Obviando procedimientos de seguridad del Ministerio de Justicia vigentes para la prensa, autorizaron a medios aliados al oficialismo a realizar una nota a una interna, exponiéndola como presunta responsable de brindar datos sensibles del crimen organizado. Además, no se informó a los órganos jurisdiccionales sobre la entrevista y no se dio detalles de una autorización por escrito de la entrevistada.

• Unidad de Investigación Nación Media

A pesar de la existen­cia de un protocolo de acceso de medios de prensa a establecimien­tos penitenciarios, desde el Ministerio de Justicia se violó totalmente lo estable­cido en el documento vigente para montar una escena y desviar la atención del ocul­tamiento de datos sensibles sobre personas secuestradas por parte de Édgar Olmedo y Daniel Benítez Romero, ex ministro y el actual titular de la cartera.

En el afán del Gobierno de buscar fijar la noticia en otro ámbito, se expuso de manera temeraria a una mujer privada de libertad como supuesta fuente de la ex coordinadora de Estable­cimientos Penitenciarios de Mujeres, Ana Dina Coronel.

Es que la funcionaria había revelado recibir informa­ción sensible sobre la posi­ble ubicación del secues­trado ex vicepresidente de la República Óscar Denis, y que hace cinco meses informó a sus superiores inmediatos, entre ellos a Olmedo, a Benítez Romero (ex viceministro de Política Criminal) y al ex director general de Establecimien­tos Penitenciarios Artemio Vera. Sin embargo, estas autoridades no tramitaron brindar los datos a la Fisca­lía Antisecuestro, la Policía Antisecuestro o la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).

La presión para el Gobierno por ocultar un dato de vital importancia fue tan fuerte, que incluso el agente fis­cal Federico Delfino salió al paso para decir que son los analistas de las unida­des técnicas de investiga­ción quienes deben valorar la información para des­cartarla o no. Recordemos que el ministro del Interior, Federico González, dijo que Olmedo simplemente no informó porque no le pare­ció relevante el dato.

En medio de fuertes críticas, el Gobierno tomó la deci­sión de exponer la vida de una persona que se encuen­tra en custodia del Estado como interna de la cárcel de Concepción, y medios alia­dos del oficialismo le reali­zaron una entrevista para que diga que no es la per­sona que brindó la informa­ción de locación a una fun­cionaria de Justicia, cuando que justamente en ningún momento se dio nombre alguno, mucho menos el de la mujer expuesta, sin impor­tar el peligro que puede representar que estando en prisión sea marcada como soplona o colaboradora.

Además, la fuente falsa expuesta el día de ayer hace más de seis años que se encuentra privada de liber­tad, y el secuestro de Denis ocurrió el 9 de setiembre del 2020 por parte del Ejér­cito del Pueblo Paraguayo (EPP). Un dato no menor es que ella es hermana de los abatidos Albino y Alfredo Jara Larrea, quienes tras ser expulsados del EPP for­maron la Agrupación Cam­pesina Armada (ACA), des­articulada en el 2015.

También el Ministerio de Justicia al parecer violó el protocolo establecido para que personas privadas de libertad brinden una entre­vista con los medios de comu­nicación, pues la convoca­toria habría surgido de las mismas autoridades peniten­ciarias. Además, sus defen­sores públicos confirmaron que no fueron informados, ni desde el penal o el Poder Judicial sobre alguna autori­zación, que debía pasar a un órgano jurisdiccional.

Por último, el director de la cárcel de Concepción, Donofredo Torres, evitó hablar con periodistas de Nación Media y negó el acceso a la interna que a la mañana había conversado con otros medios.