En una muestra más del oscuro manejo en la Secretaría Nacional Antidrogas, el ente divulgó un comunicado en el que “recuerda a la ciudadanía, los medios de comunicación y la opinión pública en general, la vigencia del artículo 6 de la Ley 6677/2020 Del Agente Especial, el cual refiere que por razones de estricta seguridad personal e institucional los datos de su identidad solo podrán ser solicitados y develados en el marco de las investigaciones judiciales con el debido resguardo”.

El documento continúa señalando que “por tanto insta al irrestricto cumplimiento de la disposición, adoptando como premisa fundamental la protección del agente especial, considerando que las consecuencias del crimen organizado puede acarrear riesgo de vida al ser develados sus datos personales”.

El comunicado en cuestión surge tras la denuncia de este medio y de la Unidad de Investigación de Nación Media, que reveló el meteórico crecimiento patrimonial de un investigador de la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU), dependencia involucrada en el operativo antinarco A Ultranza Py, cuyas pesquisas estuvieron minadas de filtraciones.

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Lo que no aclara la Senad es que adaptó el artículo de la referida ley. Este señala cuanto sigue: “Por razones de estricta seguridad personal e institucional, la identidad del agente especial que interviniera en calidad de investigador o bajo la figura de agente encubierto, en el marco de un proceso judicial, deberá ser de carácter confidencial y su declaración presentada solo por escrito ante las autoridades jurisdiccionales. Los datos de su identidad solo podrán ser solicitados y develados en el marco de las investigaciones judiciales con el debido resguardo”.

La parte que no menciona el ente liderado por Zully Rolón y a la sombra por Arnaldo Giuzzio omitió que el artículo hace referencia específicamente a los agentes encubiertos y aquellos que estén dentro de un proceso judicial.

La investigación publicada por este medio refiere que Carlos Chamorro Portillo, junto con su cónyuge, Natalia Berenicce Bareiro, se ubicaron en la secretaría antinarcóticos y de la nada, con ingresos líquidos que hasta julio del 2022 no llegaban a los G. 7 millones, estrenaron recientemente un vehículo de altísima gama, además de importantes propiedades, algunas sin aparecer en sus declaraciones juradas de bienes.

En el caso de Chamorro, ingresó a fines del 2015 a la función pública con un activo de G. 65 millones, mientras que la mujer declaró cero activos en sus inicios como empleada estatal, también a finales del 2015, y el máximo bien que consignó al entrar a la Senad fue un teléfono celular de G. 200 mil que en ese momento pagaba a cuotas.

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De esta humilde condición, con ingresos líquidos de entre G. 4,8 millones y G. 6,8 millones que percibían en los últimos 4 años, hasta julio pasado, según constan en los extractos salariales del Ministerio de Hacienda, la pareja pasó a registrar bienes por G. 518 millones. Esta cifra equivale a un incremento patrimonial de 700% con relación a los consignados en la primera declaración jurada de ambos.

Con estos ingresos hacen maravillas y estrenan camioneta que supera ampliamente todo lo percibido en los 7 años en la función pública. Además de esta lujosa adquisición, también en el 2019 la pareja declaró una propiedad de G. 210 millones en la ciudad de Ypané, cuando el ingreso líquido de ese año del agente apenas fue de G. 63,4 millones y el de la señora, G. 71,2 millones.

Nuestro equipo ubicó la propiedad en Ypané totalmente alambrada con una casa dotada con circuito cerrado en un predio que, según catastro, mide 2.500 m2; es decir, el inmueble abarca el equivalente a 7 terrenos con superficie estándar de 360 m2. La pareja se escuda en dos préstamos de un total de G. 294 millones, monto que apenas cubre la mitad del valor del mercado que tiene la camioneta en la que se desplazan.

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El mismo día de la publicación, imágenes de circuito cerrado que por ahora nos reserva­mos muestran las “guardias” que se activa­ron en las inmediaciones de la residencia de la periodista que realizó la pesquisa, en una suerte de amedren­tamiento a las investigaciones publicadas por nuestro medio.

Los movimien­tos que desataron los presu­miblemente afectados con la investigación de nuestro dia­rio también fueron relevados por personal de seguridad privada que cubre la zona.

Así, la Senad, en vez de salir a aclarar la situación de uno de sus agentes, que no tiene nada que ver con ningún operativo directamente, sino con una sospecha de corrupción, prefiere invocar un artículo de una ley y adaptarlo para censurar las publicaciones y la libertad de prensa.