el objetivo de desarrollar el Programa de Gestión Integrada de Seguridad Ciudadana, que era una promesa en el combate a la delincuencia, principalmente juvenil, la violencia intrafamiliar, bien enfocado particularmente en Central y Asunción, resultó un plan fallido debido a la baja ejecución y dejó fuera con inversión cero en componente clave de la lucha contra el flagelo de la inseguridad.
De los USD 20 millones, solo se ejecutaron USD 3 millones con los que básicamente se costeó la estructura administrativa del proyecto, consultoría, además de algunas refacciones en una comisaría, muebles y electrodomésticos en otras, la implementación de la línea 137 SOS Mujer, así también la adquisición de las famosas comisarías móviles “de oro” en los tiempos del ministro Juan Ernesto Villamayor, denuncia que hasta hoy duerme en la Fiscalía. La inversión más notoria e importante es la adquisición de un equipo de sistema de identificación criminal por ADN el año pasado al término del programa.
El programa se divide en dos componentes. Uno es la generación de capacidades para la gestión efectiva de la información y la investigación criminal, que incluye el mejoramiento de políticas de seguridad ciudadana, capacidades para la gestión de las políticas de seguridad de la mujer, el aumento en la eficiencia en la investigación criminal, auditorías y evaluaciones, etc.
El segundo componente es el fortalecimiento de la eficiencia para la prevención del delito que abarca estrategias en 5 comisarías situadas en zonas rojas, reducción de la victimización de mujeres por violencia intrafamiliar y disminución de la incidencia delictiva de los jóvenes.
Según un informe proveído por el Ministerio del Interior, la planilla de gastos en ambos componentes está minada de consultores y compra de comodidades, algunas refacciones en una comisaría, pero se olvidaron de uno de los ítems enfocado a un problema que urge, que es la erradicación de la delincuencia juvenil. Desde la Policía Nacional y el propio actual ministro del Interior señalaron en varias entrevistas que más del 80 % de la delincuencia urbana tiene como protagonistas a jóvenes de entre 16 y 22 años, sin embargo, este objetivo quedó en la nada en el millonario programa de seguridad.
La meta era brindar terapia multisistémica a jóvenes de entre 14 y 17 años, implementar programas en habilidades para la vida y empleo con currículo incluido para la reinserción laboral. Otro objetivo también era la capacitación especializada en violencia intrafamiliar de al menos 1.000 policías investigadores y certificación de protocolos; otros 1.000 uniformados en atención comunitaria, etc., que quedaron en la nada.
Sí quedará registrada la impune compra a precios sobrefacturados para las comisarías móviles en tiempos de Villamayor, en que, por ejemplo, mesas de 0,60x1,00 que costaban G. 435.000 en el mercado, adquirieron a G. 7.000.000 cada una. Armarios de 0,80 x 1,80 de G. 900.000, compraron a G. 7.350.000 por unidad, etc.