Un informe sobre transferencias bancarias realizadas por el Instituto José P. Guggiari, ONG que recibe los fondos del Tribunal Superior de Justicia Electoral que corresponden al Partido Liberal, revela varias sumas de dinero enviadas a cuentas de grupo cerrado de leales al defenestrado candidato Efraín Alegre. Las mismas se realizaron en los meses de noviembre de 2021 y mayo de 2022, tiempo en que supuestamente se incurrieron en varias extracciones irregulares, según fuera denunciado por extesorero de la nucleación azul.
- Por Rossana Escobar M.
- rossana.escobar@nacionmedia.com
Un documento filtrado a nuestro medio revela al menos 23 transferencias bancarias del Instituto José P. Guggiari, ONG que recibe los recursos provenientes del subsidio electoral, realizadas a favor de un grupo que gira en torno a unas seis personas principalmente, coincidentemente todos operadores del presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, Efraín Alegre, derrotado por tercera vez en elecciones presidenciales de la República, el pasado 30 abril.
Los documentos que llegaron a nuestra redacción muestran transferencias bancarias del instituto José P. Guggiari realizadas entre los meses de noviembre de 2021 y mayo de 2022. Cabe recordar que el pedido de este informe se había remitido al Banco Nacional de Fomento (BNF), cuando el extesorero del Partido Liberal Dionisio Amarilla denunció en enero del año pasado la supuesta extracción irregular de dinero para solventar la convención liberal de marzo de 2022 y que gira en torno a unos G. 600 millones.
El mismo Amarilla había reiterado en su cuenta de Twitter que existió la extracción irregular de la suma mencionada más arriba. Precisamente, en los tiempos en que se activaba el evento partidario, es decir, la convención del PLRA, iban millones de guaraníes a las cuentas de algunos leales a Alegre, gracias a transferencias desde la caja de ahorro del Instituto José P. Guggiari.
Cabe recordar que el referido instituto recibe los fondos consistentes en los subsidios provenientes del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), que corresponden al PLRA, y se encarga de ejecutar los recursos en capacitaciones, etc. Sin embargo, estas transferencias detalladas en el documento adjunto a este artículo no figuran como gastos de rendición de cursos y se convierten en verdadero misterio que fueran a parar a las cuentas de estos operadores.
Entre los beneficiarios aparece Marlene “Chispita” Orué, conocida operadora de Alegre, una de las procesadas en su momento por la quema del Congreso Nacional. Según el informe del BNF, la mujer recibía importantes transferencias por parte del citado instituto, los montos incluso alcanzaban el tope establecido para los envíos de dinero y se realizaban en tiempo récord, algunos hasta en una misma fecha.
Aparece también el nombre de Alexandra Sara recibiendo G. 20 millones en abril de 2022. Ella es una odontóloga a quien se la ve muy activa en el grupo de Chispita; Stiben Patrón, otro de los cabecillas del PLRA sindicado en la quema del Congreso Nacional.
Otros operadores, dirigentes del PLRA como Martín Cogliolo, César Izquierdo, aparecen en la nómina de beneficiarios. (Ver documentos).
¿Qué hicieron con la plata?, es la gran pregunta porque estos montos no figuran en las rendiciones de gastos en el portal del Tribunal Superior de Justicia Electoral.
CURSOS “DE ORO”
No hay que olvidar que Marlene “Chispita” Orué es una de las capacitadoras preferidas de la administración Alegre. Junto con Armando Sosa Traverzzi, identificado en redes sociales como pareja de la misma, suman por honorarios el valor total de G. 172 millones entre 2019 y 2021.
No tuvieron compasión a la hora de gastar en cursos que, según lo observado en redes sociales, reunía al grupo de amigos de siempre. Sin escatimar recursos, en los registros del TSJE obran facturas de Chispita y Traverzzi emitidas hasta en víspera de Año Nuevo, es decir, con fecha del 31 de diciembre. (Ver infografía).
La gestión inmisericorde no solo generó una repartija de honorarios por curso de capacitación entre leales que, según las ejecuciones publicadas en el portal del TSJE, asciende a G. 2269 millones entre el 2019 y el 2021, sino también se llevó al PLRA a un profundo endeudamiento incumplido que lo sometió a 91 embargos judiciales ocasionados durante la administración Alegre.
Los montos revelados, tanto de las transferencias realizadas a las cuentas particulares de los operadores del PLRA, como los cursos y los embargos son montos obtenidos a pulmón mediante provisión de información con fuente reservada desde los órganos pertinentes, debido a que la administración Alegre no cumple con la transparencia de los gastos, por lo que resulta todavía un difícil desafío acceder al movimiento financiero total de su partido durante su gestión.