Obviando procedimientos de seguridad del Ministerio de Justicia vigentes para la prensa, autorizaron a medios aliados al oficialismo a realizar una nota a una interna, exponiéndola como presunta responsable de brindar datos sensibles del crimen organizado. Además, no se informó a los órganos jurisdiccionales sobre la entrevista y no se dio detalles de una autorización por escrito de la entrevistada.
- Unidad de Investigación Nación Media
A pesar de la existencia de un protocolo de acceso de medios de prensa a establecimientos penitenciarios, desde el Ministerio de Justicia se violó totalmente lo establecido en el documento vigente para montar una escena y desviar la atención del ocultamiento de datos sensibles sobre personas secuestradas por parte de Édgar Olmedo y Daniel Benítez Romero, ex ministro y el actual titular de la cartera.
En el afán del Gobierno de buscar fijar la noticia en otro ámbito, se expuso de manera temeraria a una mujer privada de libertad como supuesta fuente de la ex coordinadora de Establecimientos Penitenciarios de Mujeres, Ana Dina Coronel.
Es que la funcionaria había revelado recibir información sensible sobre la posible ubicación del secuestrado ex vicepresidente de la República Óscar Denis, y que hace cinco meses informó a sus superiores inmediatos, entre ellos a Olmedo, a Benítez Romero (ex viceministro de Política Criminal) y al ex director general de Establecimientos Penitenciarios Artemio Vera. Sin embargo, estas autoridades no tramitaron brindar los datos a la Fiscalía Antisecuestro, la Policía Antisecuestro o la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).
La presión para el Gobierno por ocultar un dato de vital importancia fue tan fuerte, que incluso el agente fiscal Federico Delfino salió al paso para decir que son los analistas de las unidades técnicas de investigación quienes deben valorar la información para descartarla o no. Recordemos que el ministro del Interior, Federico González, dijo que Olmedo simplemente no informó porque no le pareció relevante el dato.
CORTINA DE HUMO
En medio de fuertes críticas, el Gobierno tomó la decisión de exponer la vida de una persona que se encuentra en custodia del Estado como interna de la cárcel de Concepción, y medios aliados del oficialismo le realizaron una entrevista para que diga que no es la persona que brindó la información de locación a una funcionaria de Justicia, cuando que justamente en ningún momento se dio nombre alguno, mucho menos el de la mujer expuesta, sin importar el peligro que puede representar que estando en prisión sea marcada como soplona o colaboradora.
Además, la fuente falsa expuesta el día de ayer hace más de seis años que se encuentra privada de libertad, y el secuestro de Denis ocurrió el 9 de setiembre del 2020 por parte del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Un dato no menor es que ella es hermana de los abatidos Albino y Alfredo Jara Larrea, quienes tras ser expulsados del EPP formaron la Agrupación Campesina Armada (ACA), desarticulada en el 2015.
También el Ministerio de Justicia al parecer violó el protocolo establecido para que personas privadas de libertad brinden una entrevista con los medios de comunicación, pues la convocatoria habría surgido de las mismas autoridades penitenciarias. Además, sus defensores públicos confirmaron que no fueron informados, ni desde el penal o el Poder Judicial sobre alguna autorización, que debía pasar a un órgano jurisdiccional.
Por último, el director de la cárcel de Concepción, Donofredo Torres, evitó hablar con periodistas de Nación Media y negó el acceso a la interna que a la mañana había conversado con otros medios.