Un informe sobre transferencias bancarias realizadas por el Instituto José P. Guggiari, ONG que recibe los fondos del Tribunal Superior de Justicia Electoral que corresponden al Partido Liberal, revela varias sumas de dinero enviadas a cuentas de grupo cerrado de leales al defenestrado candidato Efraín Alegre. Las mismas se realizaron en los meses de noviembre de 2021 y mayo de 2022, tiempo en que supuestamente se incurrieron en varias extracciones irregulares, según fuera denunciado por extesorero de la nucleación azul.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

Un documento filtrado a nuestro medio revela al menos 23 transferencias bancarias del Instituto José P. Guggiari, ONG que recibe los recursos provenientes del subsidio electoral, realizadas a favor de un grupo que gira en torno a unas seis personas princi­palmente, coincidentemente todos operadores del presi­dente del Partido Liberal Radical Auténtico, Efraín Alegre, derrotado por ter­cera vez en elecciones presi­denciales de la República, el pasado 30 abril.

Los documentos que llegaron a nuestra redacción muestran transferencias bancarias del instituto José P. Guggiari rea­lizadas entre los meses de noviembre de 2021 y mayo de 2022. Cabe recordar que el pedido de este informe se había remitido al Banco Nacional de Fomento (BNF), cuando el extesorero del Par­tido Liberal Dionisio Amari­lla denunció en enero del año pasado la supuesta extracción irregular de dinero para sol­ventar la convención liberal de marzo de 2022 y que gira en torno a unos G. 600 millones.

El mismo Amarilla había rei­terado en su cuenta de Twit­ter que existió la extracción irregular de la suma men­cionada más arriba. Precisa­mente, en los tiempos en que se activaba el evento partida­rio, es decir, la convención del PLRA, iban millones de gua­raníes a las cuentas de algu­nos leales a Alegre, gracias a transferencias desde la caja de ahorro del Instituto José P. Guggiari.

Cabe recordar que el referido instituto recibe los fondos consistentes en los subsidios provenientes del Tribunal Superior de Justicia Electo­ral (TSJE), que corresponden al PLRA, y se encarga de ejecu­tar los recursos en capacita­ciones, etc. Sin embargo, estas transferencias detalladas en el documento adjunto a este artículo no figuran como gas­tos de rendición de cursos y se convierten en verdadero mis­terio que fueran a parar a las cuentas de estos operadores.

Entre los beneficiarios apa­rece Marlene “Chispita” Orué, conocida operadora de Alegre, una de las proce­sadas en su momento por la quema del Congreso Nacio­nal. Según el informe del BNF, la mujer recibía importantes transferencias por parte del citado instituto, los montos incluso alcanzaban el tope establecido para los envíos de dinero y se realizaban en tiempo récord, algunos hasta en una misma fecha.

Aparece también el nombre de Alexandra Sara recibiendo G. 20 millones en abril de 2022. Ella es una odontóloga a quien se la ve muy activa en el grupo de Chispita; Stiben Patrón, otro de los cabecillas del PLRA sindicado en la quema del Con­greso Nacional.

Otros operadores, dirigen­tes del PLRA como Martín Cogliolo, César Izquierdo, apa­recen en la nómina de benefi­ciarios. (Ver documentos).

¿Qué hicieron con la plata?, es la gran pregunta porque estos montos no figuran en las ren­diciones de gastos en el portal del Tribunal Superior de Jus­ticia Electoral.

No hay que olvidar que Mar­lene “Chispita” Orué es una de las capacitadoras prefe­ridas de la administración Alegre. Junto con Armando Sosa Traverzzi, identifi­cado en redes sociales como pareja de la misma, suman por honorarios el valor total de G. 172 millones entre 2019 y 2021.

No tuvieron compasión a la hora de gastar en cursos que, según lo observado en redes sociales, reunía al grupo de amigos de siempre. Sin esca­timar recursos, en los regis­tros del TSJE obran facturas de Chispita y Traverzzi emi­tidas hasta en víspera de Año Nuevo, es decir, con fecha del 31 de diciembre. (Ver infografía).

La gestión inmisericorde no solo generó una repartija de honorarios por curso de capacitación entre leales que, según las ejecuciones publi­cadas en el portal del TSJE, asciende a G. 2269 millones entre el 2019 y el 2021, sino también se llevó al PLRA a un profundo endeudamiento incumplido que lo sometió a 91 embargos judiciales oca­sionados durante la adminis­tración Alegre.

Los montos revelados, tanto de las transferencias reali­zadas a las cuentas particu­lares de los operadores del PLRA, como los cursos y los embargos son montos obteni­dos a pulmón mediante pro­visión de información con fuente reservada desde los órganos pertinentes, debido a que la administración Ale­gre no cumple con la trans­parencia de los gastos, por lo que resulta todavía un difí­cil desafío acceder al movi­miento financiero total de su partido durante su gestión.