En marzo del año pasado, La Nación publicaba que en las tramas de negocios y ocio con pesos pesados revelados con A Ultranza Py aparece el banco Atlas, propiedad de los Zuccolillo. La entidad financiera figura como administradora de fideicomiso de inmueble del caído exdiputado Juan Carlos Ozorio.
Pero, además, el presidente de Atlas, Miguel Ángel “Miky” Zaldívar, y su familia entrenaban para competencias automovilísticas en la estancia de su tocayo, Miguel Ángel “Tío Rico” Insfrán, principal líder y articulador del esquema del narcotráfico de nuestro país. Ayer, tras meses prófugo, fue detenido en Brasil.
La publicación hacía referencia a videos divulgados en redes sociales que revelaban el amigable vínculo de la familia del presidente del banco Atlas, propiedad del grupo Zuccolillo y dueño del diario Abc, con el líder del clan Insfrán, manejado por “Tío Rico”.
De acuerdo a datos manejados por el Ministerio Público, el negocio de Miguel Insfrán radica por un lado en el envío de droga a puertos de Europa y África, y por otro, al lavado de activos.
Miguel Ángel “Miky” Zaldívar, presidente de la banca, al igual que su hijo, asistían a prácticas que se hacían en la estancia de “Tío Rico”. El inmueble de 1.600 hectáreas, en el que había una casa principal, una peatonal, un depósito, lujosos muebles y unas 1.800 cabezas de ganado, congregaba a los aficionados del deporte automovilístico, entre ellos, padre e hijo eran frecuentes visitantes.
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Miky realizaba prácticas privadas de rally en la estancia ubicada en 25 de Diciembre en San Pedro, incluso desde el Facebook de la familia Zuccolillo se compartieron videos de las pruebas realizadas en el inmueble de Miguel Insfrán.
La familia Zuccolillo no solo tiene este vínculo deportivo con el sindicado narco Insfrán, también apareció ligada comercialmente con otros señalados como parte del esquema de tráfico de droga de su grupo.
Fideicomiso
Documentos filtrados también revelaron acuerdos y operaciones con sindicados narcos que corrieron a través de Atlas. La entidad administra fideicomiso del exdiputado Juan Carlos Ozorio, imputado por tráfico de droga, lavado de dinero y asociación criminal. Documentos filtrados revelaron que entre la banca y el exlegislador existe un contrato de prestación de servicios fiduciarios que data del 2015 y que tiene vigencia hasta el 2031; es decir, es a un plazo de 16 años.
El acuerdo consiste en un fideicomiso de garantías constituido con un inmueble de Ozorio, valuado en G. 933 millones. Así también, el considerado brazo logístico del esquema internacional de droga Alberto “Beto” Koube, también es cliente del banco Atlas. Cheques filtrados revelaron que Beto emitió en más de una ocasión pagos para empresas subcontratadas.
La empresa de Koube, grupo Tapyracuai, se alzó con contratos con la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) por G. 3.000 millones, estas adjudicaciones eran para la prestación de servicios de fletes; sin embargo, el grupo Tapyracuai volvía a tercerizar el servicio y los pagos a estas empresas corrían a través del banco de los Zuccolillo.
Estos no son los primeros trascendidos de vinculaciones de la banca con empresarios acusados de ilícitos. Atlas está implicado en el esquema de blindaje y presunto lavado de dinero de Nicolás Leoz, expresidente de la Conmebol.
En el marco de esta investigación, el banco Atlas es señalado por supuestamente haber facilitado los mecanismos para lavar parte de los US$ 200 millones desviados por Leoz en la Conmebol. Atlas autorizó fideicomisos por más de G. 40.000 millones y no alertó sobre una posible operación sospechosa.
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Emplazada
Este viernes se supo que directivos del banco Atlas, liderado por Miguel Ángel “Miky” Zaldívar, y Natalia Zuccolillo tienen un plazo de 24 horas para remitir a la jueza Penal de Garantías, Lici Sánchez, los documentos requeridos por el Ministerio Público.
El requerimiento se da en el marco de la investigación del operativo A Ultranza Py y de no cumplir con la disposición, los mismos se exponen a un proceso penal por desacato judicial, que prevé una pena de seis meses a dos años de pena privativa de libertad.
La magistrada solicita informes sobre cuentas bancarias abiertas que figuren a nombre de los investigados en la causa, transferencias nacionales e internacionales que se hayan realizado con las documentaciones respaldatorias, copias autenticadas de boletas de depósitos, boletas de extracción bancarias, cheques emitidos, detalles de préstamos, entre otros, de acuerdo a la nota de apercibimiento del Poder Judicial.