Contraloría viene investigando desde hace 6 meses el ascenso exponencial en tiempo récord del protegido agente de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Carlos Chamorro Portillo; y su esposa, Natalia Berenicce Bareiro. La exagerada reserva sobre el caso genera especulación de blanqueo. Para colmo, la administración de Zully Rolón, en vez de transparentar el caso, se prestó a un extraño pedido desde la Fiscalía para reubicar al agente de inteligencia bajo la figura de “comisionado”.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

El acelerado y expo­nencial ascenso eco­nómico de Bareiro y Chamorro, que el año pasado estrenaron una camioneta de lujo declarada por valor de G. 280 millo­nes, pero que según con­sultas de mercado asciende al doble del precio (G. 461 millones), cuando los ingre­sos líquidos de ambos suma­ban G. 15 millones al mes, generó revuelo en la opinión pública y causó la desvin­culación de uno de ellos del SIU. El ente de control tuvo que abrir una investigación que, por los trascendidos, presumiblemente quedará en la nada.

Lo más llamativo es que tras el escándalo que sacudió al agente, este fue comisio­nado a la Fiscalía Antidrogas, supuestamente a pedido del fiscal Marcos Alcaraz, como una suerte de blindaje ante el destape mediático.

Hace 6 meses que la Contralo­ría inició el examen de corres­pondencia. Desde la institu­ción señalan que se encuentra en etapa conclusiva y que los afectados presentaron docu­mentos de “préstamos” reali­zados. Sin embargo, al estilo del exministro de la Senad y del Interior Arnaldo Giuzzio los números de los millona­rios créditos declarados no cierran con relación a los ingresos salariales.

Según los extractos salaria­les de la pareja, a los que tuvo acceso La Nación/Nación Media con ingresos líquidos de entre G. 4,8 millones y G. 6,8 millones que percibían en los últimos 4 años, hasta julio de 2022 registraron bienes por G. 518 millones. Esta cifra equivale a un incremento patrimonial de 700 % con relación a los con­signados en la primera declara­ción jurada del ambos en el 2015 y que, en el caso de Chamorro, tenía bienes por G. 65 millones, mientras que su actual esposa una deuda de G. 200 mil, el valor de un teléfono celular que había abonado a cuotas.

El ingreso neto máximo de Chamorro era de G. 7,9 millo­nes al mes y el de la mujer de G. 9 millones al cierre del 2022.

Coincidentemente, el pro­greso económico de la pareja se dio entre el 2019 y el 2022, cuando se iniciaban las grandes investigaciones al crimen organizado desde la unidad SIU, principalmente tras huellas del supuesto esquema narco liderado por el uruguayo Sebastián Marset. No hay que olvidar también que los informes de inteligencia del sonado ope­rativo antinarco A Ultranza Py registran varias filtracio­nes a los investigados desde la Senad.

Además del escándalo por la camioneta, en 2019, cuando Bareiro y Chamorro perci­bían un salario base líquido de G. 2,8 millones, saldo que les queda debido al descuento por aporte jubilatorio y que con el cobro de otras boni­ficaciones les generaban un ingreso neto global de G. 4,3 millones (según documentos de Hacienda), declararon pro­piedad de unos G. 210 millones, siempre alegando préstamos.

El inmueble ubicado en Ypané registra una superficie de 2.500 m2, el equivalente a 7 terrenos convencionales de 360m2 totalmente alambra­dos. Allí se erigió una impor­tante residencia dotada con circuito cerrado, que está al cuidado de una persona que no quiso brindar mayores detalles cuando habíamos visitado el lugar. Es decir, el modesto salario de la pareja rinde para justificar millona­rios préstamos para compras de lujo, adquisición de propie­dades que a la clase media le lleva décadas en pagar, equi­padas con tecnología y con personal al cuidado, además de tener un alto nivel de vida.