Con un rosario de oscuros antecedentes en sus tiempos de fiscal como de juez en Ciudad del Este, sospechosos megacontratos en Itaipú y una dudosa fortuna que ya disparó a menos de su primera década en la función pública, el liberal Manuel Trinidad se ubicó como diputado en este período y ahora busca su reelección por la Concertación, muy de cerca con Efraín Alegre.
- Por Rossana Escobar M.
- rossana.escobar@nacionmedia.com
De ser uno de los funcionarios judiciales más cuestionados del Alto Paraná con denuncias de todo tipo tanto como fiscal y juez de Ciudad del Este, el liberal Manuel Trinidad arribó a la Cámara de Diputados y ahora, gracias a la Concertación, busca su reelección.
Políticos como Trinidad y el mismo Efraín Alegre con grandes denuncias en sus tiempos de ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) desploman los discursos del cambio con los que intentan convencer al electorado. No son el cambio, solo son suplentes que forman fila detrás del zoquete.
Trinidad fue blanco de denuncias por malos procedimientos cuando era fiscal de Ciudad del Este, de hecho, nuestro diario descubrió que terminó haciendo negocios con la hija de un imputado suyo en un caso de secuestro y asesinato de empresarios.
El político liberal que ahora busca su reelección por la Concertación había ingresado como funcionario del Ministerio Público en la década del 2000, modesto en sus inicios poseía en esos tiempos una pequeña casita y un automóvil usado del año 1996.
En menos de diez años, tras asumir el cargo de magistrado en su declaración jurada ya aparecían bienes por más de G. 1.000 millones. Sus tiempos de juez estuvieron marcados por denuncias vinculadas a casos de coima, liberación indebida de narcotraficantes como el sonado caso de los 10 absueltos involucrados en carga de dudosa procedencia.
En su haber también hay denuncias que lo salpican en supuestos casos de contrabando, coima, cuando ejercía como juez. De hecho, estas presuntas implicancias lo llevaron a afrontar un proceso ante la Corte Suprema de Justicia, mantenido por largo tiempo en el freezer y cuando la causa continuó el curso correspondiente, Trinidad no tuvo más opción y renunció al cargo.
Las amistades que ostenta desde años son cuestionadas porque precisamente aparecen intercambios llamativos con personas investigadas por la Justicia como, por ejemplo, la compra de una propiedad de Juan Carlos Sosa, uno de los implicados en caso de megalavado que, según consignó en su declaración jurada, se realizó a cuotas.
No hay que olvidar los fuertes indicios de tráfico de influencias en megacontratos otorgados por la Itaipú Binacional a empresa de limpieza y seguridad vinculada al legislador. Ya después de ser proclamado diputado nacional, Trinidad firmó como representante de Falcon Group un contrato con la entidad por unos G. 11.000 millones para servicio de seguridad privada.
Coincidentemente, la citada empresa se convirtió en una de las favoritas de la binacional y hasta el año pasado sumaba contratos por valor de G. 85.725 millones, según cifras publicadas en el portal de la Itaipú. Trinidad se había desmarcado de la firma cuando le realizamos las consultas sobre los millonarios contratos, dijo que vendió sus acciones en el 2018, pero que firmó un contrato ese año porque estaban en riesgo 200 puestos de trabajo.
Llamativamente la empresa quedó a cargo de una pareja amiga de Trinidad, familiar de un imputado suyo en tiempos de fiscal. Más adelante el negocio quedó en manos de María Gloria Paredes Santos, ex secretaria del legislador que, por cierto, ingresó como su recomendada.