El subsidio por alimento de G. 1.700.000 de forma bimestral estaba fijado para guardiacárceles con carga horaria de 24 horas de trabajo por 48 horas libres, pero el actual ministro Daniel Benítez pactó con los sindicatos para que alcance también a funcionarios administrativos y lo consiguió a través de una modificación del clasificador presupuestario que se promulgó en julio. Fue el ex ministro Édgar Olmedo quien habilitó el desembolso retroactivo para todos los funcionarios sin tener un dictamen que habilite pagar ante la vista gorda de Hacienda, Contraloría y Función Pública.
- Unidad de Investigación Nación Media
El ex ministro de Justicia y actual representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura (CM), Édgar Gustavo Olmedo Silva, y el actual ministro de Justicia Daniel Benítez Romero (ex viceministro de Política Criminal) en julio pasado, procedieron al desembolso del subsidio por ayuda alimentaria de forma retroactiva, según la misma cartera reconoció. Sin embargo, no se emitió ningún dictamen que habilite el pago, mientras que instituciones como el Ministerio de Hacienda, la Secretaría de la Función Pública y la Contraloría General de la República omiten referirse al tema.
Todo empezó con el proyecto presentado por el diputado Arnaldo Samaniego y acompañado por el ministerio, que consistió en la modificación del clasificador presupuestario para habilitar que el subsidio por alimentación de G. 1.700.000 otorgado de forma bimestral se pueda repartir a todo el funcionariado de Justicia. La Ley Nº 6944 fue promulgada el 8 de julio del 2022.
Posterior a la promulgación de la norma, es que el entonces ministro de Justicia Édgar Olmedo inicia el pagó del subsidio por alimentos por los meses de abril y junio. En total se desembolsaron aproximadamente G. 4.400 millones, según el cálculo de lo abonado por bimestre.
A pesar del principio de irretroactividad de las normas jurídicas, y que la misma Constitución de la República establece que la ley no obliga sino en virtud de su promulgación y su publicación, en su momento Olmedo alegó que se trató nada más de una modificación de un clasificador, no afectando al presupuesto.
DESENTENDIMIENTO CORPORATIVO
Desde el Ministerio de Hacienda, ente encargado de la administración financiera del Estado, se desentendieron de las consultas sobre si es correcto o no el desembolso retroactivo. El ministro Óscar Llamosas, los viceministros Iván Haas y Marco Elizeche no respondieron a las consultas técnicas del caso en cuestión.
Asimismo, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría Anticorrupción y la Contraloría General de la República se excusaron en analizar y dar su parecer al respecto. Incluso desde la Abogacía del Tesoro también informaron que, tras verificar el Sistema de Mesa de Entrada como los registros obrantes en sus archivos, no se encontraron documentos en referencia a la emisión de algún parecer técnico que habilite el desembolso al Ministerio de Justicia.
No se contó con un dictamen que habilite el millonario desembolso del dinero público de forma retroactiva, puesto que al solicitar dictámenes al Ministerio de Justicia, además de responder fuera de plazo en abierta contravención de las leyes Nº 5189 de Provisión de Información sobre Remuneraciones y N° 5282 de Libre Acceso a la Información Pública, no remitió ningún parecer jurídico.
Solo se facilitó copia de la nota 593/22 de la Dirección General de Asesoría Jurídica con destino a la Dirección General de Administración y Finanzas, que tiene fecha 3 de agosto del 2022 donde se menciona que remite los antecedentes de pagos de subsidios “a fin de que la Dirección de Auditoría Interna realice el análisis correspondiente y emita el parecer técnico respectivo”.
Es decir, ni la Asesoría Jurídica del Ministerio de Justicia se animó a dictaminar sobre el desembolso, y tampoco la cartera de Justicia remitió por la vía del portal de Acceso a Información Pública algún documento donde se señale el correcto uso de los bienes estatales para el pago retroactivo.
COMPROMISO DE BENÍTEZ
El actual ministro de Justicia, Daniel Benítez Romero, es uno de los que asumieron el compromiso con los sindicatos de trabajos de la cartera para realizar el lobby correspondiente en la Cámara de Senadores para la aprobación de la modificación del clasificador presupuestario que permita realizar el desembolso del subsidio alimenticio de G. 1.700.000 para todos los funcionarios.
Es importante resaltar que en el clasificador presupuestario inicial del Ejercicio Fiscal 2022 se especificó el pago de alimentos dirigido a guardiacárceles cada dos meses, debido a la carga horaria de 24 horas de trabajo por 48 horas libres, lo que implica que los agentes penitenciarios están en sus puestos de trabajo tres veces por semana realizando turnos de 24 horas.
Pero, con el proyecto presentado por el diputado Samaniego y apoyado por las máximas autoridades del Ministerio de Justicia, finalmente se estableció el pago de subsidio alimenticio para los funcionarios del sistema penitenciario contratados y nombrados que no tienen la misma carga horaria que un guardiacárcel.
Por último y no es menos importante resaltar que el manejo discrecional de los fondos públicos por parte de Olmedo se realizó en medio de su ferviente campaña política con el objetivo de acceder a una banca en la Cámara de Diputados en representación al departamento de Caaguazú, y que hoy además tiene una silla en el Consejo de la Magistratura como representante del Poder Ejecutivo.