Un informe de la Contraloría General de la República (CGR) pone al descubierto una preocupante serie de irregularidades en la administración y control de recursos públicos transferidos por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) a entidades sin fines de lucro. El ente detectó pagos al Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) por cursos que no se realizaron, documentos no presentados y una larga lista más de irregularidades. El informe corresponde a transferencias de dinero público por parte de la mencionada cartera a cargo de la exministra Carla Bacigalupo y confirman montos siderales ya que solo en el 2021 esta institución presupuestó transferencias a oenegés por G. 32.783 millones.

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Cursos pagados pero que no se hicieron, rendiciones de cuen­tas que se presentaron fuera de tiempo o que directamente no fueron entregadas, aseso­ramientos de los que exis­ten evidencias. Estas son tan solo algunas de las numero­sas irregularidades detecta­das por la Contraloría Gene­ral de la República (CGR) en el manejo de fondos públicos entregados a organizaciones que se dicen sin fines de lucro como la fundación CIRD y otras oenegés más.

La CGR entregó las conclusio­nes de la auditoría de cumpli­miento realizada al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguri­dad Social (MTESS). En con­creto, el informe hace análi­sis sobre aportes a entidades sin fines de lucro y con fines de bien social cuyas transferen­cias ascendieron a G. 32.783 millones solo en el ejercicio fiscal 2021. El mayor privile­giado fue el CIRD que se benefi­ció con el 47 % del presupuesto, aunque los documentos abar­can a media docena de oenegés.

Entre las principales irregu­laridades detectadas, la CGR señala que el MTESS no noti­ficó a las entidades benefi­ciarias sobre los retrasos en la presentación de sus ren­diciones de cuentas, incum­pliendo lo dispuesto en la Ley n.º 6672/21. Además, el minis­terio aceptó planillas de rendi­ción de cuentas sin la debida presentación ante la Contralo­ría, ignorando normas legales que exigen transparencia en el uso de los fondos públicos.

En términos financieros, las omisiones del MTESS son alarmantes. Por ejemplo, se desembolsaron G. 246 millo­nes a la fundación CIRD para supervisiones que quedaron muy por debajo de las metas establecidas en los conve­nios. Asimismo, se tercerizó un servicio de supervisión por un monto superior a G. 461 millones, a pesar de que el ministerio cuenta con una dependencia interna para realizar esta tarea, violando disposiciones legales.

El documento revela, ade­más, que el MTESS desem­bolsó G. 1.789 millones para la realización de cursos en Ita­púa, Misiones, Alto Paraná y Paraguarí. Sin embargo, no se visualizó un desglose deta­llado del costo de los cursos, junto con otros elementos críticos de evaluación, lo que hubiera permitido verificar la razonabilidad y sustentabili­dad de estos.

El informe también señala que varias entidades beneficiarias presentaron presupuestos incompletos o inconsisten­tes, que fueron aceptados por el MTESS sin mayores obser­vaciones.

La Contraloría detectó que G. 124 millones destina­dos a la realización de cinco talleres fueron utilizados de manera irregular, ya que solo se realizaron tres, sin documentación que respal­dara las actividades realiza­das. De manera similar, G. 239 millones transferidos para asesorar a mipymes carecen de evidencia que acredite el cumplimiento de las activi­dades previstas, como lista­dos de empresas beneficiadas con datos esenciales.

El informe de la CGR no solo expone un manejo negligente, sino que plantea serias interrogantes sobre la ética y el compromiso con la correcta administración de recursos públicos. Ade­más, se suma a la larga lista de denuncias con respecto al festín de fondos públicos administrados por las orga­nizaciones que se dicen sin fines de lucro.

Finalmente fue promulgada la ley que establece controles a las organizaciones no gubernamentales que trabajan en incidencia directa sobre instituciones públicas o cuestiones de interés general. Todo el proceso legislativo tuvo que lidiar con una campaña de desinformación por parte de quienes utilizan las oenegés para hacer política partidaria o lucrar con ellas.

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Luego de meses de vueltas en el cir­cuito legislativo y a pesar de una fuerte campaña de desinfor­mación, finalmente el Poder Ejecutivo pro­mulgó la ley que esta­blece una serie de controles a las organi­zaciones no guberna­mentales que trabajan directamente en inci­dencia en instituciones públicas o cuestiones de interés general. La oposición más férrea a la nueva legislación pro­vino de sectores que utilizaron las supues­tas organizaciones sin fines de lucro para reci­bir millonarios fondos o directamente hacer campaña proselitista.

