El personaje más criticado del momento por ocultar información sensible sobre la posible locación de secuestrados por grupos terroristas, también dejó serios inconvenientes administrativos en el Ministerio de Justicia. La Asesoría Jurídica de la cartera evitó dictaminar a favor del desembolso, que de todas formas se realizó pagando por meses anteriores a la promulgación de la ley.

  • Unidad de Investigación Nación Media

La Ley Nº 6944 que modifica el clasifica­dor del Presupuesto General de la Nación 2022 fue promulgada y publicada el 8 de julio del 2022, y desde ese momento se habilitaba al pago de subsidios de alimen­tación de G. 1.700.000 para funcionarios administrati­vos y personal de blanco de las penitenciarías, además de los guardiacárceles que ya goza­ban de ese privilegio.

Sin embargo, el ex ministro de Justicia Édgar Olmedo proce­dió a desembolsar de manera retroactiva, beneficiando a per­sonal de blanco y administrati­vos dependientes de la cartera. Según explicaron fuentes téc­nicas, el monto pagado en su totalidad asciende a G. 4.400 millones, que se abonaron a los funcionarios sin contar con algún dictamen jurídico que habilite obviar el princi­pio básico de irretroactividad de la ley consagrado en la Cons­titución de la república.

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Es decir, que al parecer de téc­nicos consultados por nuestra redacción, los montos depositados en concepto de subsi­dios por alimentación por los meses anteriores a la promul­gación de la Ley Nº 6944 no corresponden.

La Asesoría Jurídica de Justicia remitió los antecedentes sobre el pago retroactivo de subsidios a la Dirección General de Administración y Finanzas y se desentendieron del tema.

Pero esto se dio, en primer término, por una jugada polí­tica del diputado oficialista Arnaldo Samaniego al pre­sentar el proyecto de modifica­ción, y que contó con el apoyo de las autoridades de Justi­cia, siendo el actual ministro Daniel Benítez Romero quien se comprometió con los sin­dicatos a realizar lobby en el Congreso para su aprobación.

Un detalle no menor es que ni siquiera la Asesoría Jurídica del Ministerio de Justicia se atre­vió a emitir un parecer técnico que habilite los pagos retroactivos de subsidios. La cartera no remitió un solo documento que señale que es correcto el desembolso.

DETENIDO A NUEVO MINISTRO

El abogado Daniel Benítez Romero, recientemente desig­nado por el presidente de la República como titular del Ministerio de Justicia, había sido detenido durante la pandemia por violar las prohibiciones de transitar fuera de horario. Esto se dio el 22 de marzo del 2020 a las 22:15 sobre la Ruta PY08 en inmediaciones del Motel 217, en Coronel Oviedo, según publicaciones periodísticas.

Supuestamente fue sorpren­dido por policías luego de salir del hotel de paso, y según los intervinientes “nombró desde senador hasta a su abuela para evitar ser detenido”, e incluso al parecer amenazó a los oficiales de Policía que mandaría trasladar a todos.

Es importante señalar que en ese momento Benítez se desempeñaba como asesor jurídico del INDI, institución que por entonces tenía como titular a Édgar Olmedo, quien luego pasó a ser designado ministro de Justicia y lo llevó para ejercer el cargo de vice­ministro de Política Criminal. ­

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