La ministra antidrogas Zully Rolón pretende restringir a los medios de comunicación a publicar posibles hechos de corrupción que involucran a agentes especiales que denotan un llamativo crecimiento patrimonial no acorde a los salarios que perciben. Asimismo, busca responsabilizar a periodistas de violentar leyes que acomodan a su conveniencia para frenar el derecho constitucional de informar.
- Unidad de Investigación Nación Media
En un cuestionado acto de buscar cercenar la labor periodística de investigar presuntos hechos de corrupción, la ministra de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Zully Graciela Rolón Esquivel, a través de un comunicado institucional hizo una interpretación arbitraria de la norma para instar a no divulgar identidades de agentes especiales que han tenido un llamativo crecimiento patrimonial.
Esto se da dentro del contexto en el cual el equipo periodístico de La Nación Investiga se encuentra revelando una serie de informes sobre los lujos que ostentan algunos investigadores y analistas que forman parte de la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU) de la Senad.
El comunicado de la secretaría cita el artículo 6º de la Ley 6677/2020, pero solamente hace referencia a que las identidades de los investigadores no podrán ser reveladas, obviando que remarca que deberá darse en el marco de una investigación.
“Por razones de estricta seguridad personal e institucional, la identidad del Agente Especial que interviniera en calidad de investigador o bajo la figura de Agente Encubierto, en el marco de un proceso judicial, deberá ser de carácter confidencial y su declaración presentada solo por escrito ante las autoridades Jurisdiccionales. Los datos de su identidad solo podrán ser solicitados y develados en el marco de las Investigaciones Judiciales con el debido resguardo”, señala textualmente el artículo 6° de la Ley del Agente Especial.
Pero, como si fuera poco, la ministra Rolón, en su misiva, busca embretar el rol de los trabajadores de prensa. “Por tanto (la Senad) insta al irrestricto cumplimiento de la disposición, adoptando como premisa fundamental la protección del Agente Especial, considerando que las consecuencias del crimen organizado pueden acarrear riesgo a la vida al ser develados sus datos personales”, remarca.
En este punto es importante señalar, en primer término, que el privilegio de la reserva no es un aval para no ser indagados, no solamente por la Justicia, sino por los contralores civiles y ciudadanos; además que el artículo 6° es claro al referir que su actuación debe ser de carácter confidencial en un “proceso judicial”, y en este punto estamos hablando de una investigación periodística donde los objetos de sospecha son funcionarios antidrogas.
En segundo término, dentro de nuestro sistema de Justicia rige la prelación de las normas con base en la Pirámide de Kelsen, y que se halla establecida de la siguiente forma: la Constitución de la República; seguido por los tratados, convenios y acuerdos internacionales ratificados; luego las leyes, decretos, reglamentos y ordenanzas.
En este punto es importante señalar que es de carácter constitucional y está por encima de toda ley que la ciudadanía tiene el derecho a informarse, sobre todo en cuanto a las actuaciones de sus funcionarios públicos. Además, la Carta Magna en el artículo 29º remarca que la libertad del ejercicio del periodismo es libre y no está sujeto a autorización previa.
OCULTAMIENTO
Lo único que hace la Senad en este caso es buscar frenar las publicaciones y defender a los agentes especiales sospechados al menos de un incremento excesivo de su patrimonio cuando sus salarios por sí solos no dan, y más aún teniendo en cuenta que esto se da luego de megainvestigaciones contra el crimen organizado que estuvieron plagadas de filtraciones como fue el caso de A Ultranza Py.
Pues no es menos cierto que el cartel del uruguayo Sebastián Marset fue avisado de operativos de interceptación de narcoavionetas en el Chaco, de allanamientos o de investigaciones en curso contra sus componentes.
Fuentes antidrogas señalaban ayer que toda esta serie de revelaciones de La Nación Investiga ha generado un tenso ambiente dentro de la institución, y más aún dentro del SIU, puesto que supuestamente la ministra de la Senad Zully Rolón ya había sido informada sobre las ostentaciones y lujos de varios que conforman el equipo de investigadores y analistas de escuchas telefónicas, y ahora que se destapó la olla surgen aún más los cuestionamientos internos hacia la administración.
REVELADOS
La Nación Investiga reveló cómo Carlos Chamorro Portillo y su esposa Natalia Berenicce Bareiro, ambos en SIU, con ingresos líquidos que hasta julio del 2022 no llegaban a los G. 7 millones, aparecieron recientemente en un vehículo de altísima gama 0 Km, adquirieron importantes propiedades, que incluso no aparecen en sus declaraciones juradas de bienes.
Estas personas tuvieron un incremento patrimonial de 700%, ya que al ingresar a la Senad en el 2015 declararon activos de G. 65 millones, pero en la última declaración la pareja pasó a registrar bienes por G. 518 millones.
Además, otro de los que también saltó con sospecha es el caso del director de Operativa Departamental, Abelino Valdez, que consignó en su última declaración jurada de agosto del 2022 propiedades que estaban y están a nombre de Chamorro.