La nueva ley establece que todas las asociacio­nes, fundaciones, oene­gés, y otras entidades similares que manejen fondos públicos o pri­vados, tanto naciona­les como internacio­nales, se registren en el Registro Nacional de Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), que estará a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. Esta medida abarca a cualquier enti­dad que reciba o admi­nistre fondos relaciona­dos con actividades de competencia del Estado, gobernaciones, munici­palidades y otros entes autónomos.

Las OSFL deberán incluir en sus estatutos la iden­tidad de sus fundadores, su objetivo, fuentes de financiamiento y llevar un registro detallado de los fondos recibidos, con sus respectivas facturas y documentos respalda­torios. Además, deberán mantener una lista deta­llada de todos los profe­sionales y personal con­tratado, ya sea nacional o extranjero, relacionado con el uso de los fondos.

Las OSFL también esta­rán obligadas a presen­tar informes semes­trales al Ministerio de Economía. Los organis­mos del Estado, muni­cipalidades y entidades binacionales no podrán firmar convenios con OSFL que no estén registradas y al día con sus obligaciones.

Un claro ejemplo de cómo algunas oenegés se han beneficiado de fondos millonarios es la dupla de excandida­tos de la Concertación Soledad Núñez y Bruno Defelippe. Empezaron como voluntarios, pero rápidamente constru­yeron una red de nego­cios bajo la apariencia de oenegés, articulada a través de la empresa de Defelippe. Esta red mueve miles de dólares provenientes de orga­nismos multilaterales y contrapartidas estata­les, destinando fondos a consultorías y empren­dimientos que benefi­cian a un selecto grupo de amigos.

Koga Impact Lab, fun­dada por Defelippe en 2015 con una f inancia­ción inicial de USD 900 mi l del Fondo Mult i­lateral de Inversiones (Fomin) del BID y USD 700 mi l de contrapar­tida local, es el centro de esta red. De Koga sur­gen múltiples ent ida­des como la A sociación de Emprendedores del Paraguay (Asepy), la Red de Inversiones Ángel y Sistema B, empresas cerebro de proyectos en torno a inst itucio­nes públicas, con los que los únicos benef iciados son el selecto entorno de la pareja.

La Dirección Nacional de Ingresos Tribu­tarios (DNIT) reveló que en el año electora l 2023 las oenegés movi­lizaron sumas millona­rias. Los fondos, con­centrados en grandes corporaciones , pare­cen haber beneficiado principalmente a sus directivos y socios con altos honorarios, eclipsando la misión de esta s organizacio­nes de servir a la socie­dad civil .

Los informes de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) han expuesto cifras sorpren­dentes, especialmente en oenegés vinculadas a figuras políticas. A pesar de la falta de transparen­cia en el f lujo de infor­mación, se destaca un monto impresionante: G. 12,6 billones (USD 1.700 millones), similar al presupuesto anual de los Ministerios de Obras Públicas y Salud.

Las investigaciones de Nación Media revelaron también la manera en la que las oenegés fueron utilizadas para asegu­rar seguro social para algunos de los " lucha­dores” anticorrupción haciéndolos figurar con sueldos muy por debajo de lo que realmente cobraban.

Tal es el caso de Fran­cisco Alcaraz Díaz, coor­dinador de Más Ciudada­nía, Menos Corrupción, una organización que aglutina a varias oene­gés que dicen perseguir hechos de corrupción con una característica selec­tividad política, fungió ser un modesto asala­riado de su contadora para beneficiarse con el seguro del Instituto de Previsión Social (IPS). Sin embargo, en la rea­lidad resultó tener un contrato asegurado por G. 792 millones hasta el 2025.

Agustín Carrizosa en connivencia con el gobierno de Mario Abdo Benítez hizo un festín con fondos de proyec­tos sensibles de recu­peración pospande­mia financiados por el Estado, es decir, por todos los contribuyen­tes de este país. Es así que, a través de su ONG Centro de Información y Recursos para el Desa­rrollo (CIRD), Carrizosa repartió sueldos a su hija Paola Carrizosa Brads­haw, a su pareja María Ber ta Rojas Aveiro, a su cuñada Marta María Rojas Aveiro, al hijo de su coordinador anticorrup­ción, Carlos Francisco Alcaraz. No se visualiza impacto de estos gastos, más que el bolsillo de los involucrados.

