Unidad de Investigación, Nación Media
Gestiones del equipo político, hoy liderado por María Cristina Espínola, en la Municipalidad de Escobar dejaron serios cuestionamientos detectados a través de una auditoría realizada por la Contraloría, en la cual se encontraron pagos por obras que no fueron realizadas, cargas de combustible sin rendición de cuentas, desembolso por kits alimenticios sin acta de recepción, entre otros.
Un total de G. 2.196 millones en la ejecución de gastos en la Municipalidad de General Patricio Escobar fueron cuestionados en una fiscalización especial inmediata (FEI) realizada por la Contraloría General de la República (CGR). El informe contiene 27 observaciones que ponen bajo la lupa a la actual intendenta, María Cristina Espínola, considerando que su equipo político se adjudica las irregularidades en uso de fondos de la comuna.
La auditoría corresponde a los períodos del 2020 hasta setiembre del 2021, tiempo en que su difunto esposo, el ex intendente Elvio Ruiz Díaz, fallecido en abril del 2021, y el doctor Gabriel Sánchez eran los responsables de la administración del municipio. En la misma se estudió la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos de los recursos provenientes tanto del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) como de royalties y otras compensaciones, según explica el documento.
Respecto a las observaciones realizadas, la administración actual del municipio realizó su descargo alegando que no cuenta con los documentos solicitados por el equipo auditor, en la mayoría.
De los 27 cuestionamientos no rebatidos por la Municipalidad de Escobar, 17 refieren a inconsistencias de documentos de pago por obras, 4 son por irregularidades en las entregas de kits alimenticios, 4 son por obras inconclusas, 2 de construcciones en terrenos privados y 2 casos de carga de combustible irregular.
La observación número 24 señala que la Municipalidad de Escobar pagó la suma de G. 148.811.546 “por obra inexistente”. Se trata de la construcción de un tinglado para la Escuela Básica San Roque González de Santa Cruz, de la localidad.
El informe aclara que, pese a no ser construida, en la municipalidad intervenida se encuentra un acta de recepción definitiva de esta obra. Dicho documento tiene fecha del 31 de enero del 2021 y está firmado por el fiscal de obras, Rafael Flores, y por Cristino Jara, quien es propietario de la constructora contratada, Consultora San Miguel.
La observación número 8 del equipo auditor habla sobre el pago de G. 153.600.000 por un total de 1.200 kits de víveres, de los cuales apenas se constató la entrega de 276 kits. Es decir, que el equipo auditor no encontró actas de recepción u otro documento que respalde la entrega de los otros 924 kits restantes valorizados en G. 118.272.000.
Al respecto, el equipo auditor entrevistó sobre estos documentos faltantes a funcionarios de la Municipalidad de Escobar y las respuestas fueron que no cuentan con respaldo documental.
La observación número 10 habla sobre el pago de G. 85.351.000 sin informe de utilización en concepto de “combustibles y lubricantes”; por tanto, vía memorándum, el equipo auditor solicitó al municipio remitir copia de las facturas y un detalle de la utilización del combustible durante el período analizado.
Sin embargo, según se expresa en la conclusión del caso, el municipio pasó de largo esta solicitud y no remitió documento alguno.
Si bien la Contraloría consignó una serie de irregularidades en el municipio de Escobar, la intendenta parece estar más interesada en la campaña proselitista de la precandidata a gobernadora María del Carmen Benítez y del precandidato a presidente de la República Arnoldo Wiens, equipo al que también pertenece Gabriel Sánchez, ex intendente cuya gestión es cuestionada y quien pugna como precandidato a concejal departamental.