No cesa la lluvia de denuncias que llegan a nuestra redacción y reveladores documentos que confirman cómo personas vinculadas a la binacional, principalmente allegados y familiares de altos funcionarios de la institución, figuran en la lista de candidatos para el acelerado concurso que ilusiona a miles de jóvenes por vía del Proceso Selectivo Externo.

Tras las publicaciones de Nación Media que revelaron la falacia detrás del acelerado llamado para contratación de 220 car­gos en Itaipú, llueven denun­cias a nuestra redacción que confirman los vínculos entre altos mandos de la hidroeléc­trica, así como documen­tos de cómo subalternos de la entidad se postulan para ascensos en el Proceso Selec­tivo Externo (PSE).

Desde la Unidad de Inves­tigaciones de Nación Media pudimos comprobar que Katherine Giménez, a quien identificamos como una de las postulantes al cargo de “asistente social”, fue recien­temente nombrada encar­gada de la Secretaría Gene­ral y Archivos del Hospital del Área 2 de la Fundación Tesãi, financiada por Itaipú. La aspirante es hija de Pedro Giménez Abraham, sindica­lista de la hidroeléctrica que cumple funciones como asis­tente de la Dirección Gene­ral y en cuyo historial tiene antecedentes por supuesta lesión de confianza.

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Armando Ezequiel Ríos Moreira, que figura como “aprendiz” en el área de Turismo, ahora concursa por el cargo de auxiliar de Turismo
Katherine Giménez fue recientemente nombrada encargada de la Secretaría General y Archivos en la Fundación Tesãi de Itaipú y ahora se postula al cargo de asistente social

Otra de las postulantes que está muy bien conectada es Adriana Lomaquis Sosa, hija del jefe del Departamento de Embalse y Áreas Protegidas de la entidad, Antonio Loma­quis. Adriana figura entre los aspirantes al cargo de “gestor de proyectos” y aparece en fotografías institucionales, dando charlas como parte del equipo de Turismo de la enti­dad y acompañando al super­intendente de Turismo, Juan Azuaga, íntimo amigo del sin­dicado acosador y director de Responsabilidad Social, Gerardo Soria.

Otro colaborador de esta misma dependencia que figura en la lista de aspiran­tes es Armando Ezequiel Ríos Moreira, que figura como “aprendiz” en el área de Turismo, y ahora busca incorporarse al plantel pro­pio de la binacional a través de este llamado en el cargo de “auxiliar” del área.

Adriana Lomaquiz, del equipo de Turismo de Itaipú, junto al superintendente de Turismo, Juan Azuaga

Es de resaltar que todas estas conexiones giran en torno a la rosca de Soria, simpatizantes a la pesca de puestos clave en la referida convocatoria vinculados al superintendente de Turismo, Juan Azuaga; el superintendente de Recursos Humanos, Claudio Garcete, y el asistente de la Dirección General, Pedro Giménez, todos ellos del mismo equipo político.

Hay que recordar, además, que desde la hidroeléctrica refirie­ron que el llamado fue diri­gido para la contratación de “nuevos profesionales” en un principio, pero que los funcio­narios de su propio plantel tie­nen su visto bueno para utili­zar este concurso para buscar “pasar de nivel”, debido a que no hay regla que los impida. Esto es una bofetada para los miles de aspirantes calificados cuyas esperanzas caen al suelo ante la clara ventaja con la que cuentan los trabajadores de la binacional que ya cono­cen el manejo interno de la institución a la cual buscan incorporarse.

Fotografía de Gerardo Soria junto con su íntimo amigo Juan Azuaga

­SEPA MÁS

Denuncian que llamado es “discriminatorio”

Desde un principio, el llamado a contratación para los 220 car­gos vacantes en Itaipú fue blanco de críticas debido al limitado rango de edad establecido entre los requisitos excluyentes del Proceso Selectivo Externo (PSE).

“A Itaipú se le olvida que no es una empresa privada y pasa por alto lo establecido en la ley”, refiere una de las denuncias que llegaron hasta nuestra redac­ción. Los señalamientos de que con estos límites de edad la bina­cional estaría discriminando a quienes buscan incorporarse a su plantel, hacen referencia a lo establecido en la Constitución Nacional donde se asegura que el Estado garantizará la igualdad para el acceso a las funciones públicas (Artículo 47) y que no se admitirá discriminación alguna entre los trabajadores por moti­vos de edad (Artículo 88).

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