Tras permanecer un mes en el Senado, finalmente el Congreso Nacional remitió este martes al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto la propuesta que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro que reciban o administren fondos públicos o privados nacionales.

La iniciativa fue sancionada con una amplia mayoría por la Cámara Alta el pasado 9 de octubre tras ser introducidas las modificaciones sugeridas desde el Gobierno. “Hubo correcciones de forma que se dieron al documento, no fue vulnerado ningún reglamento o leyes (con relación a la tardanza en la remisión). Peña evaluará lo que más corresponde al país”, indicó el senador Basilio “Bachi” Núñez tras su llegada de Taiwán.

El legislador dijo que si Peña toma la decisión de vetar la iniciativa, los senadores del movimiento Honor Colorado estarían respetando su decisión. “Nosotros siempre trabajamos en bancada, lo vamos a analizar, pero es difícil que salgamos en contra, esto es histórico, ya lo venimos manteniendo en gobierno anteriores, estando en la disidencia, entonces lo más probable será aceptar un veto en caso de darse”, mencionó.

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No obstante, Núñez ratificó que particularmente está a favor de la propuesta. “Yo estoy a favor de la transparencia, no podemos salir contra una ley donde se establecerá un mejor control. Todas las instituciones que reciben dinero deben ser auditadas, el pueblo paraguayo tiene que saber en donde están siendo destinados los recursos”, indicó en una entrevista con los medios de comunicación.

Las afirmaciones del senador surgen ante la persistencia de algunos sectores sociales, empresariales y políticos de la oposición que califican a la propuesta como inconstitucional y autoritaria bajo el argumento de que se pretende controlar la actividad civil de la ciudadanía.

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Se iniciaron en el año 2015 con la intención de cubrir mínimas demandas como un pequeño emprendimiento, sin apuntar a grandes eventos. Vendían asados todos los domingos. Fue con una actividad especial que comenzaron a diversificarse los servicios, y así nació Asado Báez.

Ariel Báez, propietario de la empresa, explicó a La Nación/Nación Media que empezaron a ofrecer un servicio solo de parrilla, qué el iba a los eventos y como luego evolucionó el rubro y comenzó la demanda, aumentaron el paquete de servicio donde ellos mismos llevaban la carne, la ensalada, sopa, mandioca y otras guarniciones.

“Hoy en día Asado Báez ya ofrece una amplia gama de servicios de acuerdo a lo que el cliente necesite, que va desde el servicio de parrilla, hasta alquileres, bebidas, postres, es un paquete gastronómico”, manifestó Ariel Báez a La Nación.

Sobre cómo se posicionan en el mercado, dijo que ellos se mantienen en la preferencia de los consumidores porque ofrecen valor agregado como el buen trato a los clientes, y que buscan llenar las expectativas que tienen ellos en cada evento.

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“Vamos evolucionando año tras año, ayudándole al cliente con los eventos. Entonces, uno está acostumbrado a buscar un servicio de diferentes lugares para cuando haya una actividad especial. Nosotros lo que hacemos es concentrarnos en un solo lugar y abarcar toda la variedad de opciones que tenemos. Entonces, el cliente se concentra en un solo lugar con nosotros. Damos buen trato, atención y sobre todo, somos perseverantes”, expresó.

Ante la cercanía de fechas especiales como las fiestas de Fin de Año y cierre de año en las empresas, comentó que están agendado fechas y que todos los interesados pueden contactar a la marca a través de las redes sociales “Asado Báez” y al número 0991 396-829. Resaltó que cubren demandas en gran parte del país y que se adecuan al bolsillo de los clientes.

Ariel Báez es también vicepresidente de la Asociación Paraguaya de Asadores, y dijo al respecto que uno de los objetivos de este gremio es dar a conocer afuera la calidad de la carne paraguaya. Recordó que hace poco participaron en el Mundial del Asado en Uruguay y que dejaron en alto la producción cárnica paraguaya.

“Actualmente somos más de treinta asesores profesionales. Entonces, el trabajo en equipo también que realizamos dentro de la asociación es importante para el asado paraguayo. Va creciendo el gastrónomo asadero paraguayo hoy día”, afirmó.

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