Tras la serie de críticas que llovieron sobre la licitación para contratación de seguro médico del Ministerio de Hacienda por valor de G. 62.572 millones, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas emitió una resolución en la que deja en evidencia que el comité evaluador no realizó de manera detallada la valoración de los documentos presentados por los oferentes. Esto a raíz de que en dicho análisis se dejaron pasar certificaciones de categorización de servicio vencidas, falta de convenios con farmacéuticas y servicios de ambulancia, entre otros.
- Unidad de Investigación
- Nación Media
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) emitió un dictamen sobre la evaluación de las ofertas presentadas para la “Contratación de servicios para la seguridad social de funcionarios del Ministerio de Hacienda”, que viene siendo muy cuestionada por burdas maniobras, según denuncias. El análisis realizado por el ente rector de compras del Estado refiere que el comité encargado no se esmeró en realizar un estudio de forma detallada pese al volumen de la licitación, que tiene como tope presupuestario G. 62.572 millones.
La licitación para los denominados “seguros vip” que tienen como beneficiarios a funcionarios del Ministerio de Hacienda volvió a la etapa de evaluación por indicaciones de la DNCP y una vez avanzado se deben reportar los resultados del nuevo análisis a este organismo de control en un plazo de 20 días, tiempo que corre desde el 9 de marzo pasado.
Del total previsto, G. 61.972 millones corresponden al Lote 1 (Servicios de Salud) y G. 600 millones para el Lote 2 (Cobertura integral de gastos de sepelio). Para el Lote 1 solo se presentaron dos oferentes, el Consorcio Salud SD, que fue inicialmente adjudicado, y Santa Clara SA Medicina Prepaga, que concursaron bajo la modalidad de contrato abierto plurianual.
La controversia se centra en la adjudicación del Lote 1, que representa el 99% del paquete total y fue adjudicado en sus inicios al Consorcio Salud SD, lo que posteriormente fue revisado por la DNCP a raíz de una protesta presentada por uno de los oferentes, en este caso el Sanatorio Santa Clara SA.
En su protesta, la firma Santa Clara cuestiona una serie de supuestas irregularidades que presumiblemente llevaron a su descalificación. Entre las presuntas infracciones, figuran denuncias como por ejemplo que el oferente privilegiado presentó certificaciones de categorización del nivel del servicio vencidas de sus unidades de atención.
Se denuncia también que la evaluación se realizó en condiciones desiguales porque los contratos vencidos de personal que se renuevan automáticamente se aceptan en el caso de un oferente, pero se rechazan en el otro.
Otra denuncia es que en el caso del oferente adjudicado, no se presentaron copias de convenios con alguna empresa que brinde servicio de ambulancia, exigencia establecida en el pliego de bases y condiciones del llamado. Sin embargo, tuvieron el aval del comité evaluador.
Tampoco se habría cumplido con el requerimiento de descuentos a través de tres cadenas de farmacias dispuesto en el llamado.
FLEXIBILIZACIÓN
Hay que tener en cuenta además que llamativamente desde este año los requisitos exigidos en el PBC de la convocatoria para los servicios de salud fueron flexibilizados en comparación con años anteriores.
Un ejemplo de esto es que anteriormente los oferentes debían contar con una venta de al menos el 50% monto máximo presupuestado para el llamado en un plazo de 3 años. Sin embargo, para este año esta exigencia se redujo al 30% del monto máximo en un plazo de 5 años. Esto, según las denuncias, ayudó al adjudicado inicial, cuya selección está bajo la lupa, lo que podría significar un favoritismo en las contrataciones públicas.
Otras de las exigencias dejadas de lado y que sí figuraban en contratos anteriores es que se debe contar con al menos un contrato de prestación de medicina prepaga que incluya al menos 2.460 titulares; tener como base una antigüedad de 10 años en el rubro, y demostrar contratos vigentes con sanatorios, laboratorios y médicos, entre otras.