Unidad de Investigación, Nación Media
Mientras que Contrataciones Públicas recomienda al Consejo de Administración ampliar el plazo para entrega de ofertas para la edificación de un hospital hematoncológico y a sabiendas de una investigación en curso, el IPS hace caso omiso y continúa a tambor batiente buscando adjudicar la obra valorizada en G. 226.071 millones y que obliga a un anticipo del 20% justo antes del 18 de diciembre.
A poco más de un mes para el desarrollo de las elecciones internas de los partidos políticos para definir candidaturas de cara a las elecciones generales del 2023, el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), que tiene como presidente al cuestionado Vicente Mario Bataglia Araújo, sigue firme con la intención de cerrar a tambor batiente el proceso licitatorio para la construcción del centro médico de hematoncología, a pesar de las varias denuncias de oferentes, así como la recomendación e investigación abierta por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
Si bien es importante mencionar que la previsional tiene previsto destinar en el proyecto de construcción del hospital G. 226.071.989.589, que al cambio actual en moneda americana representan unos US$ 32,5 millones, un elemento aún más resaltante es que la empresa adjudicada tendrá un importante monto de dinero en concepto de anticipo.
Según los cálculos realiza- dos con base en los datos oficiales que obran en el portal de Contrataciones Públicas, la oferente que sea adjudicada por el IPS percibirá de manera casi inmediata unos G. 45.214 millones.
Es decir, en medio de denuncias de presunto direccionamiento de la millonaria inversión que a las apura- das el Consejo de Administración busca cerrar, la empresa que sea adjudicada tendrá un anticipo de US$ 6,3 millones, justamente a días del desarrollo de las internas partidarias donde los jefes políticos de Vicente Bataglia y aliados del presidente Mario Abdo Benítez se juegan el rekutu en el parlamento.
Sin olvidar que es de público conocimiento que Bataglia forma parte del equipo político de la senadora Lilian Samaniego.
DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN
El pasado 7 de noviembre del 2022 el Instituto de Previsión Social había publicado en el portal de Contrataciones Públicas el “Diseño y construcción del centro hematoncológico del IPS”. Las quejas de los oferentes no se hicieron esperar ya que el plazo otorgado por la convocante para la presentación de ofertas era de 10 días, considerado de muy poco tiempo por la complejidad del proyecto.
En medio de estas series de quejas hay sospechas de direccionamiento, puesto que según objeciones existe una dificultad de presentar un plan acorde al dossier en tan pocos días, ya que estamos hablando de la edificación de un centro de alta complejidad, y que los requisitos técnicos recién fueron publicados 25 días después de la difusión del llamado.
En este contexto la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas impugnó el llamado e inició la investigación, y desde la misma institución explicaron que el proceso de pesquisa aún no finalizó.
PROYECTO SAMANIEGO
Por otra parte, ante la presidencia de la Cámara de Sena- dores se presentó una solicitud para que esta instancia legislativa postergue sine die el tratamiento del proyecto de bicicleteo del IPS presentado por el diputado Arnaldo Samaniego y que ya fue aprobado en la Cámara Baja. El boceto tiene la intención de generar compromisos de créditos para cubrir US$ 240 millones de deuda con las farmacéuticas.
La misiva firmada por la asociación de pensionados y jubilados de la previsional, además del abogado Pedro Halley, ex gerente de Prestaciones del IPS, plantea generar una mesa de trabajo entre todos los actores con representantes de los tres poderes del Estado, de trabajadores, empleadores, aportantes y jubilados, donde se planifiquen alternativas para cumplir con los compromisos que tiene la previsional, pero que esto no afecte ni a la capacidad y calidad de los servicios médicos, como tampoco que ponga en riesgo el fondo de jubilaciones.
Por último, y no menos importante, Halley explicó que es esencial definir qué parte de la deuda corresponde al Ministerio de Salud Pública por servicios a no asegurados durante la emergencia sanitaria, cual es expresamente del IPS, y a partir de ahí generar nuevas estrategias y definir fuentes de financiamiento.
Recordemos que según informes de la institución a setiembre del 2022 la deuda con las proveedoras era de US$ 240 millones; sin embargo, la deuda histórica del Estado con la previsional llega a US$ 450 millones.